El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará, junto a gobernadores, un juicio político contra el jefe de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el resto de los miembros del organismo. El propósito del juicio sería “investigar las conductas” del máximo tribunal, el cual según Fernández y altos funcionarios del gobierno posee un “vínculo promiscuo” con empresarios y sectores de la oposición de Juntos por el Cambio.

La movida del presidente y sus aliados ocurre en medio de un agravamiento de la crisis política, social y económica. El Poder Judicial adquirió un rol de arbitraje en el escenario nacional. El juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández; la reunión que en Lago Escondido tuvieron elementos vinculados a los servicios de inteligencia, miembros de la Justicia, empresarios y un funcionario de Larreta; y el fallo a favor de CABA dictado por la Corte en relación a los fondos de coparticipación, son algunas muestras de ello.

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La revelación de chats que involucran a Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad de Larreta) en negocios turbios y operaciones con funcionarios de la Justicia también se inscriben en esta línea. En ellos se ve a Silvio Robles, principal vocero de Rosatti, recomendándole a D’Alessandro cómo abordar el reclamo del senador Luis Juez con respecto a su lugar en el Consejo de la Magistratura, y qué hacer frente al problema de la coparticipación.

Se trata de un anuncio “inocuo”, es difícil que esta medida prospere. El requerimiento de juicio político debe ser presentado en la Cámara de Diputados, y luego analizado en una comisión. En caso de que haya dictamen a favor, el parlamento tendrá que aprobarlo con el voto de al menos dos tercios de los diputados. Juntos por el Cambio, de todos modos, rechazó el pedido de juicio.

Fernández, a pesar de su debilidad y relativo aislamiento, pretende arbitrar en la crisis política. Parece que intenta establecer un punto de reagrupamiento para el Frente de Todos, que se encuentra en medio de una disgregación. Con el juicio político, sin embargo, Fernández exime de la “investigación” a los servicios de inteligencia y a los empresarios. El presidente, al igual que CFK y los políticos capitalistas del PJ, es un defensor del orden social, político, y económico vigente, que tiene en los servicios de inteligencia un sostén vital.

La judicialización de la lucha política es una expresión de la descomposición del régimen político argentino y de la incapacidad de la clase dominante para sacar al país de la crisis. Esa podredumbre también se manifiesta en la ligazón de los partidos del establishment con el narcotráfico y los empresarios que manejan las redes de trata, o en la colocación de los recursos del fisco al servicio de los negocios de la patria contratista.

Hay que ponerle fin a este régimen.

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