El gobierno anunció un bono de 7.000 pesos por tres meses a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), junto a la actualización trimestral del 15,3% prevista para septiembre, de acuerdo al índice de movilidad jubilatoria. Lo que buscan presentar como un “refuerzo” para los ingresos de los jubilados no es más que una cortina de humo de nuevos ataques, para arrimarse al “orden fiscal” que Massa promete al FMI. Aceitan el anuncio de la movilidad con un bono magro para los de la mínima, que cobra más del 60% de los jubilados y está en los niveles de indigencia, precisamente porque mantiene achatados los haberes y no se contemplan en el cálculo de las próximas actualizaciones.

Con el aumento, cinco millones de jubilados cobrarán de septiembre a diciembre una jubilación mínima de $43.300, que llegaría a $50.000 con el bono, cuando a Defensoría de la Tercera Edad porteña estimó que la canasta básica de un jubilado alcanzó a fines de junio los $107.300 -el equivalente a casi tres jubilaciones mínimas ($37.525) de entonces.

Asimismo, según datos del Indec, la canasta básica alimentaria percibió un aumento del 41,1% durante el primer semestre, mientras que las jubilaciones registraron una variación de tan solo un 29,1% para el mismo período, lo que da cuenta que los haberes previsionales corren hace rato muy por detrás del costo de vida.

😡Anuncian un bono jubilatorio miserable, para maquillar la movilidad confiscatoria. Cinco millones de jubiladxs cobrarán, de septiembre a diciembre, una jubilación mínima de $43.300https://t.co/HboCvf4YuD
por Camila Garcia pic.twitter.com/TMDQJm1M7q

— Prensa Obrera (@prensaobrera) August 11, 2022

Ahora el haber mínimo habrá llegado a diciembre con acumulando un 48%, para cuando la inflación ya habrá escalado a un 90% según las estimaciones, degradando aún más el poder adquisitivo de los adultos mayores. Los bonos episódicos buscan encubrir esta confiscación. Incluso, para las próximas actualizaciones impactará negativamente la reducción de aportes patronales que Sergio Massa prometió para las ramas de exportación.

Los haberes jubilatorios vienen siendo desde hace rato la principal variable de ajuste que exige el FMI. Sin ir más lejos la participación de las jubilaciones en la ejecución presupuestaria del Estado nacional viene en caída libre: en el primer semestre del último año del gobierno de Macri significaban el 52,7% de las erogaciones; en igual período de 2020, luego de que al asumir Alberto Fernández congelara la movilidad, se redujo esa participación al 44,6%; para los primeros seis meses de 2021, ya con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria (que no considera los niveles inflacionarios), cayó al 43,6%; y finalmente en la primera mitad de este año bajó hasta el 41,9%. Son datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que revelan así que, en lo que va de mandato del Frente de Todos, los jubilados perdieron diez puntos de su participación en el presupuesto total.

El cuadro se agrava si también tenemos en cuenta que no hubo anuncios acerca de la moratoria para los casi dos millones de adultos mayores que no pueden acceder siquiera a una jubilación, producto de haber trabajado en negro durante la mayor parte de su vida y no contar con los años de aportes necesarios. Según datos del sistema previsional, solo 7 de cada 100 mujeres y 16 de cada 100 varones en edad de retirarse cuenta con los años de aportes correspondientes.

Se profundiza así el camino del macrismo, de la mano del cual surgió la miserable Pensión Universal al Adulto Mayor (Puam), que no es otra cosa que la liquidación de la jubilación como salario diferido y su reemplazo por un subsidio a la vejez. Mientras tanto, las patronales negreras continúan enriqueciéndose a costa del trabajado precario y recibiendo beneficios tributarios, el gobierno empapela de deuda a la Anses para rescatar a la banca y a los especuladores, y cada vez son más los trabajadores jubilados que no pueden siquiera garantizar las cuatro comidas diarias, ni que hablar de pagar un alquiler.

El acuerdo del gobierno con el FMI implica profundizar los ataques a los jubilados, responsabilizándolos por el déficit fiscal cuando como vimos el desfinanciamiento del sistema previsional es responsabilidad de las patronales y el Estado. A su vez, también busca avanzar en una reforma previsional con aumento de la edad de retiro, barrer con los regímenes especiales conquistados, mayor desindexación de la movilidad, todo en dirección a convertir a la jubilación en una pensión asistencial al adulto mayor, separado de toda idea de sueldo diferido.

Para garantizar el conjunto de los derechos jubilatorios para los actuales adultos mayores y para los futuros, hay que impedir el vaciamiento de la Anses y de las cajas provinciales, estableciendo el uso exclusivo de los fondos para los beneficiarios y no para el pago de la deuda, el rescate de los especuladores y los subsidios patronales. Por eso impulsamos una moratoria universal, sin pago de cuotas de ningún tipo para todos los que tengan la edad jubilatoria, con o sin aportes registrados, la movilidad automática acorde a la inflación y a los sueldos, el 82% móvil y una mínima de $100.000. Para eso, el paro nacional y el plan de lucha son medidas necesarias para que los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados intervengamos en forma colectiva contra el ajuste en marcha, enfrentando al gobierno, a la oposición patronal y al FMI.

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