El Ministerio de las Mujeres de la PBA presentó ayer un informe sobre intentos de femicidios. En él se desprende que en 443 llamados a la línea 144 se manifestaron “situaciones de violencia de género en las que se registró, al menos, un intento de femicidio”, desde enero a mayo de 2020. Es decir que en los 443 llamados antedichos las mujeres contaron que sufrieron un intento de femicidio. Los datos surgen de la transcripción que las operadoras de la línea realizaron en las cartas de llamadas.

Sobre 51 municipios de la PBA, 15 concentran más del 70% de los casos, con La Plata, Pueyrredón, Almirante Brown, José C. Paz y La Matanza encabezando la lista. Las llamadas que exponían el peligro de muerte, revelaron al ámbito doméstico como el principal escenario de los ataques (94%), donde los principales agresores fueron la pareja o ex pareja (92%). Por otra parte, en el 57% de los registros analizados hubo denuncias previas a los intentos de femicidio mencionados y el 30% de estos intentos se dieron en el marco de la vigencia de medidas como perimetrales contra los violentos o botones antipánico, órdenes de restricción, custodias policiales, entre otras. Esta realidad admite que las herramientas que el Estado dispuso para resguardar la vida de las mujeres resultaron insuficientes.

Si bien la mayoría de los intentos de femicidio tuvieron lugar en el pasado y se mencionaron al momento buscar asesoramiento en la línea 144, en estos cinco meses, 53 de esos 443 llamados (12%) respondieron a situaciones de emergencia, según el informe. Es decir, que la esterilidad de la intervención estatal antes de la pandemia tuvo continuidad también en el marco del aislamiento obligatorio. Este panorama convive con una mujer muerta cada tres días en la provincia de Buenos Aires.

Estos datos dejan al descubierto la ineficacia de las propias medidas del nuevo Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la PBA para combatir la violencia de género y sus expresiones más extremas.

La responsabilidad del Estado

Según sus presentadoras, con la ministra Estela Díaz a la cabeza, las cifras del informe indican que “las mujeres saben que pueden concurrir al estado” para encontrar ayuda, aún cuando demostraron que más de la mitad de los intentos de femicidios se dieron con mujeres que ya habían recurrido a la ayuda estatal. También apuntaron a que, frente a la problemática, “la salida es interinstitucional” y recomendaron trabajar sobre la capacitación en la detección de los casos de violencia con los funcionarios públicos. En este sentido el Ministerio de las Mujeres reconoce que muchas de las denuncias no se superan en el ámbito estatal, descargando la responsabilidad sobre los trabajadores del estado (no del Estado). Por otro lado, el Ministerio de las Mujeres delega la responsabilidad en las víctimas que deben denunciar, y en trabajar con los violentos sin ninguna garantía de resguardo de las vidas de las denunciantes, encubriendo la responsabilidad estatal de no tomar ninguna medida para combatir las condiciones económicas y sociales que permiten la reproducción de la violencia de género. Combatir esas condiciones va a contramano del compromiso que el gobierno capitalista de Alberto Fernández entabló con el FMI y los bonistas, quienes marcan una agenda de recorte a cualquier política que beneficie a las mayorìas populares. El Estado es responsable de generar este contexto de violencia hacia las mujeres.

Nuestro programa

Frente a la continuidad de la precarización, la dependencia económica y el confinamiento de las mujeres al hogar, que refuerza el contacto con los violentos. Contraponemos la lucha por trabajo genuino y la puesta en pie de casas refugio con presupuesto bajo control de los y las trabajadoras.

Frente al callejón de la falta de presupuesto: ruptura con el FMI y el no pago de la deuda. El Estado capitalista antepone el beneficio de los usureros a la vida de las mujeres.

Se admitió también que los intentos de femicidios en PBA se materializaron en un incremento de los ataques físicos y sexuales: con más razón el aborto legal cajoneado por Alberto Fernández y el cumplimiento de la ILE sin objeciones es una verdadera urgencia que el Ministerio de las Mujeres no planea exigir en alianza con las iglesias. Separación ya de la Iglesia del Estado, Aborto Legal, seguro y gratuito.

Arrancar una verdadera salida a esta situación alarmante exige hacer frente de manera independiente a un gobierno que no hace más que anunciar retrocesos, congelar nuestros avances y bloquear las conquistas en nuestras condiciones de vida. Pongamos en pie un Consejo Autónomo de Mujeres para impulsar todas las demandas que el Estado capitalista no está dispuesto a concedernos.