Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por su titular, el monseñor Oscar Ojea. Si bien el “temario” que se dio a conocer para la reunión era la discusión alrededor del crecimiento de la pobreza, la aprobación del juego online, la implementación del aborto legal y los proyectos de ley de eutanasia, lo que demuestra este encuentro es una reafirmación de acuerdos entre el gobierno del Frente de Todos y el Vaticano, pavimentando el acuerdo con el FMI.

Los obispos le expresaron al Presidente “la importancia de que, tal lo manifestado en su discurso después de las elecciones del pasado 14 de noviembre, se lleguen a acuerdos fundamentales y superadores, que hagan detener la continua confrontación que se vive en nuestro país, ya que en un clima así es muy difícil salir adelante” (Página 12, 16/12). El gobierno va camino hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda ilegítima y la confiscación del país, que supone consecuencias ruinosas para la población trabajadora. El gobierno “no tiene plan B” frente al FMI, que reclama tasas de interés positivas, tarifazos , un nuevo ajuste fiscal, la devaluación de la moneda. En este sentido, el empoderamiento de la Iglesia en todos los ámbitos funciona como moneda de cambio para actuar como una malla de contención en las barriadas más pobres, en este cuadro de ajuste brutal. En la mesa del pacto social, la Iglesia tiene una silla privilegiada.

Además, la CEA manifestó “percibir un aumento en la violencia, en parte por el enojo y la tristeza que ha producido la pandemia”, además “de la creciente desigualdad social, el aumento de la pobreza, la problemática del acceso a la vivienda y la crisis educativa que generó la pandemia”. Esta afirmación resulta de una hipocresía sin límites. La Iglesia Católica es la principal beneficiaria de que el Estado tercerice gran parte de la “asistencia social” en sus instituciones. Los establecimientos educativos confesionales reciben subsidios al 100%, mientras que sus clínicas privadas también gozan de todo tipo de beneficios. Posee la mayor cantidad de propiedades en todo el mundo y en nuestro país está exenta del pago de impuestos inmobiliarios, ABL, patentes. Los altos funcionarios del clero cobraron toda la vida sus abultados sueldos del Estado.

Con respecto al aborto, no hay grietas ni una “recomposición” de relaciones entre el gobierno y la iglesia católica. Hace apenas un mes, una diputada tucumana de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para restringir la interrupción legal del embarazo. Este nuevo embate de grupos ligados a la iglesia trata de limitar lo que la marea verde conquistó en las calles. La aplicación de la Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional también es un pendiente de todos los gobiernos. En la Chaco gobernada por el PJ de Capitanich se plantea convertir a la educación sexual integral en “alternativa y de valores”. Los funcionarios responsables de que en lugar de generar capacitaciones gratuitas de formación docente y espacios específicos para que la ESI sea una materia semanal obligatoria en todas las escuelas niveles y modalidades, resulta que pretenden eliminarla o remplazarla por conocimientos para nada científicos, cumpliendo con el canon de educación “multirreligiosa” como pretende Capitanich (Prensa Obrera, 1/12).

El Estado se sirve del rol de la Iglesia como pilar del disciplinamiento social, y estos vínculos se refuerzan en particular en momentos de ajuste como el actual, avalados por todos los bloques políticos patronales. Está planteada la necesidad de profundizar un camino de organización contra la impunidad eclesiástica y estatal, de lucha contra el Estado, que ni siquiera cumple las leyes vigentes, como se ve en la subejecución del presupuesto para educación sexual mientras proliferan los convenios y subsidios estatales para el clero. Vamos por la separación de la Iglesia y el Estado.