10/04/2021

El 95% de los policías denunciados por violencia de género siguen en actividad

Información exclusiva en base a un pedido de informe presentado por Prensa Obrera

Ojo Obrero Fotografía

Desde Prensa Obrera presentamos en este artículo la información exclusiva que se desprende de la respuesta a un pedido de informe que hemos pedido, amparándonos en la ley de acceso a la información pública, sobre la situación actual de los efectivos de las fuerzas federales denunciados por violencia de género en el Centro Integral de Género en el período 2011-2021. Sobre la base de 4.069 denuncias, el 95% de los efectivos denunciados están impunes: no se investigan las denuncias, no se conoce proceso judicial ni causa penal que avance y siguen cumpliendo tareas actualmente.

En la Gendarmería Nacional, de un total de 2445 efectivos denunciados desde el año 2011 hasta el mes de febrero del 2021, 2195 se mantienen en actividad. Solo 89 fueron dados de baja; otros 148 se retiraron.

Dentro de la Prefectura Naval, fueron 780 los denunciados por motivos de género desde 2012: de los cuales sólo fueron separados 61. Es decir que 719 continúan en actividad actualmente. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria separaron a ¡6! de 330 efectivos denunciados. 224 siguen en sus actividades normalmente. Dentro del informe de la Policía Federal, de un total de 514 denunciados, solo 61 fueron separados.

De los 288 femicidios cometidos durante el ASPO y DISPO, en 25 casos los agresores pertenecen a las fuerzas represivas. Detrás de cada una de las mujeres asesinadas, hay una larga cadena de atropellos estatales que comienzan antes de las denuncias.

Como dato extra, son 6 mil los efectivos de la Bonaerense comandada por Sergio Berni que cuentan con denuncias por violencia de género y siguen en actividad. Está maldita policía es la que forma, cobija y protege a los Matías Martinez, el femicida de Úrsula Bahillo en febrero de este año. Este agente de la Bonaerense contaba con denuncias previas, de Úrsula y de otras 2 víctimas de violencia. La relación entre femicidios, fuerzas represivas e impunidad fue uno de los detonantes de la bronca y movilización popular que este caso desató. Pero vemos que el femicida de Úrsula no es «una manzana podrida»: casi la totalidad de los denunciados está cubierto por un manto de impunidad.

 

Las «estadísticas» arrojan un dato certero, que es la descomposición general de las fuerzas represivas. El autoritarismo, el machismo, el sometimiento y la violencia son el pedegree ideológico con el que se educa a los uniformados en la represión y abusos contra el pueblo. Los gobiernos cambian, los titulares de los ministerios de seguridad rotan, pero las cabecillas, jefes y el personal de las fuerzas no se remueve. Desde la dictadura hasta ahora, muchos continúan en funciones. A ningún gobierno le interesó purgar a las fuerzas que le sirven de sostén último de un régimen de hambre y miseria creciente. Las peleas entre Berni y la ministra Frederich son disputas de camarilla completamente ajenas a este problema. La política fondomonetarista del gobierno requiere preservar este bastión de defensa de un plan de guerra contra el pueblo.

Las fuerzas de “seguridad” son en realidad una de las principales fuentes de inseguridad contra el pueblo en general (su entrelazamiento con el delito organizado, el narco, la trata de personas), y contra las mujeres especialmente. Estamos hablando de una institución que se supone debe recoger las denuncias de las mujeres que son víctimas. No sólo la justicia desprotege, desampara y revictimiza.

Antes sucede en las comisarías; es el statu quo de las instituciones del Estado cuya naturaleza ningún gobierno hizo nada por alterar. El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad -en este terreno también- se revela incompetente. Una muestra más de que su constitución nada aporta al combate de la violencia “estructural” contra las mujeres y diversidades.

El gobierno de Alberto Fernández y su ministra Gómez Alcorta hacen agua frente a la magnitud del problema. No es solamente inoperancia, sino que la orientación que defienden de ajuste y sometimiento al Fondo Monetario es la de cuidar los intereses del capital, no la defensa de las mujeres que son violentadas todos los días.

No hay presupuesto para asistencia de las víctimas, ni voluntad política para separar a los denunciados de las fuerzas federales. Como tampoco hay presupuesto ni voluntad por parte del gobierno para evitar que las mujeres se vuelvan cada día más pobres: sin IFE, sin vivienda, sin trabajo digno, cada día más precarizadas.

 

Frente al manto de impunidad que recubre a los denunciados, reclamamos su separación urgente y una investigación independiente de las fuerzas.

 

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