A 15 años y medio del femicidio de Paulina Lebbos en Tucumán, la sentencia contra los funcionarios que encubrieron al asesino quedó firme. La pena cayó sobre Eduardo Di Lella, exsecretario de Seguridad; Hugo Sánchez, exjefe de la Policía provincial; Nicolás Barrera, exsubjefe de Policía; Héctor Brito, exjefe de la Unidad Regional Norte y Hugo Rodríguez, exoficial de la policía. También está imputado, en este caso por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, Roberto Luis Gómez, quien usó el chip del celular de Paulina.

Todos estos personajes, desde el mismo momento en que fueron denunciados, fueron protegidos por el exgobernador José Alperovich, quien incluso los premió con ascensos en sus cargos y cuando sus situaciones se hicieron insostenible, con jubilaciones de privilegio. Di Lella y Sánchez fueron funcionarios del tres veces gobernador de la provincia. Las sentencias confirmadas habían sido dictadas en el marco del juicio oral y público que comenzó en el 2018 y concluyó el 25 de febrero de 2019, en que se ventiló el asesinato de Paulina y su posterior encubrimiento.

A lo largo de todo el juicio, diversos testimonios pusieron al descubierto lo que se denunciaba en cada movilización -todos los martes: la participación de todo el régimen político provincial en el encubrimiento del crimen. Esta responsabilidad no sólo envuelve al entonces gobernador Alperovich sino también a Juan Manzur, quien para la momento del crimen de Paulina fue quien presidió la Convención Constituyente.

Las movilizaciones populares encabezadas por la familia de Paulina y la Comisión reclamaron que Alperovich sea juzgado también. A este manto de impunidad se suma la denuncia de su sobrina por abuso sexual, y la complicidad de todo el poder judicial tucumano, quienes maniobraron desde un comienzo, incluso declarándose incompetentes para llevar adelante el caso, como el juez Maggio, defensor de genocidas.

La sentencia firme a los funcionarios implicados en el encubrimiento del femicidio de Paulina es producto de la potencia de la organización. Debemos seguir en estado de alerta y movilización permanente para conquistar su cumplimiento efectivo y justica para todas las víctimas.

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