Este lunes 25, en horas de la mañana, se llevó adelante una audiencia pública frente al Polo Integral de la Mujer de Córdoba, convocada por el PO en el FIT-U y el Plenario de Trabajadoras, para denunciar la violencia y precariedad que padecen las mujeres de las ocupaciones, asentamientos y barrios populares. En este sentido, se realizó una presentación dirigida a la ministra de la Mujer de la provincia, Claudia Martínez, para que se garantice el acceso a la vivienda digna, a los servicios esenciales y un plan de urbanización en las barriadas periféricas.

La llegada de la pandemia agravó la crisis habitacional y social en la que hace años se encuentra inmersa la provincia. Este proceso de degradación de las condiciones de vida de los trabajadores tuvo un impacto particular sobre las mujeres, quienes representan los mayores porcentajes dentro de las familias que carecen de vivienda propia y/o habitan en condiciones precarias.

Lo antedicho explica que las ocupaciones de tierra en Córdoba están compuestas mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. Entre las que se encuentran víctimas de violencia, que han huido de sus agresores. En esa situación de vulnerabilidad, el primer contacto que tienen con el Estado es el hostigamiento policial y la persecución judicial, por tomar un terreno baldío y convertirlo en refugio para sus hijxs, cuando sigue pendiente un plan de viviendas populares que dé respuesta a la demanda de las familias.

Fueron parte de esta iniciativa mujeres de Malabrigo (Colonia Caroya), Ampliación Cabildo y Ampliación Ferreyra, entre otras ocupaciones de la capital. Quienes detallaron la situación precaria y de necesidades que viven, sin servicios elementales como luz, agua, alumbrado o transporte público. Lo que no solo atenta contra la calidad de vida de estas familias, sino que expone la extrema inseguridad que afecta a la población de esas zonas.

También participó Agustina Tolosa, una campesina de 70 años que vive en la localidad cordobesa de Salsipuedes y enfrenta un inminente desalojo de las tierras y la casa donde ha vivido y trabajado durante casi dos décadas. Con micrófono en mano, esta aguerrida mujer expresó: “Voy a luchar por todas Sierras Chicas, porque hay mucha gente que está en el mismo caso que yo. Hay muchos jóvenes que tienen hijitos, han hecho su casita con barro, con piedras, con botellas, con arena… Y eso el gobierno de Córdoba no lo ve, el gobierno de Sierras Chicas no lo ve”.

Un Ministerio de la Mujer que no se haga eco de esta situación de violencia y vulnerabilidad de centenares de mujeres de su provincia es pura fachada. Debe intervenir partiendo de la prohibición del desalojo forzoso y la judicialización de mujeres jefas de familia que ocupan tierras, disponiendo la prioridad y celeridad en el acceso a la tierra y a planes de vivienda digna.

Aunque el oficialismo se jacte en campaña de su gestión en políticas de género, lo concreto son las vallas y el despliegue policial con el que se dispone a receptar a las mujeres. La postal fue bastante ilustrativa: de un lado de los cercos estaban quienes demandan un plan de urbanización que garantice el acceso a los servicios esenciales; como así también la remediación ambiental y sanitaria de la contaminación que producen los desechos industriales y los desbordes cloacales. Del otro lado está el gobierno de Juan Schiaretti, dispuesto a ir a fondo con un ajuste al servicio de los usureros y a costa de la angustiante crisis social que afecta al conjunto de la clase trabajadora.