El informe sobre la evolución en la distribución del ingreso publicado por el Indec, en referencia al segundo trimestre del 2021, no solo retrata una realidad nacional caracterizada por el retroceso en las condiciones de vida de las mayorías, donde el 80% de los ingresos se encuentra por debajo de la línea de pobreza, sino que además vuelve mostrar un predominio femenino entre la población más pobre.

La feminización de la pobreza se ve nítidamente cuando reparamos en que las mujeres ocupan el 70,2% dentro del decil poblacional con menores ingresos, donde estos promedian los $5.695 mensuales. También las mujeres son mayoría en el segundo decil más pobre de la población, ya que lo componen en un 60,1%; aquí, el ingreso medio es de apenas $13.923. En el tercero, cuyo ingreso promedio es de $19.346, ocurre el mismo fenómeno puesto que está integrado en un 58% por mujeres. Quienes forman parte de estos tres grupos poseen ingresos que en ningún caso superan los $20.000, quedando así por debajo de la línea de indigencia, calculada en $29.213.

Por otra parte, el informe confirma la brecha salarial de género que existe en el país. Mientras el ingreso promedio de los varones es de $51.916, el de las mujeres es de $36.000. Sucede que estas últimas ocupan los trabajos más precarios, asociados generalmente a las tareas de cuidado, y peor remunerados. A esta discriminación que sufre el colectivo femenino en el mercado laboral se suma el hecho de que las mujeres destinan menos cantidad de horas al trabajo asalariado que los varones, ya que recae sobre ellas el grueso del trabajo doméstico no remunerado. Finalmente, ningún gobierno garantiza los recursos para poner en pie un sistema integral de cuidados ni fuerza a las patronales a implementar dispositivos de esta índole (como jardines y lactarios), en función de socializar estas tareas, a los fines de quitarle ese peso al género femenino, permitiendo así, la incorporación plena de las mujeres a la producción social.

En ese sentido, la menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo también se ve reflejado en la composición de sus ingresos. En el grupo poblacional más pobre, la fuente de ingreso del género femenino es en un 59,1% no laboral, es decir, proveniente de trasferencias estatales, jubilaciones, etc; y en un 40,9% tiene un origen salarial. En cambio, en el caso de los varones del mismo decil, los ingresos son en un 75,7% de origen laboral y en un 24,3% no laboral. En el segundo decil más pobre de la sociedad, el ingreso total de las mujeres es en un 47,4% laboral y en un 52,6% no laboral, mientras que el ingreso masculino es en un 72,9% laboral y en un 27,1% no laboral. Por otra parte, en el tercer decil más pobre, apenas el 30,8% del ingreso de las mujeres proviene de los salarios y el 69,2% de una fuente no laboral; en los varones de este grupo, el ingreso es un 54,9% laboral y un 45,1% no laboral.

Alberto Fernández asumió batiendo el parche de la agenda de género, sin embargo, como podemos ver, a un año y nueve meses de gestión no tomó una sola medida para sacar a las mujeres de la pobreza. Por el contrario, generó más privaciones para el colectivo femenino, dando vía libre al alza inflacionaria a la vez que pisoteaba los salarios y permitía que avanzaran los despidos. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Gómez Alcorta, se jacta de haber sostenido subsidios de miseria para las mujeres, sin reparar, que, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo perdió un 23% contra la inflación en los últimos dos años, y, a su vez, la Tarjeta Alimentar apenas cubre un tercio de la canasta alimentaria.

Como si esto fuera poco, el gobierno se toma el atrevimiento de hablar de empleo femenino como excusa para beneficiar con subsidios y exenciones impositivas a los patrones, como lo muestra el reciente programa Registradas, relativo a las trabajadoras de casas particulares, o la reducción del 95% de los aportes patronales a quienes contraten mujeres y personas TTNB en el Portal Empleo. Por otra parte, la proximidad del acuerdo con el FMI, prioridad para todo el arco político patronal, promete hundir a más y más trabajadorxs en la miseria, perpetuando una realidad donde las mujeres seguirán siendo mayoría entre los pobres.

Si queremos revertir la situación de las trabajadoras en este país necesitamos un programa antagónico, que defienda el salario mínimo igual a la canasta familiar ubicada en los $100.000, paritarias indexadas a la inflación, trabajo bajo convenio para todxs, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. A su vez, deben ponerse en pie dispositivos para socializar las tareas de cuidado, como jardines materno-paternales, hogares para adultos mayores, clubes, cumplimiento de licencias en los lugares de trabajo, doble escolaridad en la escuela pública, a fin de liberar a las mujeres del trabajo doméstico. Se trata de una salida de la clase trabajadora a la crisis, la cual incluye romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria. En ese sentido, la vuelta a las calles del movimiento de mujeres y diversidades, con total independencia del Estado y sus partidos, resulta prioritario para que estas demandas prosperen.

 

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