El jueves 6 se confirmó la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades que ocupó desde el momento de su creación, en diciembre de 2019, y a pocas horas de la realización del multitudinario 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. En el cargo la reemplaza Ayelén Mazzina, oriunda de San Luis y funcionaria del pejotista Alberto Rodríguez Saá, donde ejerce como secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad del gobierno provincial, cargo equivalente al de ministra, desde el 12 de diciembre de 2019.

En su “perfil militante”, Mazzina se apropia, mediante un comunicado, de la organización del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Una verdadera afrenta a un evento del cual participaron miles de mujeres durante el fin de semana, organizadas a lo largo y ancho del país contra los femicidios, el hambre, la pobreza, el ajuste del FMI.

En su gestión en San Luis, la nueva ministra carga con la impunidad ante el femicidio de Florencia Magalí Morales, asesinada por la policía local. Florencia fue detenida en el 2020, cuando salió a hacer las compras durante la cuarentena, y a los días apareció muerta en un calabozo. La policía intentó encubrir el crimen haciéndolo pasar por un suicidio, y su familia exige justicia hasta hoy, denunciando la impunidad. También con la desaparición de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en la Ciudad de San Luis desde hace un año y tres meses. Su madre se hizo presente en la apertura del 35 Encuentro, y con firmeza responsabilizó al gobierno de Alberto Rodríguez Saá, al nacional y al poder judicial por no buscar a su hija y, emocionada, y mientras los cantos de la multitud la acompañaban, pidió que no la dejemos de buscar.

La renuncia de Alcorta se dio a horas del 35 Encuentro, y a horas de tremendas represiones llevadas adelante por gobiernos peronistas, la de Mascardi y la de La Plata, que evidencian la mentira lanzada por Cristina, cuando afirmó que los gobiernos peronistas no reprimen. El límite de lo “tolerable” es una doble vara: del otro lado se encuentra todo el ajuste y la represión que sostuvo como parte del Ejecutivo.

El ministerio que deja Alcorta es parte del ajuste que profundizó a niveles históricos la feminización de la pobreza, que en los últimos meses sumó nuevas personas en la indigencia, superando los 4 millones de habitantes en esa situación, entre los cuales el 70% son mujeres. Que quiere hacer pasar los planes sociales de programas de asistencia de montos de miseria como una política de combate a la violencia de género. Que es incapaz de defender a las mujeres piqueteras, las que han tomado una acción de lucha en defensa de sus condiciones de vida entre las más empobrecidas, ante los agravios y ataques por parte de todos los bloques políticos. Que hace declaraciones y organiza caterings para discursear sobre las tareas de cuidados, cuando a estas mujeres no se les garantizan mínimas condiciones para sostener la atención, la escolarización y la salud de sus hijxs. Este es un ministerio completamente divorciado de las necesidades populares (Prensa Obrera, 7/10).

El Ministerio y Alcorta sostuvieron “selectivamente” la represión en Guernica a cientos de mujeres y sus hijos que peleaban por tierra para vivir y a la designación del antiderechos Juan Manzur como jefe de Gabinete; mientras profundizaba sus lazos con el oscurantismo y las iglesias, coartando el derecho a la ESI y al aborto legal.

La derecha de Juntos por el Cambio quiere utilizar estos casos para rechazar su designación, mientras actúan exactamente de la misma manera en las provincias que gobiernan. Solo por mostrar un caso, en abril de este año imputaron a ocho policías en Jujuy por encubrir el femicidio de Iara Rueda, joven de 16 años asesinada en Palpalá durante el 2020.

Alcorta es relevada en su cargo por Mazzina, pero el ministerio y su conducción seguirá siendo un taparrabos “de género” para una política criminal contra las mujeres, como dicta el ajuste fondomonetarista del gobierno. En la misma tónica se da el recambio de gabinete con una pintura de “ más mujeres gobernando” con la menemista Kelly Olmos en Trabajo y Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social.

Como mandato de lucha de las miles que nos encontramos en San Luis, vemos que no se puede luchar a fondo por los derechos de las mujeres y diversidades sin la independencia política de los gobiernos.

Lo que necesitamos las mujeres es un organismo autónomo de los gobiernos que luche contra de esta política de hambre, violencia y miseria. Que nos refuerce en la lucha contra el Estado responsable. El Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, electo por voto popular y con mandato revocable, que plantea el Plenario de Trabajadoras, es la contracara política y metodológica de la cooperación y cooptación gubernamental. Es un planteo de empoderamiento de nuestra lucha contra los responsables del oscurantismo, el hambre y la violencia.