Luego de reiteradas concentraciones en los tribunales y de una importante marcha contra la trata, donde centenares de personas demandaron justicia por Nora, la Fiscalía Nº2 a cargo de Casas Noblega y el Juzgado Nº2 bajo la titularidad de Sánchez Freytes, avanzaron con uno de los principales acusados de captar a la joven para las redes de trata para la explotación sexual. Eduardo Garzuzi fue imputado y detenido bajo prisión preventiva, el pasado miércoles 26 de agosto. Al mismo tiempo, la familia fue aceptada como querellante de la causa.

No obstante, cabe remarcar que la configuración del delito bajo el cual está imputado Garzuzi se centra en un hecho individual (el sometimiento para la esclavitud) y no contempla el delito de trata. Mientras se denuncia que existen múltiples sujetos involucrados, entre ellos funcionarios de la provincia. Hablamos de la misma provincia que no aplica el Protocolo de búsqueda inmediata de personas desaparecidas. En este punto, el ministerio de la Mujer a cargo de Claudia Martínez, fue incapaz de responder al pedido de informe del FIT en la Legislatura, frente a las demoras e irregularidades en el abordaje de las denuncias.

El caso de Nora no se resuelve en la comprensión de Eduardo Garzuzi como individuo, sino como parte de un entramado mafioso donde los distintos poderes que componen el Estado intervienen para garantizarlo. El Plenario de Trabajadoras refuerza en la asamblea #NiUnaMenos de Córdoba y con el conjunto del movimiento de mujeres en la provincia, la exigencia del desmantelamiento de las redes de trata que tienen a su servicio jueces y funcionarios.

Queremos que se abran los libros de las comisarías. Demandamos la aplicación del Protocolo de búsqueda inmediata. Las cuentas bancarias que lavan el dinero sucio de la trata también deben abrirse. Exigimos que se incauten los bienes de proxenetas y tratantes. Reclamamos juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y políticos de las redes de trata. Con la movilización popular, avanzaremos hasta conseguirlo.

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