Una niña de 10 años fue obligada a parir, este lunes, en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en San Miguel de Tucumán. El violador, Carlos Alberto Merlos, de 54 años, está prófugo. La niña llevaba un tiempo gestacional de 7 meses. Según la información que circuló en los medios locales, la niña ingresó al Hospital Eva Perón, que la derivó sin garantizarle la interrupción legal del embarazo y luego, en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, tuvo lugar el parto. Una práctica de tortura.

La madre de crianza aseguró haberse enterado del embarazo de la niña recién al séptimo mes de gestación, en octubre pasado, cuando realizó la denuncia tanto ella como la progenitora de la víctima. Desde esa fecha, Carlos Merlos se encuentra prófugo de la Justicia provincial. Según la investigación, a las 24 horas que fue denunciado vendió su casa y se dio a la fuga con un cómplice y el dinero de la venta de la propiedad (Ámbito, 13/1).

El caso de esta niña tucumana tuvo una enorme repercusión mediática. A un año de la sanción del aborto legal en nuestro país, la efectiva aplicación de la ley sigue siendo bloqueada por las iglesias amparadas por el poder político y los gobernadores. El propio gobierno de Alberto y Cristina Fernández refuerzan el poder de las iglesias para que colaboren, con la prédica del oscurantismo y la resignación, en hacer pasar el ajuste. Las iglesias reciben beneficios económicos de todo tipo que les permite ejercer un tutelaje sobre las mujeres y niñas en el sistema de salud y de educación; y que se perpetúa durante todos los gobiernos.

La Tucumán de Manzur, hoy ascendido al puesto de jefe de gabinete nacional, es emblema en materia de oscurantismo, vulneración de derechos de las mujeres y diversidades y de tortura a niñas. Recordemos que la importante movilización por #NiñasNoMadres a comienzos de 2019 fue precisamente la respuesta popular ante un caso similar en esa provincia, en el que se obligó a llevar un embarazo a término a una niña de 11 años. La continuidad de esa política derechista y antiderechos en la provincia de Tucumán nos trae a una nueva niña víctima. Que esta barbarie es parte de una política de Estado en la provincia lo demuestra el hecho de que el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, es él mismo un “objetor de conciencia”: tal es la política que prima en el sistema de salud tucumano, como en tantas otras provincias.

Tucumán es a su vez una de las provincias que tiene las tasas más altas de abuso infantiles y niñas madres, obligadas a gestar, ya sea por una gestación fuera del límite permitido por la ley de IVE o por demora del trámite burocrático en la justicia. Con estos pretextos las niñas son obligadas a gestar, maternar y morir en el parto o cesárea. También es una de las provincias en donde no se dicta la educación sexual, laica y científica dejando a las infancias desprotegidas.

Este caso pone sobre la mesa que en más de una oportunidad existen casos de niñas que, aún cuando la ley avala una interrupción legal del embarazo, son obligadas a gestar y a parir por parte del Estado. Niñas entre los 10 y los 14 años, una franja etaria que aún no es plenamente la adolescencia. Al día de hoy en Argentina, habiendo conquistado la ley de IVE, debemos seguir reclamando #NiñasNoMadres.

La lucha por la implementación efectiva de la ILE y por el aborto legal la tenemos que defender en las calle, unida al reclamo por la separación de la iglesia del Estado. El movimiento de mujeres y diversidades debe volver a ganar las calles, como lo hicimos siempre para defender nuestros derechos, con independencia de todos los gobiernos.