Mientras la aclamada reforma feminista de la justicia pasó a cuarteles de invierno y ya nadie habla de ella, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) presentan un “protocolo” para intervención en casos sobre violencia de género en la ciudad, del que aún no se pueden evaluar sus efectos, pero que ya nace con grandes carencias.

Este mismo organismo había advertido algunas falencias a la hora de intervenir tales como: recolección incompleta de las pruebas; investigaciones parciales o inconclusas (por fuga o suicidio de la persona acusada o por falta de resolución del caso); calificaciones jurídicas erróneas; uso de estereotipos de género en contra de las mujeres o de otros/as sujetos feminizados/as.

Las personas denunciantes tienen mucho más por agregar, empezando por lo engorroso de peregrinar por diferentes oficinas del estado para que el resultado sea casi nulo, la falta de patrocinio gratuito o el maltrato por parte de los organismos estatales, incluida la discriminación y la revictimización a la que son sometidas en el curso de largos trámites -en definitiva, el carácter expulsivo de la Justicia particularmente de las mujeres trabajadoras o desocupadas.

¿Qué propone esta nueva resolución?

En los papeles, las medidas vendrían a revertir prácticas estigmatizantes que son la regla en el sistema judicial. Por un lado, la resolución que se pone en práctica desde agosto de 2021, amplía la definición de violencia de género tanto para mujeres como para personas LGTBI por razones de género, orientación sexual, identidad de género y su expresión.

Por el otro, atendiendo a las actuaciones anteriores frente a lo que se denomina “violencia doméstica” y para supuestamente superar las respuestas estandarizadas, la resolución vendría a incorporar con un criterio común e integral en el que supuestamente se analice el “caso por caso” -sin establecer ninguna ampliación de recursos (empezando por la contratación de profesionales capacitados con condiciones laborales adecuadas) para ello.

Se proponen una instancia de juicio oral y público cuando se de determinadas características y en otros casos, se podría suspender el proceso de probation con acuerdo de la víctima mientras la persona no haya incumplido medidas de protección. Una decisión bastante polémica, si se identifica que muchas de las personas que padecen violencia se ven condicionadas precisamente por la situación en la que se encuentran, y cuando quienes deben evaluar el “caso” son el mismo staff de jueces y fiscales que sostienen esta justicia clasista y machista. .

Por otro lado, se habla de vincular el trabajo con los Centros Integrales de la Mujer para articular el trabajo con el resto de los equipos de organismos especializados que abordan los casos de violencia -como si los CIM o tales “organismos” realmente funcionaran y existieran en todas las barriadas. Se fundamenta que esto serviría para garantizar asistencia psicológica cuando se requiera y gestionar la intervención de profesionales; o para tramitar subsidios habitacionales cuando la denunciante deba abandonar su hogar.

Pero el desamparo de las mujeres que acuden a estas instancias en busca de ayuda y no son escuchadas tiene motivos de peso, en primer lugar el vaciamiento y ajuste presupuestario de las mismas, que no resuelve ningún protocolo. Así las cosas, “la reforma” que anunciaron (que no es otra cosa que un nuevo protocolo de actuación) no deja de ser un conjunto de buenas intenciones para la tribuna.

Otra política de pinkwashing y purplewashing, y van…

Lo cierto es que para considerarse una respuesta integral frente a las situaciones de violencia vividas por mujeres y diversidades, aún no tiene ningún impacto. Soslaya la situación de los Centros Integrales de la Mujer en la CABA como la falta de presupuesto, el recorte de financiamiento que emana directamente de la Dirección General de la Mujer, la flexibilización de sus trabajadorxs que ven negado su acceso a planta permanente, los horarios reducidos o el cierre de los mismos, como es el caso del CIM de la Comuna 15 en Chacarita cuya atención se extendía a “Villa Crespo, Parque Chas, Agronomía, Chacarita, Villa Ortuzar, La Paternal, el Playón de Chacarita y La Carbonilla. Los dos últimos son villas dónde se concentra la población más golpeada por el ajuste, que vive en condiciones precarias y de hacinamiento a merced de punteros, narcos y la mafia del negocio inmobiliario –donde la vulnerabilidad de las mujeres y diversidades ante la violencia es más aguda, y las herramientas para hacerle frente por parte del Estado absolutamente nulas.”

Mientras crecen la violencia y los femicidios, la respuesta del estado fue ajustar en todos los planos.

En el mismo sentido denunciamos que los subsidios existentes son solo un parche frente para paliar la violencia, tal como el Plan Acompañar cuyo monto es de un salario mínimo vital y móvil (apenas supera los 20.000 pesos) y se otorga por única vez durante 6 meses.

Una respuesta integral al problema de la violencia hacia las mujeres y diversidades exige reorganizar el funcionamiento del sistema judicial: “elección por voto popular de jueces y fiscales y la revocabilidad de los mandatos como mecanismo de control popular -para atacar el entrelazamiento del poder político y judicial, y poner fin al divorcio que existe entre una camarilla de jueces con poder vitalicio y absolutamente divorciados de los intereses populares. Es urgente, asimismo, terminar con la doble vía del fuero penal y el civil mediante la creación de un fuero único especial por violencia de género, electo y revocable. Disponer el presupuesto y los recursos necesarios para un seguimiento serio de cada denuncia, de las mujeres y de los denunciados, que permita dar curso a distintos abordajes según la evaluación de cada caso -que no siempre será el punitivo. En definitiva, una ruta de acción contraria a la política de un gobierno que priva de estos recursos al combate a la violencia de género y las necesidades sociales en función del pago de la deuda y el acuerdo con el FMI” (Prensa Obrera, 22/4).

Una verdadera respuesta integral nos tiene a las organizaciones independientes del estado, los gobiernos y la iglesia al frente de esa lucha. Reforcemos ese camino, sigamos en las calles.

https://prensaobrera.com/sociedad/la-lucha-por-la-imprescriptibilidad-en-las-causas-de-abuso-sexual-en-la-infancia/

https://prensaobrera.com/mujer/violencia-de-genero-maniobras-parlamentarias-sobre-perimetrales/