Se cumplen dos años de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, fruto de la conquista popular de la enorme marea verde que se abrió paso frente a todos los poderes del Estado y las iglesias.

Su efectiva implementación, sin embargo, aún no está garantizada y es bloqueada por sectores clericales que cuentan con gran peso en el sistema de salud, judicial y educativo (tanto público como privado), amparados por los gobiernos. Las diversas estrategias de interposiciones jurídicas para impedir el derecho al aborto incluyen recursos de amparo y medidas cautelares. Entre el 2021 y el 2022 según el Proyecto Mirar (coordinado por el CEDES e Ibis Reproductive Health, orientado a monitorear la implementación de la ley y la política de aborto en Argentina) se registran 37 demandas de grupos conservadores contra leyes programas y normas vinculadas al tema. Asimismo, la falta de información a la población, ausencia de recursos y profesional en los hospitales, incumplimientos en las derivaciones y declaraciones de objeción de conciencia, obstaculizan y demoran su acceso.

Ajuste, falta de información y recursos

Luego de dos años de su entrada en vigor no hay un registro nacional de estadísticas y datos oficiales que permita hacer un balance integral y seguimiento en torno al tema, sino que la información disponible es mediante reportes que se reciben por provincia, y constituyen información incompleta y muy desigual entre territorios.

Asimismo, hay una carencia absoluta de campañas públicas de información y difusión del aborto como derecho por parte del gobierno nacional (bajo el Ministerio de Salud y el de Mujeres) y de los provinciales o CABA, algo que a esta altura solo puede explicarse por la ligazón del poder político con las iglesias.

Si bien entre el 2020 y el segundo semestre del 2022 el número de instituciones públicas de salud con servicios de IVE/ILE pasó de 907 a 1.437 (Reporte CEDES, 2022), persisten situaciones críticas de falta de acceso a la información y al aborto seguro y de calidad en todo el país, fundamentalmente en las provincias más pobres y en sectores más vulnerables como la población travesti-trans, la campesina indígena o personas con discapacidad.

Las dificultades en el acceso a la atención, requisitos a las pacientes para el procedimiento, tiempos de espera, derivaciones y pruebas clínicas innecesarias son algunos de los problemas más comunes. A su vez, pese a que no esté recomendado, en muchos establecimientos de salud se siguen utilizando legrados (método de raspaje) ante la falta de recursos y tecnología para la incorporación del método AMEU, ausencia de capacitaciones a profesionales y la disponibilidad de Misoprostol. Estos factores combinados con necesidades insatisfechas de salud sexual y reproductiva dan como resultado una distribución de las causas de muerte materna donde prevalecen las muertes por aborto y por causas obstétricas indirectas (Proyectomirar.org.ar).

Frente a esta situación, el Ministerio de Mujeres se revela completamente impotente y no protege a las personas gestantes privadas de sus derechos. Por el contrario, luego de tres años de su creación, se compromete con el ajuste que golpea particularmente a las mujeres y diversidades, y subordina su acción a la alianza con las iglesias. Los planes sociales miserables presentados como políticas de género que lejos están de satisfacer las necesidades populares, y el silencio ante la designación de Juan Manzur como jefe de gabinete, enemigo acérrimo de la lucha de la marea verde y responsable de la tortura de niñas obligadas a parir, dan cuenta de ello.

Asimismo, el recambio de ministras no ha significado un avance en materia de Educación Sexual Laica, Científica e Integral sino todo lo contrario: subejecución del presupuesto y liberación del camino para mayor injerencia clerical, así como el ataque de la derecha más reaccionaria, -como los Milei y compañía- al movimiento de mujeres que crece al calor del desprestigio del Ministerio. La cara principal de Avanza Libertad, representa el sector más rancio contra los derechos populares y promueve el oscurantismo para regimentar a las mujeres. Pero a no confundir, porque los enemigos número uno de este y otros derechos, están en el Estado, son jueces, fiscales y políticos que fueron elegidos por gobiernos y sobre los que no hay ni despidos, ni jurys de enjuiciamiento ni ninguna acción de castigo.

El bloqueo de las iglesias crece bajo el amparo del Estado

Las declaraciones de objeción de conciencia introducida por Alberto Fernández en el proyecto votado en el Congreso, completa un combo criminal en muchos lugares del país para acceder al aborto. Las modificaciones al proyecto original significaron una enorme concesión a las iglesias para “amortiguar el golpe” de su aprobación.

Quienes bloqueaban la ILE (vigente desde 1921), hoy con la IVE encuentran en la objeción de conciencia un arma clave para seguir violentando a las mujeres y presionar a profesionales de la salud imponiendo el ideario institucional.

Las derivaciones (obligatorias según la ley) a otros servicios y hospitales para resolver el aborto, en los casos en que se respetan, producen dilaciones con la excusa de que la ley no establece ningún tiempo para hacerlo. En algunos pueblos y ciudades el panorama es desolador, dado que las mismas son a centros de salud que están a cientos de kilómetros de distancia.

No hay ninguna intervención estatal ante situaciones donde el personal entero de hospitales y clínicas se declaran objetores, aunque esté en riesgo la vida de la madre, impidiendo que se garantice la práctica en los establecimientos. La “presión celeste” alcanza también al personal administrativo que al declararse objetores obstaculizan o demoran la recepción y reserva de turnos, así como la atención integral.

El Hospital Marcial Quiroga de San Juan, el Hospital Papa Francisco en Salta o el Hospital Privado de Córdoba, donde todos los médicos se declararon objetores, son ejemplos ilustrativos de cómo las iglesias maniobran en distintos lugares y arremeten contra el derecho al aborto poniendo en peligro la vida de las mujeres (antecedentes que también agrupan a la mayoría de las clínicas con participación clerical en sus direcciones, que se declararon objetoras).

En este marco, la corporación de las obras sociales y prepagas genera consecuencias en la salud pública. Según Amnistía Internacional, durante el 2022 uno de los obstáculos más denunciados para el efectivo acceso a la interrupción del embarazo se vincula a la denegación de la práctica y la falta de cobertura por parte de obras sociales y medicina prepaga: “más de la cuarta parte de los reclamos por barreras en el acceso a la IVE de personas con cobertura privada se resolvieron en el sistema público”, lo que agudiza el colapso del sector atravesado por pésimas condiciones laborales y edilicias.

Objetivamente las iglesias actúan bajo el amparo de los gobiernos, que acuden a ellas en una etapa de brutal ajuste a cambio de la contención del descontento social. En ellas el Estado terceriza la asistencia e impulsa a promover la resignación ante la crisis económica. Así, los templos evangélicos, como los de ACIERA, crecen en las barriadas, gracias al creciente financiamiento estatal que motorizó desde el primer día de gobierno el Frente de Todos. Una asociación que fue ganando lugar en estamentos del Estado y  y durante la pandemia cerró filas con Alberto Fernández para garantizar asistencia alimentaria mediante el programa “Seamos Uno”. El entrelazamiento también envuelve a la Iglesia Católica con subsidios millonarios a instituciones educativas de distintos niveles, cesión de terrenos públicos y partidas presupuestarias para mantener obispos y jubilaciones de sacerdotes, exenciones impositivas (ganancias, IVA, ingresos brutos).

El robustecimiento a las iglesias da lugar al crecimiento de campañas contra la ESI, persecución a docentes y estudiantes, y en relación con el aborto escraches y criminalización, tanto a profesionales de la salud como a quienes garantizan el acceso a los abortos, aún luego de su legalización. El caso de Miranda Ruiz, única médica en declararse no objetora en Tartagal (Salta), imputada por aborto sin consentimiento es uno de los casos más emblemáticos. La situación de la provincia es alarmante en tanto sólo hay 26 profesionales que garantizan la práctica en todo el territorio; y el Hospital Provincial Materno Infantil, de la capital, es el centro que absorbe la mayoría de las intervenciones por lo que su atención colapsa (Télam, 9/6).

Recientemente la detención de tres socorristas en Villa María (Córdoba) acusadas de ejercicio ilegal de la medicina, puso en estado de alerta al movimiento de mujeres en una provincia que tuvo bloqueado durante siete años el derecho al aborto no punible (Prensa Obrera, 23/12). El rol de las socorristas, así como de distintas redes, se abre paso en el marco de un Estado que da la espalda a las mujeres, con un sistema de salud descentralizado, saqueado y con enorme intromisión de las iglesias.

Por estas semanas también asistimos al sobreseimiento de “La China”, presa en Ezeiza por haber sufrido un parto avalancha, pero imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Asimismo, un estudio del 2020 del CELS, junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui, reveló 1532 causas de aborto en el país y 37 posibles eventos obstétricos criminalizados en diecisiete provincias (CELS, 10/12).

Las cifras y casos dan cuenta del fuerte lazo que existe entre la justicia, los gobiernos y las iglesias y la necesidad de organizarnos para quebrarlo. Mientras desde el gobierno acusan al “partido judicial” ante la proscripción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y plantean la necesidad de una reforma judicial “feminista”, nada han hecho para enfrentar la criminalización y garantizar el acceso a la salud a las mujeres. El rol de la justicia sigue siendo de regimentación y revictimización para la mayoría de las mujeres.

Retomemos las calles para garantizar nuestros derechos y derrotar el ajuste

El gobierno, en conjunto con sus organizaciones y las iglesias se han empeñado en desmovilizar a la marea verde en esta etapa. En medio de una situación que encuentra a las mujeres y gran parte de la población sometida al hambre y la miseria como consecuencia del ajuste fondomonetarista intentan contener instancias de organización y movilización por nuestros derechos.

El ajuste en curso atenta contra el acceso a la salud, la educación y el salario, generando más pobreza y violencia, e integra cada vez más a las iglesias que actúa en los márgenes y bajo el visto bueno del Estado para lograr la “paz social”, predicando la subordinación.

Más que nunca es necesaria nuestra intervención, para garantizar y defender el acceso al aborto en todos los rincones del país, evitando dilaciones o regresiones, como sucedió en Estados Unidos; y por la separación de las iglesias del Estado y la ESI laica y científica en todo el país.

La gran conquista de la marea verde en el 2020, mediante la organización independiente, asambleas, paros, tomas de colegios y enormes movilizaciones de alcance internacional da cuenta de la potencia que tiene nuestro movimiento para quebrar los bloqueos de los derechos conquistados y el ajuste que se profundiza.

Este viernes 30 de diciembre, a dos años de la conquista de la ley, convocamos a pañuelazos en todo el país contra la judicialización de las socorristas en Córdoba luego de su liberación y por la efectiva implementación de la IVE.

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