El gobierno nacional anunció un aumento del 40% en la tarifa del transporte público de AMBA, que comenzará a regir a partir de agosto. Con esto, el mínimo del colectivo se elevará a $25 pesos, mientras que el máximo alcanzará los $32; por su parte, la tarifa del tren también pegará un salto. La disposición llega en medio de una estampida inflacionaria que está golpeando con mucha fuerza los salarios obreros y cuando las patronales del transporte se encuentran realizando medidas de fuerza para obtener más subsidios.

Alexis Guerrera, el ministro de Transporte, justificó los aumentos señalando que en las tarifas no están contemplados los costos que estuvieron incrementándose en el marco de la crisis económica, como los que corresponden al gasoil o a los insumos en general. Lo que oculta el ministro es que lo único que no sube al compás de esos precios son los salarios de los trabajadores, quienes van a tener que afrontar este aumento en el boleto.

El gobierno del Frente de Todos, sin embargo, está frente a una encerrona, puesto que el tarifazo no destraba el conflicto que mantiene con las empresas del transporte. La reunión que el ministro Guerrera compartió con José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), y Mario Vacca, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (Cetuba), en la que se discutió la distribución de subsidios, no llegó a buen puerto.

“Nosotros les planteamos nuestras necesidades, pero ellos nos comentaron de las restricciones presupuestarias que tienen”, indicó Vacca. Según el empresario, el gobierno “se comprometió a obtener la mayor cantidad de recursos dentro de las restricciones”. Lo que ocurre es que el aumento de subsidios que reclaman los grupos capitalistas entra en contradicción con las metas de ajuste fiscal que pide el staff del Fondo. Las empresas, por lo tanto, mantendrán la disminución de la frecuencia que implementaron el martes.

Este tironeo por los subsidios tiene su expresión en el interior del país; se convirtió en un punto de tensión entre los mandatarios provinciales y el gobierno nacional. El tarifazo en el AMBA, lejos de tener un carácter de equidad “federal”, anticipa aumentos en todas las provincias.

Si la cuestión aparece como una crisis sin salida es porque nadie plantea terminar con el esquema inviable de la privatización del transporte. Los subsidios millonarios que han estado recibiendo los capitalistas del sector durante todos estos años no se han traducido en una mejora del servicio; por el contrario, fueron utilizados para operaciones de concentración empresarial, en maniobras de vaciamiento, y han cumplido la función de reducir el costo “laboral” beneficiando al conjunto de las patronales (una tarifa menor da lugar a que los capitalistas paguen salarios más bajos). Todo esto fue a costa de los usuarios, que deben acceder a un transporte de pésima calidad y con baja frecuencia; y de los colectiveros, que sufren ataques a su salario.

El boletazo echará más leña al fuego de la inflación, la cual podría rozar el 8% en julio. Y se suma a los aumentos que el gobierno ha impulsado en la luz y el gas. Este nuevo capítulo del ajuste fondomonetarista que desarrolla el gobierno demuestra que este es el principal formador de precios, lo que deja en ridículo a la CGT, la cual convocó a una marcha contra las empresas “formadoras de precios” para agosto, en apoyo al gobierno y sin la perspectiva de defender a los trabajadores del ataque en curso.

Rechazamos el boletazo del gobierno. Hay que abrir los libros de las empresas para ver en qué utilizaron el dinero de los subsidios y qué costos reales tienen.

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