Mujer
29/9/2025
El triple femicidio y la espectacularización para ocultar que gobiernan para los narcos
Todos los partidos del régimen votaron el blanqueo de capitales funcional al delito organizado.
Seguir
Foto: @federico.imas @ojoobrerofotografia
Tras el triple femicidio territorial de Morena, Brenda y Lara, los ministerios de Seguridad de Nación y de provincia de Buenos Aires se dedicaron a montar una puesta en escena, centrada en la búsqueda del supuesto cabecilla narco "Pequeño Jota", acusado de ser el autor intelectual del crimen de las jóvenes, quien se habría dado a la fuga. Espectacularizan el caso, no solo para ubicar las causas de lo ocurrido fuera de su jurisdicción, sino también para eludir la responsabilidad estatal en el avance del narcotráfico.
El crimen organizado, que imprime su huella de violencia sobre los cuerpos de las pibas de los barrios, no podría prosperar sin una estructura capitalista que se nutre de ese dinero mal habido para reproducirse. Esas ganancias espurias ingresan al circuito legal a través de diversos mecanismos, como la creación de empresas fantasma, la connivencia de las entidades bancarias y la compra de bienes (autos, propiedades, etc.) o instrumentos financieros. Dicho procedimiento muchas veces se ve facilitado por los blanqueos de capitales que ofrecen los gobiernos, como el que se aprobó el año pasado con el voto favorable de todo el arco político patronal.
Argentina es considerado uno de los principales países de lavado de dinero. Sin embargo, un informe elaborado en 2022 por el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos demostró que las investigaciones y las condenas por ese delito financiero se producen a cuenta gotas: entre 2017 y 2020 se abrieron apenas 1.386 causas por lavado de activos, de las cuales el 29% se vinculó a la narcocriminalidad. A su vez, se dictaron 58 sentencias condenatorias, es decir, solo el 4,1% de las investigaciones iniciadas recibieron condena.
Como vemos, las redes de venta de droga hacen sus negocios al amparo del poder político, la Justicia y las fuerzas represivas. Sin ir más lejos, el transa del Bajo Flores, al cual ahora se le atribuye el mote de "jefe narco", no tiene siquiera antecedentes penales, lo cual, en todo caso, da cuenta de la impunidad con la que procedía. Incluso, la fiscal Mónica Cuñarro denunció a la Policía Federal y la Policía de la Ciudad por estar implicadas en el encubrimiento de otros crímenes perpetrados por las bandas que operan en la zona sur de CABA, al punto de distribuir "las apariciones de personas torturadas, quemadas vivas e incluso descuartizadas en distintos hospitales" (Página 12, 28/9).
Además de querer tapar la complicidad del Estado con estas actividades ilícitas, tanto el gobierno nacional como el provincial buscan desligarse de la situación de pobreza que le toca padecer a la juventud de las barriadas, que la convierte en presa del delito organizado. Dentro de ese grupo etario, la realidad de las jóvenes es aún más desesperante; basta con mencionar que la tasa de desempleo asciende al 23% en el caso de las mujeres de hasta 29 años.
En este operativo distraccionista colaboran los medios masivos de comunicación, que cargan las tintas sobre el estilo de vida que llevaban las víctimas, culpabilizándolas de su trágico desenlace. Ni qué decir de la coincidencia entre Bullrich y Berni en no catalogar esos asesinatos como femicidios, en función de desautorizar al movimiento de mujeres que hace décadas viene denunciando los alcances de la desigualdad de género bajo este régimen social.
La renovada "preocupación" de los gobernantes en combatir el narcotráfico no pasa de la hipocresía. La única forma de terminar con estas mafias es desarmando el esquema económico que las sostiene, lo cual, en principio, implica poner fin al dominio privado de los bancos, los puertos y las rutas fluviales por donde circula el tráfico de droga. Una tarea reservada para los trabajadores cuando lleguen al poder.
