Mujer

19/5/2023

Seguiremos peleando contra la impunidad y por verdadera justicia por Anahí Benítez

El martes 16 de mayo se dictó sentencia en el segundo juicio por femicidio, luego de casi seis años.

Anahí Benítez

Este martes 16 de mayo se dictó sentencia en el caso de femicidio de Anahí Benítez, luego de casi seis años de impunidad, dos juicios, una condena anulada y una causa malversada desde el principio. En esta oportunidad fue absuelto Marcos Bazán, quien era el único condenado hasta el momento y había sido señalado como partícipe necesario del secuestro y asesinato de Anahí, y condenado a cadena perpetua en 2020 en un juicio plagado de irregularidades. Dicho juicio fue revisado en diciembre del 2021 por el Tribunal de Casación Bonaerense, el cual ordeno anularlo como así también la condena a Bazán, y dictaminó que debía realizarse un nuevo juicio. Estas idas y vueltas de la justicia en este caso solo pueden ser entendidas bajo la lógica de la impunidad.

El caso

Anahí Benítez salió el sábado 29 de julio de 2017 por la tarde a dar un paseo. Se dirigía a Parque Barón –un gran parque de esa zona de Lomas de Zamora visitado por muchos vecinos- pero nunca llegó. Anahí era una joven de 16 años que cursaba 5º año en el Enam, era amante de la naturaleza, el dibujo y una activista estudiantil querida por docentes y estudiantes. Apenas se conoció su desaparición, su familia, amigas/os y vecinos tejieron una red de difusión y búsqueda por todo Parque Barón, contactaron a los medios de comunicación e hicieron marchas pidiendo por la aparición con vida de Anahí. Como suele ocurrir en estos casos, fue esta lucha la que obligaró a las autoridades a reaccionar, incluida la intendencia de Martin Insaurralde y la gobernación de María Eugenia Vidal. Oportunamente, la madre de la joven, Silvia perez Vilor, fue a denunciar su desaparición y fue maltratada e ignorada por los policías de la Comisaría  9º, como también suele ocurrir. Por su parte, los medios de comunicación se dedicaron a indagar en la vida privada de una menor de 16 años, en lugar de averiguar por qué cientos de policías que supuestamente “rastrillaban la provincia día y noche” no podían encontrar a una chica que desapareció a la vuelta de su casa.

Seis días después, su cuerpo aparecería en la Reserva Santa Catalina. Había sido secuestrada, drogada, abusada y asesinada la noche anterior. Es decir que, al menos durante 5 días, mientras su familia, compañerxs y amigxs la buscaban, ella estaba viva. Pero ni la fiscalía nº2 especializada en violencia de género, a cargo de las fiscales Verónica Pérez y Fabiola Juanatey, ni los funcionarios policiales puestos a investigar la desaparición de Anahí lograron encontrarla con vida. Este “fracaso” sería solo el primer momento de una trama de impunidad que pretendía cerrar el caso lo más rápido posible.

El primer juicio

La investigación estuvo plagada de irregularidades. Hay que volver a decir que la instrucción de la causa la realizó personal policial que, cuatro meses después del femicidio de Anahí sería acusado de pertenecer a una red de extorsión, coimas y protección de redes de trata y narcotráfico que operaban en Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Centenario y Parque Barón, barrio de donde era Anahí (Página12 1/19). Los detalles de la investigación fueron filtrados a los medios de comunicación, las pruebas se malversaron y se forzaron indicios para convencer a la familia de Anahí y a la opinión pública de que se avanzaba. Así mismo, las fiscales ignoraron todas las líneas de investigación que podrían vincular el femicidio de Anahí con elementos ligados al poder político y policial de Lomas de Zamora y se centraron en Marcos Bazán, un joven que vivía en la Reserva Santa Catalina. Sobre él no pesaban más que pruebas circunstanciales, las cuales fueron usadas en un juicio realizado en plena pandemia, de manera express y que el propio poder judicial debió anular tiempo después.

El segundo juicio

Este nuevo juicio realizado entre abril y mayo de este año trató de subsanar algunas de las evidentes maniobras que circundaron este caso para evitar que se llegue a la verdad. En primer lugar, fue juzgado y condenado a cadena perpetua Marcelo Villalba, quien tenía el celular de Anahí en su poder y de quien encontraron rastros genéticos en el cuerpo de la joven. Villalba era un conocido dealer de la zona, que además a principios de 2017 había recibido una denuncia de abuso por parte de una mujer en CABA. Dichos antecedentes fueron soslayados por las fiscales durante la instrucción y por los jueces del TOC n 7 durante el juicio. Apenas iniciado este proceso en el 2020, el abogado de Villalba presentó un informe psicológico que sostenía que Villalba no estaba apto para ser juzgado. El tribunal, sin más elementos que este escrito, dejó de juzgar a Villalba y se concentró en Marcos Bazán, que fue condenado a cadena perpetua. En diciembre del 2021 esta sentencia sería revisada debido a los múltiples cuestionamientos que presentaron varias organizaciones que sostenían que Bazán era inocente y que el juicio había sido una aberración judicial. Sin embargo, a pesar de esta condena, aún quedan muchos elementos para investigar. La propia madre de Anahí sigue sosteniendo que en el secuestro, abuso y femicidio de su hija participaron más personas, y que estas son personas poderosas, porque no es posible sino entender las pruebas malversadas, la falta de investigación en líneas que llevan a las redes narcos que operan en la zona, las amenazas que recibieron amigos y familiares y un sinfín de atropellos y violencias que son comunes en estos casos, donde el Estado protege a violadores y asesinos, en pos de defender sus negociados.

No es inoperancia, es impunidad

Un dato novedoso surge en este segundo juicio y sirve perfectamente como ejemplo de que la justicia nunca quiso llegar a la verdad. Las fiscales Perez y Juanatey pudieron encontrar viva a Anahí y no lo hicieron, porque “se equivocaron” en pasar unos datos al pedir a las empresas telefónicas que informen si había habido algún cambio en el celular de la joven (la colocación de una nueva tarjeta sim, por ejemplo). El celular de la joven fue apagado horas después de su desaparición, pero si alguien hubiera puesto un nuevo chip en ese teléfono podría descubrirse la ubicación de este. Las fiscales pidieron esta información a la empresas telefónicas, pero pasaron mal el número de IMEI y la fecha requerida para el rastreo: pusieron “del 31 de julio al 1 de julio de 2017”. Para cualquiera que ve esa fecha queda en evidencia que está mal.

Obviamente las empresas contestaron que no habían registrado ningún cambio. Lo espantoso del asunto es que la empresa Claro respondió solo unas horas después del pedido, ese 1 de agosto, cuando Anahí estaba aún viva. Si los datos hubieran estado bien, posiblemente se hubiera hallado a Anahí con vida al registrarse efectivamente un cambio de chip y la ubicación del teléfono. Sin embargo, en la fiscalía nadie pareció darse cuenta del “error” hasta tres días después, cuando corrigieron el IMEI y la fecha. Era 4 de agosto, y esta vez Claro respondió que había detectado un cambio de chip en el celular de Anahí. Sin embargo, el informe fue “olvidado” por la fiscal Juanatey en su mail hasta el 10 de agosto, fecha en que pidió el rastreo del nuevo chip. Recién una semana después, y ya con Anahí asesinada. A partir de este pedido de rastreo, darían con Marcelo Villalba, que le había “regalado” el celular de Anahí a su hijo.

El abogado defensor de Marcos Bazán, Manuel Garrido dijo en su alegato: “La fiscalía no pudo dar con la pista adecuada en tiempo oportuno por la negligencia en confeccionar sus solicitudes. Debe tenerse presente que las empresas requeridas contestaron el mismo día 1 de agosto lo que se les pedía pero, claro, seguramente con un error sobre las fechas requeridas o bien sobre un IMEI que no era el correcto. La fiscalía pudo probablemente haber evitado el femicidio de Anahí si hubiera obrado con la debida diligencia. Ello no ocurrió” (cita en Pagina 12, 3/05/2023)

La indignación es total porque es obvio que no se trata de un error o una “negligencia”, se trata nada más y nada menos de un brutal armado de impunidad por el cual deberían responder las fiscales, pero también Martín Insaurralde y María Eugenia Vidal, entonces gobernadora de la provincia. Alertada del dato, la ministra de Género de la Provincia de Bs As., Estela Diaz, debería haberse mínimamente pronunciado. Pero ello no ocurrió.

Anahí es bandera

La bronca y dolor por el femicidio de Anahí se ha convertido para su familia, para muchos de sus amigos y amigas, y para todo el movimiento de mujeres y diversidades en un combustible para seguir luchando hasta el final por justicia para ella. Es claro que los responsables políticos de su crimen aún no han sido encontrados y la Justicia pretende cerrar el caso porque los protege. Seguiremos pidiendo que se investiguen todas las responsabilidades policiales, judiciales y políticas, porque solo de esta manera habrá verdadera justicia en este caso. Anahí, tu sonrisa es bandera hasta el final de esta lucha.