Se cumplen dos meses del femicidio de Florencia Romano de 14 años, conocido internacionalmente por la brutal responsabilidad policial que rodeaba la causa. La fiscalía anunció su elevación a juicio por jurado contra el femicida Pablo Arancibia de 33 años, quien estará en el banquillo de los acusados afrontando probablemente un pedido de cadena perpetua.

Sin embargo, las responsabilidades políticas de éste femicidio que movilizaron masivamente a la población mendocina son encubiertas por el Poder Judicial y el gobierno de turno. Tanto el jefe de la policía Roberto Munives como el ministro de seguridad Raul Levrino son intocables para los tres poderes del Estado provincial. El blindaje es total.

La fiscalía finaliza la etapa investigativa de la causa manejando una única hipótesis: Arancibia quiso abusar de la menor quien se resistió y fue posteriormente asesinada. Queda sin investigarse si el femicida era parte de una red de captación de menores, atento a la sistemática acción que tenía a través de las redes. Esta hipótesis nunca fue públicamente tomada por la fiscalía.

En un caso tan resonante, se omiten las responsabilidades políticas del jefe de la policía de la provincia, Roberto Munives, ante la desidia del 911 con el llamado de un vecino con información clave que podría haberla salvado, también responsable de que el Centro Estratégico de Operaciones tenga los mapas desactualizados y de capacitar personal policial para desechar rutinariamente las denuncias por violencia de género.

Para el oficialismo, el caso de Florencia Romano fue juzgado mucho antes de que la fiscalía terminara su etapa investigativa, así lo afirmó el senador Diego Costarelli de la Unión Cívica Radical en la legislatura para rechazar la citación del ministro de Seguridad y del jefe de la policía para dar explicaciones:

“Hay que discutir índices, no casos puntuales -insistió Costarelli-. La comisión no es para temas específicos o conductas aisladas como la conducta de una policía que está siendo juzgada y el delincuente ya está preso. Consideramos que eso es cosa juzgada. Y tenemos los pedidos de informes del Ministerio de Seguridad respondidos, los cuales bajo temario vamos a discutir”.

El liberalismo de los cornejistas es de cotillón, no defienden ninguna división de poderes: cuando un femicidio como el de Florencia Romano cuestiona todo un gobierno, es entonces cuando salen desde los tres poderes a respaldarse, encubrirse y defenderse ante sus responsabilidades políticas.

La Secretaría de Género y Diversidad a cargo de Silvia Anfuso de Libres del Sur ha sido completamente obsecuente con el gobierno, ni un sólo cuestionamiento público al actuar policial. Brilla por su ausencia ante los femicidios y las innumerables desapariciones de mujeres y menores. Es un organismo completamente inservible. Ante éste flagelo, debe ser reemplazado por un Consejo Autónomo de las Mujeres y Diversidades que ponga al movimiento de mujeres en lucha al frente de la tarea de prevenir, abordar y eliminar la violencia de género que se cobra la vida de una mujer por día en nuestro país, destinando para ello todo el presupuesto necesario que los actuales gobiernos prefieren destinar al pago del FMI.

El foco de atención ahora estará puesto en la resolución del tribunal penal. Al ser juicio por jurado, se intentará cerrar un caso que responsabiliza a todo el gobierno de Suárez de punta a punta, con una sentencia popular contra un femicida reforzando en la sociedad los aspectos punitivos de cadena perpetua. Sin embargo, los femicidas no son locos sueltos, hay una Estado capitalista que necesita de la violencia sobre las mujeres y diversidades para perfeccionar los mecanismos de explotación de la clase trabajadora.

El próximo 17 de febrero movilizamos al Poder Judicial en todo el país luego del femicidio de Úrsula. El Estado femicida tiene responsables políticos en cada uno de sus tres poderes, los y las jueces/zas son electos por el voto de las y los senadores de los partidos políticos que hace décadas se turnan en el poder y nos han llevado a ésta descomposición social. Que se elijan por el voto popular directo y sean revocables es un planteo de transición que venimos planteando.

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