Los decretos de prohibición de despidos y doble indemnización ordenados por el gobierno nacional (y convertidos con su propio aval en papel mojado por las patronales), quedarán sin efecto a partir del primero de enero y mediados del año próximo respectivamente. También se dejaría morir al Repro II. El discurso oficial es que se abandonan las medidas de emergencia por la recuperación de la actividad económica y el empleo, y que la misma debe apuntalarse con planes de incentivos a las patronales. Son gestos en favor de los preceptos sustanciales de la reforma laboral en danza y el paquete de reformas antiobreras que reclama el FMI y toda la clase capitalista. Sin embargo, las estadísticas muestran un alto nivel de pauperización de los trabajadores.

El anuncio formal de que los dos decretos no continuarán en el próximo año había sido adelantada ya por el ministro de Trabajo Claudio Moroni ante el magnate Paolo Rocca y Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial. Una ironía, ya que el DNU de prohibición de despidos se dio en “respuesta” a la amenaza de Techint, el grupo empresario de Rocca, de cesar el contrato de 1.450 trabajadores de su planta laboral en marzo de 2020, al inicio de la cuarentena estricta. Las cesantías se ejecutaron igual semanas después sin consecuencia alguna, ya que contó con la homologación del mismo Ministerio de Trabajo.

También estaría previsto desmantelar el Repro II, algo que ya viene sucediendo porque progresivamente se restringe cada vez más su otorgamiento (El Cronista, 21/12). Este, recordemos, es un esquema de subsidios por el cual se financia parte del salario de los trabajadores a patronales que aducen crisis, con fondos de la Anses. Ahora, esa porción de los recursos de la caja previsional se volcaría a otros programas de beneficios por contratación de personal, como Te Sumo y Portal Empleo, que son un cúmulo de subsidios y exenciones impositivas. En el primer caso se le ofrece a la juventud puestos que comienzan con medio año de “capacitación” cobrando míseros $15.000 y sin obligatoriedad de las patronales de continuar con la relación laboral, mientras que el segundo es una reducción casi total de los aportes patronales.

Toda esta orientación se inscribe en el compromiso oficial con las reformas flexibilizadoras de convenios y regímenes de trabajo, como en el caso de Toyota Zárate celebrada por el propio Alberto Fernández. En esencia, son facilidades para que las patronales contratar y despedir sin mayores costos. En la agenda fijada por el FMI y las principales cámaras empresarias del país de avanzar en la liquidación de los convenios colectivos de trabajo y las conquistas adquiridas como condición para revertir la huelga de inversiones.

No obstante, el reciente informe del Indec sobre el mercado de trabajo en el tercer trimestre de 2021 da cuenta de que la “recuperación del empleo” se asienta precisamente en una mayor explotación de la fuerza de trabajo, en momentos en que es también récord histórico la cantidad de trabajadores ocupados bajo línea de pobreza. Entre ellos se cuenta un 13,3% de subocupación, y la continuidad los ocupados demandantes de empleo sigue ubicándose en un altísimo 16,5%; en total la cuarta parte de la mano de obra no completa una jornada laboral. En tanto, uno de cada tres trabajadores asalariados no tiene aportes jubilatorios. El problema no radica en el costo laboral, sino en el parasitismo patronal.

A su vez, si bien cayó la tasa de desocupación, esta aún comprende a un 8,2% de la población, es decir a 1.100.000 personas -mayormente jóvenes de hasta 29 años-, de las cuales el 43,9% intenta acceder al mercado laboral hace ya más de un año sin lograrlo. Este dato se suma al hecho de que de cada cuatro puestos laborales perdidos en pandemia, uno no se recompuso.

La promocionada reforma laboral vendría, entonces, a consolidar institucionalmente una precarización laboral que avanza en los hechos. Debemos enfrentar esta ofensiva contra los derechos conquistados y redoblar la pelea por la defensa incondicional de los convenios colectivos, el pase a planta permanente, el fin de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. En definitiva, se trata de derrotar el rumbo hacia el pacto de ajuste con el FMI, para abrir paso a una recuperación económica real sobre nuevas bases sociales.