En el día de ayer, en el marco del inicio del juicio por el femicidio de Fátima Acevedo cometido el 8 de marzo del 2020, compañeras del Plenario de Trabajadoras y el Polo obrero realizaron una concentración y acto frente a la casa de Entre Ríos. La acción se replicó también en varios puntos de la provincia del Litoral, con su epicentro en la ciudad de Paraná, donde organizaciones de mujeres, familiares y amigues realizaron además una vigilia por el pedido de juicio y castigo para Martínez y los funcionarios cómplices del hecho.

Al igual que con el caso de Úrsula Bahillo que conmovió al país hace dos semanas, y el de Esther Mamani, también compañera del Polo Obrero del barrio 1-11-14 en CABA, Fátima había realizado numerosas denuncias, previas al desenlace del caso, reclamando por las amenazas y el acoso constante de su expareja. Así lo retratan sus audios que muestran el hartazgo por la inacción de la policía y el juzgado frente a sus pedidos, pintando de cuerpo entero que el Estado le dio la espalda y es responsable, pero no por omisión.

El tortuoso camino para denunciar en comisarías que atraviesan las víctimas y que resultan inocuos para dar protección son el rasgo distintivo en todos los casos. Así lo destacó en su intervención en la Casa de Entre Ríos la dirigente del Plenario de Trabajadoras Vanina Biasi, explicando detalladamente hasta qué punto las mujeres son revictimizadas, las trabas que se imponen para dar curso a las denuncias y la rotación diaria en comisarías a las que someten a las víctimas. Una rutina donde las denuncias realizadas previamente son archivadas, las perimetrales no son notificadas al agresor y los botones antipánico inútiles frente a un femicida quedan bajo responsabilidad de las mujeres violentadas, como el cumplimiento de cualquiera medida de protección.

No hay ningún tipo de seguimiento al acusado ni protección real a las denunciantes, por caso Fátima se encontraba saliendo de una casa refugio cuando fue vista con vida por última vez. Un cuadro de situación que coloca al Estado como responsable desde el punto de origen y llegada, ya que la violencia es impartida desde arriba y funciona como un mecanismo auxiliar de explotación bajo este régimen social, y en tanto da la espalda a las mujeres cuando acuden a diversas instituciones a pedir ayuda.

Pasados 6 años del primer Ni Una Menos, el Estado no tiene ningún programa de intervención sobre la violencia hacia las mujeres más que el anuncio de la creación de nuevos organismos atados al poder ejecutivo, planes y programas que terminan siendo cartón pintado frente al crecimiento de femicidios, en un país donde las cifras son alarmantes y se contabiliza un hecho por día. El programa Acompañar para víctimas de violencia brinda una asistencia equivalente al salario mínimo que no alcanza al monto de la canasta básica, muy lejos de abonar a una independencia económica, y tiene un período de 6 meses, sin ninguna perspectiva.

Semanas atrás asistimos a la indignación de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta frente al accionar de la justicia en los femicidios, sin embargo, el Ministerio de las Mujeres, que ella dirige, no ha hecho nada para suplir las falencias del poder judicial ni para desarrollar dispositivos integrales que necesariamente están atados a mejorar las condiciones materiales de vida de las mujeres. En esta línea Vanina Biasi enfatizó en que la creación de un Consejo Federal para atender a los femicidios, anunciado recientemente, no constituye una vía de solución al problema en tanto es parte de un gobierno que tiene una orientación ajustadora que empeora la de vida de las mujeres y que choca directamente con las demandas del movimiento de mujeres en esta materia.

Los gobiernos son responsables de las condiciones que agudizan la violencia y la descomposición social, como la profundización de la pobreza, el déficit habitacional y el hacinamiento, la ausencia de una educación sexual laica y científica en las escuelas, el retroceso económico y la desocupación que golpea principalmente al género femenino y reduce su capacidad de autonomía.

Como Fátima Acevedo y Esther Mamani, compañeras del Polo Obrero que peleaban por un ingreso igual a la canasta familiar, trabajo genuino y un plan de vivienda y urbanización en los barrios, las mujeres debemos organizarnos frente al fracaso de los organismos estatales. Es necesario poner en pie consejos autónomos de las mujeres, independiente a los gobiernos, con presupuesto estatal, que pongan por delante el programa del movimiento de mujeres. Asimismo, ante los fueros expulsivos para contener los casos de violencia, luchar por la elección popular de jueces y fiscales con mandatos revocables y un fuero especial en violencia de género.

Justicia por Fátima, Esther, Úrsula y por todas. Ni una menos, el Estado es responsable.