Hace algunos días, una denuncia radicada en la Defensoría del Público de la Nación por parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense -a cargo de Estela Díaz- derivó en que levantaran de la programación de Cartoon Network la serie Dragon Ball Super por una supuesta apología del abuso sexual en las infancias. En este punto, es preciso reparar en la impostura de que la ministra que pide censurar una serie de animé en nombre del combate contra la violencia simbólica, es la misma que, apalancada por los resortes del Estado, ejerce violencia simbólica y material hacia la inmensa mayoría de las mujeres de la provincia de Buenos Aires sumergidas en la pobreza, privándolas de todo tipo de asistencia y recursos y promoviendo desalojos como ocurrió en Guernica. Por lo tanto, carece de todo tipo de autoridad para abrir un debate sobre la pertinencia o no de determinados contenidos en un canal infantil.

El comunicado emitido por la cartera que dirige Estela Díaz plantea que el dibujo animado en cuestión reproduce “el ejercicio de la violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor en un contexto de aceptación social, en el que se naturalizaba la vulneración de una niña”. Se refiere particularmente al episodio donde el personaje del Maestro Roshi mantiene encerrada a una adolescente para abusar sexualmente de ella.

El argumento ministerial es en principio cuestionable puesto que, reparando en el conjunto de la trama de Dragon Ball, el accionar del Maestro Roshi es sistemáticamente repudiado por el resto de los personajes de la ficción; por lo tanto, lejos de retratar una “aceptación social del abuso”, la serie en cuestión promueve un repudio hacia este tipo de prácticas aberrantes; incluso, hasta puede colaborar en identificarlas.

Ahora bien, el despropósito consiste en que Estela Díaz intenta mostrar que con esta “cruzada” contra Dragon Ball está abonando a un “cambio de imaginarios” en la sociedad. Lo cierto es que el ministerio que encabeza no ha movido un dedo para que exista una aplicación efectiva de la ESI en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, ni para que estos contenidos estén incluidos en los planes de estudio de la formación docente. La funcionaria oficial se ensaña con un ciclo de ficción y no hace nada para garantizar que, durante la trayectoria escolar, las infancias aprendan a detectar conductas abusivas y adquirir una mirada crítica sobre la naturalización de la violencia sexual.

 

Según una encuesta realizada este año por Casa Fusa donde se entrevistó a estudiantes de cinco provincias, entre ellas Buenos Aires, apenas el 2% de lxs jóvenes consultados manifestó haber recibido ESI en las distintas materias de la escuela y solo el 39,29% afirmó haber tenido clases donde se abordaba la violencia de género. Es decir, lo que prima en el territorio bonaerense es una educación sexual como mínimo sesgada, donde prácticamente no existen espacios curriculares para reflexionar acerca de la figura del consentimiento y la importancia de respetar el propio cuerpo y el del otrx.

Sucede que los contenidos de la ESI que se imparten en cada escuela, lejos de ser elaborados por el movimiento estudiantil, las organizaciones gremiales de la docencia y los colectivos de mujeres y LGBTI+, con un rigor científico y libre de preceptos oscurantistas, quedan a merced del ideario de cada institución educativa como indica el artículo 5° de la ley sancionada bajo el kirchnerismo en 2006. De este modo, se habilita la injerencia de los prejuicios religiosos en el dictado de los temas relacionados con la sexualidad, o directamente predomina la información inadecuada o incompleta. A su vez, el presupuesto asignado para la ESI es mínimo; en el caso de la provincia de Buenos Aires equivale a $7,32 por alumno, según una investigación publicada en julio por el Diario Ar.

Las concesiones al clero son una constante en las políticas de los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales. En la provincia de Buenos Aires, el 20% de las unidades educativas son confesionales y el 98% de las mismas reciben subsidios estatales, según un estudio de Cippec. De acuerdo con el último Censo de Matrícula Educativa, el 36,4% de los alumnos bonaerenses concurre a establecimientos privados, en su mayoría religiosos. En estos casos, la ESI en términos laicos y científicos está completamente ausente y lo que prolifera son los preceptos oscurantistas.

No existe ningún ente estatal que supervise verdaderamente los diseños curriculares y las prácticas de las escuelas confesionales, dado que el organismo a cargo de dicha tarea es la Dirección de Educación de Gestión Privada bonaerense, la cual está plagada de representantes nominados por la Iglesia y el CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica). La falta de control por parte del Estado genera el terreno propicio para que se perpetúen los abusos eclesiásticos al interior de dichos colegios, dejando desamparadas a las víctimas como ocurrió en el caso del cura abusador Raúl Sidders en La Plata. Frente a esto, Estela Díaz hace silencio, convalidando la entrega de la educación a las instituciones religiosas, de donde provienen los principales perpetradores del abuso sexual en las infancias. La ministra prefiere poner el foco en qué miran les niñes en la tele antes de cuestionar la alianza reaccionaria que mantiene el Estado con las iglesias.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense apela a la “cancelación” de un contenido artístico como una maniobra distraccionista. Es una cortina de humo para ocultar el fracaso de toda su política en materia de género. Sin ir más lejos, el retroceso en las condiciones de vida de las mujeres y las diversidades en la provincia de Buenos Aires es cada vez más profundo como consecuencia del ajuste que aplica el gobierno, al servicio del pago de la deuda. Es un territorio signado por la pobreza, la desocupación y la falta de vivienda, ante lo cual la policía de Berni y Kicillof responde reprimiendo a las familias que luchan por un pedazo de tierra, como ocurrió recientemente en el desalojo de El Carmen Berisso. La creación de un ministerio feminista no ha modificado en lo más mínimo esta situación, por el contrario, fue la propia Estela Díaz la encargada de acercarse a al predio de Guernica el año pasado, para instar a las mujeres allí asentadas a que abandonaran la toma a pesar de que no tenían a dónde ir.

El ministerio carga las tintas sobre Dragon Ball en lugar de dar explicaciones sobre cuáles son los avances en la búsqueda de Tehuel y qué recursos está poniendo a disposición el gobierno provincial para lograr su aparición con vida. Se trata de un tema que el oficialismo hace tiempo elige invisibilizar, ya que poco les importa el destino de las personas trans de los barrios pobres de este país. Como se ve, la verdadera violencia simbólica, que Estela Díaz le adjudica a un personaje de animé, la ejercen quienes nos gobiernan pisoteando constantemente los derechos de las mujeres y las diversidades.

 

Suspender a un dibujo animado es una decisión a la medida del feminismo gubernamental circunscripto al ajuste que exige el FMI. Como no figura en la agenda del gobierno destinar un presupuesto acorde para atender el flagelo de la violencia de género, el ministerio que debería abordar esa problemática se limita a tomar medidas de bajo costo y estériles. Lo ejemplifica el hecho que la única política de asistencia a las víctimas que existe en la provincia de Buenos Aires es el programa “Comunidades sin Violencia”, que cuenta con un fondo irrisorio para su implementación, equivalente a $60 por habitante mujer. Las consecuencias de las migajas destinadas a la prevención de crímenes por motivo de género saltan a la vista: en el territorio bonaerense se cometieron al menos 58 femicidios en lo que va del 2021, según el observatorio “Ahora que sí nos ven”.

Por otra parte, la actitud presurosa de Estela Díaz en levantar la serie animada contrasta con una displicencia absoluta de su parte frente que el 80% de los efectivos denunciados por violencia de género dentro de la Policía Bonaerense continúa en funciones. Evidentemente, no está dispuesta a poner en tela de juicio la descomposición reinante de las fuerzas policiales, ya que el envalentonamiento represivo para hacer pasar el ajuste es un eje central del gobierno que integra.

En definitiva, la medida impulsada no es más que una cobertura a un gobierno que actúa en sentido contrario a los intereses populares, y, por lo tanto, es incapaz de satisfacer las demandas del colectivo femenino y la comunidad LGBTI+. Frente a tanta hipocresía, luchemos para que sea el propio el movimiento de mujeres y diversidades el que decida y ejecute las políticas para terminar con las violencias; y sean lxs trabajadorxs de la industria cultural -y no el Estado capitalista y los empresarios- quienes definan de manera democrática qué contenidos se emiten y cuáles no.