La política económica del gobierno de Alberto Fernández se ha encerrado en su propio laberinto. No está de más en insistir que se mostró rotundamente falsa su premisa de que un acuerdo de reestructuración de la deuda externa resolvería en gran medida las tensiones de la economía nacional. Martín Guzmán había prometido que una vez sellado el canje se aliviaría la tensión cambiaria, y que sentaría a su vez las bases para que las empresas y las provincias renegociaran exitosamente sus obligaciones. Nada de eso sucedió. La cotización de los bonos y de las acciones desde el acuerdo con los bonistas cayeron un 20%. Las concesiones al capital agrario para estimular las exportaciones entraña una nueva encerrona.

El agravamiento de la crisis, tras el prematuro fracaso del supercepo cambiario, agravó los choques al interior del gobierno. En una reunión de emergencia realizada el fin de semana en la Quinta de Olivos, con la presencia de lo enfrentados Cristina Kirchner y el presidente del Banco Central Miguel Pesce, se buscaron acuerdos. El gobierno nacional habría resuelto allí avanzar en medidas para incrementar la liquidación de las exportaciones, que cayeron en picada porque los pulpos retienen la cosecha a la expectativa de una devaluación, agudizada por una brecha cambiaria en torno al 90%.

De fondo existe una desesperación ante la incapacidad de frenar la caída de las reservas internacionales del Banco Central, que continuó durante las dos semanas de feriado cambiario tras el anuncio de las nuevas restricciones, y en el primer día de actividad bajaron casi 100 millones de dólares. Lo que se implementaría ahora es una baja en forma temporaria de las retenciones a la soja y el maíz, para que los acopiadores liquiden la cosecha retenida, equivalente a unos 11.000 millones de dólares. El 40% de la cosecha de soja y el 30% de la de maíz sigue sin comercializarse, esperando la suba del dólar. En el año, las liquidaciones se ubican un 31% por debajo de las del año pasado.

Pero lejos de ser una solución, abre nuevos problemas. En primer lugar, el FMI no avalaría una reducción sostenida de las retenciones, porque ello agravaría el déficit fiscal y pondría en cuestión la única vía para recaudar las divisas necesarias para el repago de la deuda. La idea de que una baja temporaria permitiría salir del paso es una ilusión, porque sentaría un precedente imborrable que en el futuro volverá a dominar todas las apuestas de los pulpos de los agronegocios. El primer indicio de la extorsión ya está en marcha, ya que la siembra de la campaña 2020/2021 arroja que la cosecha será un 6% menor a la de este año.

Las otras variables son igualmente precarias. La opción de recurrir a subsidios o exenciones, en el marco del tratamiento del Presupuesto y cuando otros sectores reclaman auxilio de los fondos públicos deficitarios, no aparece como una vía. Lo que estaría definido es que para las empresas del agro, al igual que para las de minería y energía, quedarán exentas de las restricciones del supercepo para cancelar sus obligaciones. Se configura así un nuevo “pacto Chevron” de alcance general para todas las ramas exportadoras.

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La reprimarización de la economía nacional que deriva de ello es un dato incontrastable. El maíz y la soja representaron el 50% del valor del total de las exportaciones del país, según Bolsa de Cereales de Rosario. Esto, cuando las exportaciones industriales fueron apenas un 22%, un mínimo histórico que se ubica un tercio por debajo del promedio de los últimos 15 años (Perfil, 26/9). Sostener el planchazo de la industria, con sus miles de despidos, es parte de las condiciones para mantener el precario superavit comercial. Esto cuando la desocupación dio un salto del 30% en el país. La suba de las tasas de interés en pesos, para desincentivar el ahorro en dólares, anularía el margen para una reactivación productiva -y agrandaría la ganancia de los bancos privados que hacen su agosto con la tasa del 38% de las Leliq.

Estas contradicciones conducen a un único lugar: la devaluación, que el gobierno pretende evitar. El supercepo cierra la ventanilla a cuatro quintos de los compradores de dólares -entre ellos a los trabajadores cuyas patronales solicitaron el ATP-, pero en agosto las divisas que se fueron por esa vía fueron exactamente equivalentes a las que se fugaron por el pago de intereses al FMI. El cuadro es crítico porque las reservas internacionales están cada vez más cerca de 0. La opción de ejecutar el swap chino genera resquemores en Washington.

De esta manera nos acercamos al peor escenario, que es el de la maxidevaluación una vez que la caja del Central se encuentre en terreno negativo. Esto por supuesto que no afectaría a todos por igual. Por fuera de los beneficios extraordinarios que brindaría a los sojeros, las mineras y las petroleras, los inversores ya se preservan de los efectos de una depreciación del peso recurriendo a los contratos de dólares a futuro, que quintuplicaron su demanda la semana pasada. Para las familias trabajadoras será una confiscación en gran escala por vía inflacionaria; la cámara de las alimenticias acusa que al día de hoy los precios acumulan un atraso del 20%. Es la punta del iceberg de cómo se preparan los capitalistas para descargar sobre los consumidores el encarecimiento del tipo de cambio.

Las contradicciones mortales de la política del gobierno de Alberto Fernández la pagan los trabajadores. La misión del FMI que arribará al país en octubre será la ocasión para contraponer un programa antagónico, basado en el repudio de la deuda externa usuraria y la nacionalización de la banca y el comercia exterior bajo control obrero.

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