Políticas
2/9/2025
Alejandro Freeland, el abogado de la Suizo Argentina, es un especialista en defender corruptos y persigue luchadores
Fue defensor de la patota de Pedraza que asesinó a Mariano Ferreyra, y denunció por sedición a Myriam Bregman y Nicolás del Caño tras el robo jubilatorio de 2017.
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Droguería Suizo Argentina.
Alejandro Freeland en el juicio por Mariano Ferreyra.
La droguería Suizo Argentina envuelta en el escándalo por las coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad y otros organismo del Estado, tiene como abogado defensor a Alejandro Freeland, especialista en amparar negocios sucios con fondos públicos: fue abogado de la patota de Pedraza responsable del asesinato de Mariano Ferreyra en una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados víctimas, víctimas de las cooperativas truchas del gobierno kirchnerista, la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria y las privatizadas. También denunció por “sedición” a Myriam Bregman y Nicolás del Caño por las protestas de diciembre de 2017 en el Congreso contra el saqueo a los jubilados.
Esa historia resume la política de Freeland: proteger a los capitalistas que se enriquecen con coimas y contratos amañados a costa de la salud y la vida de los discapacitados, jubilados, pensionados, y perseguir a quienes enfrentan el saqueo y defienden los derechos de los trabajadores. Mientras los responsables de negocios millonarios con el Estado quedan resguardados por abogados como él, los luchadores son criminalizados por levantar la voz contra la corrupción y el vaciamiento de los fondos públicos.
Esta forma de operar no es un caso aislado ni propio de un gobierno en particular: la defensa de los capitalistas que se enriquecen mediante el erario público y la persecución de quienes luchan contra el saqueo es una orientación política que se repite generación tras generación, con variaciones de nombres y partidos, pero con la misma lógica de proteger los intereses de los poderosos a costa de los laburantes.
La investigación judicial sigue su curso. La fiscalía trabaja en reconstruir la posible ruta de sobornos, que involucra a la droguería y a funcionarios de la Andis, y solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los hermanos Kovalivker y del exfuncionario Diego Spagnuolo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas analiza facturas, contratos y compras que podrían incluir sobreprecios de hasta el 27% en medicamentos, consolidando la sospecha de un circuito de beneficios irregulares y direccionamiento de fondos públicos.
El gobierno de Javier Milei y su hermana Karina respondieron al escándalo de las coimas en Discapacidad con censura y persecución: intentaron silenciar periodistas, abogados y plataformas digitales para impedir la difusión de los audios que involucran a Karina Milei y revelan la corrupción en la Andis. Las denuncias penal y civil presentadas alegan un supuesto complot de kirchneristas, rusos, venezolanos y hasta de la AFA, mientras omiten por completo las coimas, los contratos irregulares y los pagos que involucran directamente a Karina Milei. Con la complicidad del juez Alejandro Maraniello, que rápidamente dictó cautelares prohibiendo la difusión de los audios, el gobierno busca tapar la corrupción, controlar la información y perseguir a quienes investigan y denuncian los negocios sucios con fondos públicos.
Los allanamientos permitieron el secuestro de correos electrónicos, documentación y contratos de compras de medicamentos. La causa apunta a determinar si los pagos multimillonarios a la droguería Suizo Argentina fueron parte de un esquema de corrupción que afectó directamente a los fondos públicos destinados a jubilados y personas con discapacidad. Mientras el Estado y sus burócratas facilitan los negocios de los capitalistas, los discapacitados, en este caso, siguen pagando el pato.
Frente a la corrupción, la impunidad y la persecución, la única salida es la organización y la lucha.
