Luego de las declaraciones de Alberto Fernández de que no iba a presentar en el Congreso el proyecto de legalización del aborto, el Ministerio de Salud de la Nación publicó a través de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva un instructivo de “Interrupción legal del embarazo con medicamentos”. El documento da especificaciones de cómo realizar un aborto con pastillas, en un contexto donde se multiplicaron los llamados gratuitos para pedir orientación en materia de salud sexual y violencia de género.

“Si el tratamiento se realiza en casa, por lo general se indican 3 dosis de 4 pastillas cada 3 horas. Es importante completar las 3 dosis, aunque se haya producido la expulsión o haya iniciado el sangrado (…) Se puede elegir el uso sublingual, bucal o vaginal, según la preferencia de la persona”, señala el texto, en indicaciones que parecen propias de una red de socorristas que asiste voluntariamente a mujeres, más que del Estado -que debería garantizar las condiciones para que las mujeres accedan de manera segura, legal y gratuita a la práctica.

La propuesta que se imparte por parte de este organismo gubernamental, de que el aborto puede realizarse “en casa”, pretende ser una lavada de cara a los bloqueos que impone el propio Estado junto con las Iglesias para su legalización.

El negocio del misoprostol y el aborto clandestino

El folleto comienza diciendo que una de las formas seguras de interrumpir un embarazo es con el uso de medicamentos, como el misoprostol, pero no aclara el costo que supone su acceso. Tampoco da cuenta de que uno de los medicamentos más apropiados para realizar abortos químicos, la mifepristona, está prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).

 

 

Recomendado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los métodos más seguros y menos invasivos, el misoprostol es un fármaco para la interrupción de embarazos -fundamentalmente durante el primer trimestre de gestación- y uno de los más utilizados en los hospitales para los casos de abortos no punibles.

Producto de la enorme lucha del movimiento de mujeres por el aborto, desde octubre del 2018, se encuentra habilitado por la Anmat su uso comercial para fines ginecológicos y obstétricos, bajo receta archivada. Es decir, bajo rigurosa prescripción y vigilancia médica, y a condición de que el nombre de la paciente y el profesional se conserven a control en la farmacia durante dos años. Previo a esto solamente se conseguía el Oxaprost, un medicamento de acción gástrica que mezcla diclofenac con misoprostol, de Laboratorios Beta.

La producción de misoprostol hoy la poseen dos laboratorios: el LIF en Santa Fe, de gestión estatal y con distribución limitada a la provincia, y el Laboratorio Domínguez, de gestión privada, con alcance a nivel nacional. Mientras que el precio de privados oscila entre los 5 mil y los 8 mil pesos, la producción estatal implica un ahorro de entre el 60 y 70%. Algo que pone en evidencia la enorme diferencia que hay entre los valores comerciales y los costos de producción, y por lo tanto el lucro que un sector realiza a costa de la necesidad de miles de mujeres. De esta manera se propone a quienes no pueden pagarlo la maternidad forzada o los abortos inseguros practicados con “métodos caseros”, que en gran parte terminan con consecuencias graves de salud (físicas y psicológicas), mutilaciones o hasta la muerte.

En una orientación que intenta contener a un potente movimiento de lucha y que empalma con los intereses de las empresas ligadas al sistema de salud, el gobierno embellece el uso del misoprostol como una técnica fácil y amigable para realizar en casa, oficializando la clandestinidad para quienes quieren terminar con un embarazo no deseado.

 

Criminalización y desidia estatal

Aunque menciona que debe haber indicaciones de un equipo de salud, el instructivo no aclara que el acompañamiento debe ser constante, que la utilización del misoprostol varía en función de cada paciente y en algunos casos no implica un tratamiento ambulatorio. Destaca los efectos secundarios del procedimiento y recomienda ir a la guardia de un hospital en los casos donde haya fiebre mayor a 38 grados y sangrado abundante. Quienes elaboraron la propuesta parecen ignorar el estado de los hospitales públicos y la saturación de las salas de terapia intensiva, sobre todo en el contexto actual. Asimismo, que producto de la falta de educación sexual, de las dificultades en el acceso a la salud, del miedo y de las penalidades que existen hoy sobre el aborto en Argentina, muchas mujeres, sobre todo las más pobres, no recurren en ningún caso al hospital, quedando desprotegidas y expuestas a numerosos riesgos.

El aborto clandestino en nuestro país es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Por caso, en el mes de junio una mujer que había ingresado a un hospital como consecuencia de un aborto inseguro murió en La Matanza. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunció también a fines del mes pasado que “siguen muriendo mujeres por realizarse abortos, otras están detenidas, y otras han debido continuar con embarazos no deseados” (Télam, 27/6). Puntualizó, además, que en lo que va del primer semestre del año hay cuatro mujeres presas por la práctica en Santiago del Estero, una de las provincias que no adhiere al protocolo ILE ni tiene ninguna legislación sobre el tema.

Aunque no caratuladas como “aborto”, sino como homicidio, son numerosas las detenciones a mujeres por realizar la práctica, extendiéndose la condena a profesionales de la salud, amedrentados por acompañar y garantizar este derecho. Se refleja de esta manera la injerencia del clero en el terreno de la salud y la justicia, y la postración por parte de los gobiernos con el objetivo de disciplinar a las mujeres y sostener un régimen oscurantista y reaccionario.

No hay cuarentena para el aborto y la violencia contra las mujeres

La cuarentena no ha revertido la problemática del aborto clandestino, sino que por el contrario la agrava, como consecuencia del confinamiento obligatorio y del empeoramiento en las condiciones de vida. Sumado a esto, desde el mes de marzo se registra un incremento de denuncias por violencia de género y abusos contra mujeres y niñas, femicidios y embarazos no deseados.

Ante este cuadro, del Ministerio de Mujeres y Géneros muestra una completa inacción. Ni siquiera en el lanzamiento del “Plan contra las violencias de género” se hizo referencia a la situación de las mujeres en pandemia y al aborto legal. Algo que encuentra su explicación en la subordinación del ministerio a los intereses del gobierno de pagar a la deuda externa, a costa de poner en riesgo a la población e impedir que se garanticen los derechos más elementales. Otro tanto sucede con los subsidios millonarios a la Iglesia Católica y el recule en el impuesto a las grandes fortunas, que podrían destinarse a atender los problemas más urgentes.

En medio de la crisis sanitaria y económica que atraviesa al país, la creación de un Consejo Autónomo que atienda nuestras demandas y funcione como una herramienta de organización política se vuelve fundamental. Más que nunca debemos organizarnos y pelear por el aborto legal, por la separación de la Iglesia del Estado, por la educación sexual integrla, laica y científica desde la niñez y por el no pago a la deuda.