Mujer
21/9/2026
BUENOS AIRES
Justicia por Andrea Jara López
Comienza el juicio por el femicidio de la joven de Costa Esperanza. Movilicemos a los Tribunales de San Martín.
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Esta semana comienza en San Martín el juicio por el femicidio de Andrea Jara López, una joven de 24 años de Costa Esperanza, Loma Hermosa, asesinada en octubre de 2023. Arnaldo Meza, quien era su pareja, llega detenido e imputado por femicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego.
El juicio se realizará bajo la modalidad de juicio por jurados. La familia de Andrea convoca a acompañar durante toda la semana y a movilizar frente a los Tribunales de San Martín, concentrando especialmente las acciones el martes y el viernes, cuando se espera que se conozca la resolución.
Andrea recibió un disparo en la cabeza en la casa de un amigo de Meza, en Loma Hermosa. Fue trasladada gravemente herida al Hospital Bocalandro, donde fue abandonada. Meza permaneció prófugo durante casi tres días.
Andrea vivía junto a su familia y su hija en Costa Esperanza. Se reconstruyó que la relación con Meza estuvo atravesada por distintas formas de violencia: aislamiento, control y violencia económica. Arnaldo Meza tiene antecedentes de denuncias por violencia de género de una expareja y era además conocido en el barrio como prestamista y por sus vínculos con armas y drogas.
El Estado es responsable
Durante estos casi tres años, la familia no contó con un acompañamiento estatal sostenido ni con las herramientas necesarias para seguir una causa judicial de estas características, mientras el femicida contó con sobrados recursos para pagar abogados. Recién en el último período, a partir de la intervención de espacios comunitarios, comenzó a organizarse un seguimiento más activo de la causa y la preparación frente al juicio. Pero la responsabilidad estatal no comienza después del femicidio.
Su femicidio se produjo sobre condiciones de vulnerabilidad que el propio Estado reproduce y profundiza y que dejan a miles de mujeres más expuestas frente a la violencia. Andrea era una joven trabajadora, migrante y de un barrio popular. Al momento de su femicidio estaba buscando trabajo: había preparado currículums para repartir cuando su mamá volviera de un viaje a Paraguay. Esos currículums todavía permanecen sobre la mesa de su cuarto.
Una situación que se agrava bajo un gobierno como el de Milei, que convirtió la estigmatización y persecución de la población migrante en política de Estado y que desarrolla una ofensiva sistemática contra las mujeres y diversidades.
Esta responsabilidad alcanza también al Municipio de San Martín, que aparece junto a las familias después de un femicidio, acompaña actos o se saca fotos cuando el caso toma estado público. La magnitud de la violencia de género en la zona es crítica y las políticas para prevenirla o abordarla son paupérrimas. Según datos del propio Ministerio Público bonaerense, en 2024 San Martín fue el departamento judicial con mayor cantidad de procesos penales iniciados por violencia familiar y de género de toda la provincia, con 22.840 causas. Es también el distrito de Araceli Fulles, cuyo femicidio estuvo atravesado por enormes irregularidades en la investigación y años de lucha de su familia: tres acusados fueron condenados a prisión perpetua en 2021, pero esas condenas fueron revocadas por Casación a fines de 2023, y los tres fueron absueltos y liberados.
El femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias. Por eso, frente a cada caso, no alcanza con reducir la discusión a la responsabilidad penal individual del femicida. Hay que poner en discusión también las condiciones sociales y políticas que permiten que esa violencia se desarrolle y el papel de un Estado que desprotege a las mujeres antes del femicidio y abandona a sus familias después.
Rodeemos el juicio de movilización
Desde los primeros días posteriores al femicidio, distintos medios difundieron prácticamente sin cuestionamientos la versión de que el disparo habría sido un accidente festejando el pase de Boca a la final de la Libertadores. Una versión que parece salida directamente de la estrategia de la defensa y que, casi tres años después, los abogados de Meza buscan volver a instalar para disputar la calificación del hecho como femicidio.
No es menor el papel que juegan los medios en la instalación de esta versión, mientras la familia de Andrea enfrenta el juicio sin los recursos económicos ni la llegada pública de una defensa privada costosa. Por eso también es fundamental difundir el caso, hacer conocer la historia de Andrea y acompañar el reclamo de su familia, para que la versión interesada del "accidente" no sea la que se imponga públicamente.
La familia de Andrea llega ahora a un juicio por jurados frente a una defensa con importantes recursos económicos. No depositamos ninguna confianza en un Poder Judicial que ha dado innumerables muestras de impunidad frente a los femicidios y la violencia de género. Los casos de Lucía Pérez y tantos otros mostraron hasta dónde puede llegar una Justicia que revictimiza a las mujeres y sus familias y garantiza impunidad a sus agresores.
Frente a esta Justicia, la única garantía para enfrentar la impunidad es la organización independiente y la movilización. Las conquistas arrancadas en numerosos casos de femicidio no fueron una concesión de fiscales, jueces o gobiernos: fueron producto de familias, compañeras, organizaciones de mujeres y trabajadores que se organizaron y ganaron las calles.
Por eso el juicio por Andrea no puede transcurrir entre cuatro paredes.
Convocamos a las organizaciones de mujeres, a la juventud, a la docencia, a los trabajadores y trabajadoras y a las organizaciones sociales y políticas del distrito a difundir el caso de Andrea y movilizar durante el juicio.
Del martes 22 al viernes 25 de septiembre, movilicemos a los Tribunales San Martín Av. 101 Dr. Ricardo Balbín 1753, Villa Lynch
Justicia por Andrea Jara López. Basta de femicidios y de impunidad. El Estado es responsable.
