El fiscal Ricardo Mazzuchi de Carlos Paz, a cargo del caso del femicidio de Andrea Castana, solicitó una prueba de ADN de Diego Concha, exdirector de defensa Civil, quien se encuentra con prisión preventiva por dos graves causas de 2021. Está denunciado por haber amenazado a su exesposa con un arma y, luego, de haber violado a la bombera Luana Ludueña, quien luego se suicidó.

Según declaró el fiscal a los medios locales, Concha habría participado de la búsqueda de Andrea en 2015, quien fuera encontrada asesinada en inmediaciones del Cerro de la Cruz en Carlos Paz. El fiscal expresó que el análisis de ADN fue practicado a todos los que participaron de la búsqueda, menos al destituido funcionario, quien también tenía familiares maternos que vivían en la base del Cerro, y que no fueron investigados en su momento.

Asimismo, una funcionaria judicial vinculada a la pesquisa, releyendo los testimonios obtenidos en aquel 2015, advirtió que una testigo había descripto a un “hombre corpulento, morocho y con una marca en el labio” bajando la montaña. (La Voz, 17/5)

Ante el procedimiento, Luis Castana, padre de Andrea, declaró en los medios que le sorprendió la medida, pero que no tiene expectativas, dada la cantidad de análisis de ADN que tuvo la causa desde que inició. Posteriormente dio a conocer, en entrevista con Radio Mitre, la existencia de audios tomados de las cámaras de seguridad del Cerro, que fueron desechados como prueba por parte de la Justicia. Castana alega que logró con un experto quitar los ruidos de fondo y escuchar claramente conversaciones que indican una planificación del crimen: se nombran en la grabación personas vinculadas al hecho, siendo “Marcos” quien dio la orden del asesinato, al decir “denle fruta” (ídem).

El padre de Andrea viene exigiendo que se tomen en cuenta pruebas que son desestimadas sin un análisis previo formal. La justicia se maneja igual que en el caso de Cecilia Basaldúa: descartando los aportes de la familia y siguiendo líneas de investigación sin sustento en pruebas reales.

El caso de Andrea es demostrativo de un sistema que ante los femicidios reacciona encubriendo y dilatando los tiempos, en protección a los femicidas. Pasaron 7 años hasta que el fiscal decidió tomar una prueba de rutina, meses después de que fuera denunciado públicamente Diego Concha.

Exigimos Justicia por Andrea. Ni una menos, el Estado es responsable.

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