La jueza federal Cecilia Gilardi de Negre suspendió la venta de misoprostol tras la presentación de un amparo por parte de sectores antiderechos. 

La medida fue impulsada desde la organización Portal de Belén y la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles, dos conocidas organizaciones del riñon del oscurantismo clerical. Presentaron un amparo para prohibir la venta de misop 200 (misoprostol para uso ginecológico).  Solicitaron, también, declarar la nulidad del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, este segundo pedido fue rechazado por la justicia.

Se trata una limitación que se aplica a la venta de misoprostol en farmacias bajo receta archivada, no así para los abortos no punibles en hospitales ni para la implementación del protocolo ILE. La jueza justifica su fallo a partir de las contraindicaciones y efectos colaterales detallados en el prospecto del medicamento, que según ella indicaría como sumamente peligroso realizar abortos por fuera de las instituciones hospitalarias. También señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional –sin esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho constitucional que debe garantizarse”.

Bajo la máscara de pretender “cuidar la salud de las mujeres” se encubre un enorme retroceso. Si nos basamos en la lectura de los prospectos, podríamos considerar suicida la utilización de casi cualquier medicamento. La toma de misoprostol es segura en tratamientos ambulatorios con control médico, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, y dentro de las opciones para la interrupción de un embarazo, se trata de la menos invasiva. El reciente fallo presenta una traba más para la posibilidad de realizar abortos seguros, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos ante un sistema de salud pública vaciado y en el que el acceso a este tipo de intervenciones resulta casi imposible. Es una medida que someterá a miles de mujeres y personas gestantes a realizarse abortos con métodos mucho más riesgosos y dañinos.

La dosis de misoprostol que prohíbe la sentencia es producida por el laboratorio Domínguez, fue habilitada por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología) para el uso comercial en 2018, al calor de la lucha callejera por el aborto legal. Previo a esto, durante el gobierno de CFK y anteriores, el uso de misoprostol comercial y para hospitales estaba prohibido por el organismo. Durante el  kirchnerismo la Anmat estaba orientada por el clero,   la comercialización era patrimonio exclusivo del laboratorio Beta.  El Estado le compraba a dicho laboratorio un medicamento para mitigar dolores reumáticos recubierto de misoprostol en una dosis cuya función es la de cobertor gástrico, llamado Oxaprost. Para cumplir con la práctica de abortos no punibles se deben utilizar varias de estas pastillas.  Con este fallo judicial, Beta recupera el monopolio de la venta comercial, se trata de una estafa comercial y médica con este proceder.

Desde el movimiento de mujeres y disidencias debemos salir a enfrentar esta medida que implica un avance más contra nuestros derechos, orquestado por las Iglesias y su creciente intervención en la región. El abandono de las calles del movimiento allana el camino para avanzadas clericales contra el aborto, la ESI, y la Salud Sexual y Reproductiva del conjunto de las mujeres y la diversidad. La ola verde tiene la tarea de organizarse de manera independiente de quienes pactan con estos sectores para defender nuestro derecho al aborto legal seguro y gratuito, por la separación de la Iglesia del Estado y por todas nuestras reivindicaciones.