Mujer
19/12/2024
El gobierno “libertario” que ataca el derecho a decidir
Dejó de comprar los insumos necesarios para la IVE.
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La marea verde tiene que volver a las calles para defender el aborto legal.
En las vísperas de un nuevo aniversario de la sanción del aborto legal en Argentina, que conquistó la marea verde con su lucha ejemplar, estamos frente a un gobierno que atenta contra este derecho desabasteciendo de insumos a los centros de salud. Además, Milei alimenta el estigma alrededor de la práctica catalogándola de “asesinato agravado por el vínculo” y nunca faltan las declaraciones de algún miembro de La Libertad Avanza amenazando con volver a la clandestinidad.
Tanto el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) como Chequeado coinciden en afirmar que, en el transcurso del 2024, el gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva -dependiente del Ministerio de Salud- no ha comprado ni distribuido insumos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE); esto incluye tanto medicamentos (misoprostol, mifepristona, combi pack) como equipamiento -kits de Aspiración Manual Endouterina (Ameu) y cánulas. Por lo tanto, el aprovisionamiento recae en cada una de las provincias, generando demoras en los procedimientos.
Así las cosas, el acceso a la aborto legal queda sujeto a los presupuestos disímiles con los que cuente cada provincia -en un momento de fuerte recorte a las transferencias provenientes de Nación- y a la voluntad política de sus gobernantes, dejando completamente desamparadas a aquellas personas gestantes que decidan interrumpir un embarazo en jurisdicciones cuyos gobernadores habilitan una mayor injerencia clerical en los asuntos estatales. Asimismo, comprar una caja de misoprostol cuesta alrededor de $96.210,02, una cifra completamente privativa para las mujeres de menos recursos económicos; nuevamente, las pobres volverán a arriesgar su vida recurriendo a prácticas inseguras.
Ya se están registrando trabas en el ejercicio de este derecho. Sin ir más lejos, entre enero y agosto 2024, Amnistía Internacional reportó un 80% más de casos, en comparación con el mismo período del año pasado, de personas que denunciaban barreras en el acceso a la IVE e ILE en Argentina. En las zonas rurales esta problemática se agrava, tal como lo describe un relevamiento realizado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir sobre más de veinte comunidades campesinas y originarias del país, donde se registró que el 84% de las mujeres que solicitó una IVE recién pudo realizarla pasado el plazo de diez días que estipula la ley. “La amplia mayoría -casi 8 de cada diez encuestadas- respondió que no conoce los pasos para solicitar una IVE en un hospital, centro de salud u obra social” (Página 12, 14/12).
Por otra parte, Milei, demonizando la IVE y refiriéndose a ella como “la agenda sangrienta del aborto”, busca amedrentar a las mujeres que solicitan uno y a los efectores de salud que lo realizan, lo cual constituye un enorme atropello a los derechos sexuales y (no) reproductivos de la población y un acto de terrorismo psicológico. Además, envalentona a los sectores antiderechos que trabajan para obstaculizar el cumplimiento de la ley; como ocurre, por ejemplo, en el partido bonaerense de San Miguel, gobernado por el Opus Dei, distrito en el cual rige la objeción de conciencia institucional en todos los centros de salud; y, últimamente, en San Isidro, donde el Hospital Materno-infantil cuenta con un “consultorio de Maternidad Vulnerada”, a cargo de la organización Obstetricia Escucha ligada a la iglesia, que se dedica a disuadir a aquellas que acuden para abortar.
El gobierno apunta contra el aborto legal al mismo tiempo que desfinancia los programas orientados a evitar embarazos no deseados. En el tercer trimestre 2024, la distribución gratuita de preservativos cayó 45,5% interanual, y, en lo que va del año, entregó solo el 9,2% de la cantidad planificada. La distribución estatal de anticonceptivos inyectables y orales disminuyó 53,9% en comparación al año pasado, mientras que el reparto de métodos anticonceptivos de larga duración para adolescentes (enmarcado en el Plan Enia) bajó 57%. Este año, el Estado nacional solo garantizó el 33% de los implantes subdérmicos que había planificado. De conjunto, en los primeros ocho meses del año, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió un ajuste interanual del 76,5% y la ejecución presupuestaria del mismo fue de apenas el 25%.
Sin mencionar que, con sus políticas de hambre, pisotea el derecho a maternar de manera deseable. A tal punto que, un informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) arrojó que el 65% de las familias del país hizo recortes en su alimentación en el último año. Como vemos, la hipocresía del discurso “pro vida” de la gestión libertaria no podría ser mayor.
Se trata de una cruzada reaccionaria con el objetivo de arrebatarles a las mujeres la agencia sobre sus propios cuerpos, y, de ese modo, impartir un mensaje de misoginia hacia el conjunto de la sociedad en pos de dividirla. No podemos dejar la defensa de la IVE ni en manos de los gobernadores que tejen alianzas con las iglesias, ni en la oposición parlamentaria que colaboró todo este tiempo con Milei. Solo retomando la movilización callejera vamos a resguardar esta conquista.
