El carácter performativo de los discursos de odio diseminados desde el poder se ve con toda claridad en el doble femicidio perpetrado por Pablo Laurta, quien, antes de cometer esos crímenes, había compartido encuentros con Agustín Laje y Nicolás Márquez, asesores de Javier Milei, cuyos postulados misóginos oficiaron de fermento ideológico de sus planes femicidas.

Laurta, luego de asesinar con arma de fuego a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en la provincia de Córdoba, secuestró a su hijo de cinco años, llevándolo a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde fue interceptado por las fuerzas de seguridad cuando intentaba cruzar a Uruguay, su país de origen. Por otra parte, el remisero que trasladó al femicida y al niño hasta Entre Ríos se encuentra desaparecido.

En el doble femicidio que estremece al país vuelve a aparecer la responsabilidad ineludible del Estado. En primer lugar, Luna Giardina había denunciado previamente a Laurta en reiteradas oportunidades por situaciones de violencia contra ella y su hijo, pero, como suele ocurrir, no halló en la Justicia resguardo alguno, solo un botón antipánico mientras el agresor seguía actuando con total impunidad, lo que terminó costándole la vida.

Por otro lado, debemos remarcar que Laurta encontró en la ultraderecha continental un marco teórico propicio para alimentar su odio hacia las mujeres. En Uruguay fundó "Varones Unidos", una organización machista vinculada con Agustín Laje y Nicolás Márquez, mentores ideológicos de Javier Milei en su cruzada contra la agenda de género. Ambos son enemigos acérrimos del derecho al aborto y de la educación sexual integral; mientras que Márquez, además, se caracteriza por hacer declaraciones públicas en las que niega la existencia de los femicidios y califica de "invertidos" a la comunidad LGTBI+, cuando él mismo carga con denuncias por violencia y abuso. Fueron sin dudas los ideólogos del aberrante discurso presidencial en el foro de Davos, que, a su turno, desató una contundente respuesta callejera en la jornada del 1F.

Desde las redes de su agrupación, Laurta destilaba todo tipo de postulados reaccionarios, como entender a "la feminidad como el complemento natural de la esencia masculina" y presentando a víctimas como victimarios batiendo el parche de las "falsas denuncias". Además de negar la opresión femenina al describirse como defensor "de los Derechos Humanos de la Población Masculina”, y plantear como problemática social la supuesta expansión del "hembrismo y la misandría". El cinismo es tal, que llegó a acusar a su expareja, a quien terminó asesinando, de ser ella la que ejercía "violencia, comportamientos coercitivos, hostigamiento y acoso", frente a que la Justicia había fallado en contra de que el niño se fuera a vivir con él a Uruguay. Habló incluso de "secuestro parental" por parte de la madre, cuando fue él quien acabó sustrayendo al menor.

Como vemos, la amenaza del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de endurecer la penas por supuestas falsas denuncias de violencia de género, con el objetivo de inocular en el imaginario social la premisa de que "las mujeres que denuncian son todas mentirosas", no tiene meros efectos simbólicos sino que se hace carne en estos hechos criminales. Es el propio gobierno el que termina dándole letra a los femicidas como Laurta para justificar sus acciones.

Si bien la misoginia forma parte de la ideología oficial del Estado capitalista, la gestión libertaria ha fomentado que ese principio se convirtiera en el sentido de pertenencia alrededor del cual se agrupan ciertas franjas -sobre todo juveniles- de la población masculina como forma de canalizar sus frustraciones cotidianas. La retórica gubernamental explota hasta el hartazgo el arquetipo milenario que proyecta sobre las mujeres la fuente de la maldad; sin ir más lejos, sembrar la sospecha de que habría una epidemia de "falsas denuncias", equivale a sugerir que las denunciantes estarían empeñadas en arruinarle la vida a determinado varón por despecho, interés económico, por influencia de la "ideología de género" o lo que fuere. De esa manera, la ultraderecha exacerba el resentimiento de los varones hacia el colectivo femenino, habilitando actos de violencia que conducen al femicidio.

Es una de las vías a través de las cuales Milei se ha propuesto fascistizar a un sector de la juventud para arremeter contra el movimiento de mujeres y diversidades, de potencial emancipatorio, y, a su vez, sembrar una cuña divisoria en el seno de las mayorías populares para que puedan prosperar sus planes de ajuste y miseria. La indignación por lo ocurrido en Córdoba nos debe llevar a concluir que hay que ganar las calles para echar a este gobierno, promotor de femicidios.

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