El vencimiento de la moratoria previsional volvió a poner sobre la mesa la proliferación del empleo informal y la magnitud de la población que carece del derecho a acceder a una jubilación por falta de aportes. El gobierno prorrogó por decreto el único régimen de moratoria vigente, dejando afuera a 1.200.000 personas que teniendo la edad o estando próximos a ella no podrán acceder al beneficio. Un estudio publicado recientemente permite tomar dimensión del problema, y refleja que contra los ataques fondomonetaristas del oficialismo y la oposición a los jubilados lo cierto es que los responsables del desfinanciamiento del sistema previsional son los gobiernos y los capitalistas.

Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria presentan más de 20 años de aportes y podrían estar eventualmente en condiciones de jubilarse. Dentro de este grupo, los que superan los 25 años de aportes (es decir, quienes podrían jubilarse ni bien cumplan la edad jubilatoria) se reduce a sólo 7 mujeres de cada 100 y 16 hombres de cada 100. A su vez, las mujeres sin aportes y las mujeres con menos de 18 años de aportes abarcan casi la totalidad del espectro estudiado, siendo una injerencia del 46,14% para las primeras y de 39,39% para las segundas. En el caso de los varones, la injerencia de aquellos que no cuentan con aportes es del 17,67%, y de 51,58% para los que cuentan con menos de 18 años de aportes.

Si además vemos el apartado que incluye a aquellas personas en condiciones potenciales de jubilación, por rubro, encontramos que, en todos los casos, son las y los trabajadores precarizados los que cuentan con menos posibilidades de jubilarse con la totalidad de los años de aporte, como son monotributistas (5,70%) autónomos (19,72%) y trabajadoras de casas particulares (0,10%). Estas cifras alarmantes dan cuenta que el trabajo precario, en negro o informal, viene en franco ascenso hace rato y afecta a la mayor parte de la población trabajadora, la cual no puede acceder ni siquiera a la jubilación mínima, que se encuentra por debajo de la línea de indigencia, por no cumplir con la cantidad de aportes que requiere la nefasta ley previsional de este país. También muestra que, a medida que disminuye la categoría de ingresos, se reduce también la posibilidad de acceder a un haber previsional.

A su vez, la tasa promedio de desempleo es del 10,3% (haciendo el cálculo desde 1990 a la fecha) y de un 34,7% para el trabajo precario, lo que da cuenta de que ambas variables se mantiene sobre niveles muy elevados e incluso aumentan en el caso de las mujeres que, en general, tienen a cargo las tareas de cuidado, lo que reduce aún más la posibilidad de acceso a un trabajo formal. Si se observa el conjunto del año 2021, donde el 64,8% de quienes accedieron a una jubilación lo hicieron a partir de una moratoria previsional, de los 5,2 millones de pagos en jubilaciones realizados, sólo 1,8 millones fueron a trabajadores con más de 30 años de aportes.

De esta forma, es la población laboriosa la que termina pagando su jubilación, con salarios por debajo de la inflación y mediante la miserable moratoria, cuando deberían hacerlo las patronales que se enriquecen con el trabajo precario. Al lado de esta gigantesca evasión de contribuciones al sistema previsional que protagonizan las patronales a través del trabajo precario, las que contratan en blanco han sido beneficiadas con la reducción de aportes de Cavallo en 1994, algo que ningún gobierno repuso. Al igual que quienes ahora promueven las reforma laboral y jubilatoria, fue con el supuesto objetivo de generar empleo, pero los niveles de desocupación tuvieron su pico histórico en los años siguientes.

El acuerdo del gobierno con el FMI implica profundizar los ataques a los jubilados, cuando una mayoría cobra haberes de indigencia. Los responsabilizan por el déficit fiscal, cuando como vimos el desfinanciamiento del sistema previsional es responsabilidad de las patronales y el Estado, que usa la caja de la Anses para sostener una deuda usuraria. El programa del Fondo exige una reforma previsional con aumento de la edad de retiro, barrer con los regímenes especiales conquistados, mayor desindexación de la movilidad, todo en dirección a convertir a la jubilación en una pensión asistencial al adulto mayor, separado de toda idea de sueldo diferido. Es lo que sucede con quienes excluídos de la posibilidad de jubilarse reciben una Puam del 80% del haber mínimo, ya debajo de la canasta alimentaria.

La CGT, por su parte, convoca a una movilización contra los formadores de precios y a favor del gobierno, respaldando esta agenda antiobrera, sin escenario ni oradores, por miedo a que sus propias bases le exijan un paro general, algo que sería sumamente consecuente con la gravedad de la situación planteada. La CTA tampoco dice nada de los ataques que prepara el gobierno a los regímenes especiales, lo cual golpea particularmente a los docentes y a una enorme cantidad de sectores de trabajadores que, por las características especiales de sus tareas, tienen requisitos diferenciados a la hora del retiro.

Para garantizar el conjunto de los derechos jubilatorios para los actuales adultos mayores y para los futuros, hay que impedir el vaciamiento de la Anses y de las cajas provinciales, estableciendo el uso exclusivo de los fondos para los beneficiarios y no para el pago de la deuda, el rescate de los especuladores y los subsidios patronales. Por eso impulsamos una moratoria universal, sin pago de cuotas de ningún tipo para todos los que tengan la edad jubilatoria, con o sin aportes registrados, la movilidad automática acorde a la inflación y a los sueldos, el 82% móvil y una mínima de $100.000. Para eso, el paro nacional y el plan de lucha son medidas necesarias para que los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados intervengamos en forma colectiva contra el ajuste en marcha, enfrentando al gobierno, a la oposición patronal y al FMI.