Los datos de pobreza emitidos ayer por el INDEC sancionan un crecimiento de la pobreza con consecuencias desgarradoras. Las cifras muestran una escalada de la pobreza a 42%, lo que totaliza el cálculo de que hay 19 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Entre lxs menores de 15 años las cifras de pobreza ascienden a 57,7%. La tasa de desempleo entre mujeres de 14 y 29 años asciende según los últimos datos al 26%.

“El problema del hambre perjudica especialmente a las mujeres, no sólo porque son ellas las más afectadas por los índices de pobreza sino también porque en general son las encargadas de los cuidados de las niñas, niños y adolescentes. Son ellas además las que tienen los trabajos más precarizados y peor remunerados y el 75% del trabajo no remunerado en el país también lo hacen las mujeres”. La autora de este diagnóstico sobre las mujeres y la pobreza es la ministra de las Mujeres y diversidades y sus palabras fueron dichas días después de asumir (Elizabeth Gómez Alcorta, diciembre 2019).

Pasado más de un año de aquellas declaraciones, la acción gubernamental sólo agravó aquel cuadro, y lo agravó por encima de lo que lo agravaron otros gobiernos que tienen economías similares a la nuestra en la región. El promedio general de caída económica en el continente fue un 40% más baja que la de Argentina. No obstante esto, desde noviembre del año pasado el gobierno ha eliminado el único ingreso extraordinario que existía y que tramitaba a través del IFE. Los fondos de los cuales se pagaron las 3 IFE el año pasado pertenecen mayoritariamente a impuestos al consumo. Los prometidos fondos correspondientes al “aporte solidario” de las 13 mil personas más ricas del país, nunca llegaron hasta ahora y tal como figura en la ley votada, su destino no es la población más pobre del país.

Durante la pandemia las mujeres destinaron 70% más de su tiempo a tareas de cuidado, sin embargo el gobierno no ofreció ninguna política al respecto de este punto. Peor aún, al comenzar este año y luego de haber pasado todo el 2020 en cuarentena, con consecuencias terribles para la profundización de la violencia que se desata al interior de las hogares, algunas funcionarias y diputadas informaron que se ponían a trabajar para ofrecer un plan relativo a las “tareas de cuidados” ¡en 8 meses!

Como consecuencia de este cuadro se profundizó la brecha, que ya se registraba, entre la cantidad de horas que dedican los hombres y las mujeres al trabajo no remunerado a un 97%. Las mujeres que realizan trabajo no remunerado declaraban dedicar en promedio 6,4 horas diarias a las actividades domésticas, mientras que los varones le dedican 3,4 horas diarias. Con la cuarentena las mujeres que hicieron teletrabajo vieron incrementada esta dedicación.

Como efecto de la pandemia las empresas aprovecharon para recortar una serie de derechos laborales que impactan negativamente sobre la vida de las trabajadoras: los fondos para refrigerios, el trabajo presencial como forma de salir del encierro doméstico, los espacios para la lactancia y las licencias para cuidados de terceros. Las reformas que ejecutaron las empresas para rebajar los costos laborales, fundamentalmente las que ganaron con la pandemia, no fueron ni observadas ni objetadas por el gobierno o por el Ministerio que decía, venía a defender a las mujeres.

Para el centro de estudios CEPA “aun cuando se consideran los ingresos personales, es decir, aquellos compuestos por la totalidad de los ingresos de una persona (ingresos laborales de la ocupación principal y secundaria e ingresos no laborales, como por ejemplo jubilaciones, pensiones, renta, cuota por alimentos, entre otros), la brecha entre varones y mujeres se ubica en el 28%”.

Del total de las personas que percibieron el IFE, el 55% fueron mujeres y más del 60% de esas mujeres son menores de 34 años, según CEPA.

También las jubiladas ocupan un universo mayoritario entre quienes perciben los ingresos más bajos del sistema. Su inclusión a través del régimen de moratoria las alistó entre un enorme ejército de mujeres que reciben ingresos asistenciales. Sin embargo, las mujeres que en la actualidad llegan a los 60 años no encuentran forma de ingresar al sistema que requiere cada año haber tenido mayor cantidad de años de aportes durante la etapa económicamente activa y están condenadas a recibir una dádiva que es la PUAM, inventada por Mauricio Macri y nunca modificada por el gobierno actual.

En el tercer trimestre del 2020 se nota una fenomenal caída de las ocupadas en trabajos de casas particulares al nivel de 670 mil trabajadoras (Ecofeminita) . Se ven allí las consecuencias de una política que dejó sin trabajo al 60% de ellas.

Entre las asalariadas mujeres el 29,2% trabaja sin ningún registro. Entre las trabajadoras domésticas un 65,2% de ellas no percibe descuento jubilatorio, un 59,8% de estas trabajadoras no cuenta con vacaciones pagas, un 60,8% no percibe aguinaldos, un 61,9% no percibe el pago en caso de enfermedad, y un 64,3% no cuenta con cobertura de salud mediante obra social (Ecofeminita).

Apuntan contra la juventud

La franja etaria de mujeres de entre 14 y 29 años es en la que se concentra no solamente el universo de personas que más busca trabajo y menos encuentra. También entre esta franja están la mayoría de las personas más pobres del país: son las mujeres de entre 18 y 34 años las que representan al 60% de las mujeres que accedieron a la IFE y que terminaron totalmente desprotegidas con su eliminación.

Tampoco para ellas el gobierno ha ofrecido ningún tipo de política concreta para paliar su situación. Esta realidad material las somete con mayor intensidad a formas de la vulneración de las personas que no son puramente laborales, es más fácil abusar y aprovecharse de mujeres pobres que padecen hambre.

La acción de parte de estos jóvenes pidiendo algo tan elemental como Internet para sus barriadas fue desatendida por el ministro Trotta, que después de un año de pandemia y entrando en la segunda ola, no le pareció necesario resolver un tema tan elemental. Se trata de iniciativas que encontrarían resistencias en las empresas proveedoras de servicios de Internet, pero los funcionarios gubernamentales no quieren chocar ni mínimamente con ellas.

El “Programa Acompañar”, el nuevo Barbijo Rojo del gobierno

La única política concreta que anunció Alberto Fernández en 2020 para enfrentar la violencia de género en las relaciones interpersonales (para el gobierno, no existe otra forma de la violencia) fue la del Plan Acompañar.

Según declararon lxs propioxs funcionarios, para dicho plan se destinarían 4.500 millones de pesos sobre un total de 18 mil millones de pesos que en diferentes carteras llevan la etiqueta PPG (Presupuesto con Perspectiva de Género). Sin embargo el concepto del programa es de por sí una total estafa: se supone que cada municipio debe gestionarlos aunque hasta ahora no han dado respuestas en ninguno de ellos, el Ministerio de las Mujeres no los gestiona ni centraliza dejando a las mujeres en una mayor indefensión a partir de no permitirles conocer las reglas del juego que cada municipio manipula a su antojo.

Los fondos para el plan provienen nuevamente de impuestos regresivos, o sea que son los y las trabajadoras quienes deben costear desde impuestos regresivos como el IVA o desde sus aportes jubilatorios una mala política gubernamental. Sin embargo aún así no llega a las mujeres. El Plan es incompatible con las que cobran planes sociales de 10 mil pesos y sólo pueden acceder a él las trabajadoras de casas particulares estén o no registradas y todas las mujeres que pueden recibir AUH o AUE pero no planes sociales.

Toda la política gubernamental está dirigida a cumplir con los planes ajustadores fondomonetaristas, lo demás es puro verso.

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