La ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió este lunes con diversos gobernadores con el objetivo de brindarles detalles sobre la agenda económica a seguir en las provincias, en el marco del pacto con el FMI. La convocatoria fue extremadamente pobre, una expresión de la crisis política y económica que impera en el país; solo concurrieron Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Axel Kicillof (Buenos Aires).

El encuentro estuvo organizado por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y ha sido antecedido por otro encabezado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, en el cual se anunciaron una serie de licitaciones que forman parte del denominado plan Argentina Grande. Batakis, que es destacada por los supuestos vínculos que ha cosechado con los gobernadores gracias a su paso por la Secretaría de Provincias, busca obtener el respaldo de aquellos a su plan económico, pero este ajuste choca con las necesidades de las administraciones provinciales.

Toda la política provincial está condicionada por el intento de arribar a las metas de ajuste fiscal que reclama el Fondo. El plan Argentina Grande fue quizás uno de los ejes más candentes. La espinosa cuestión de los subsidios al transporte, la segmentación de tarifas, o las “transferencias discrecionales” a las provincias que envía el Ejecutivo nacional representan a su vez distintos flancos de crisis.

Estos temas ocupan un lugar central en las preocupaciones de los mandatarios provinciales. La tentativa por parte de estos de preservar una caja que les permita pilotear más o menos la crisis en curso entra en colisión con el programa fondomonetarista que ellos mismos han apoyado. Batakis ya ha ratificado su disposición a seguir con la fracasada orientación económica de su antecesor Martín Guzmán.

Las transferencias discrecionales que Nación envía hacia las provincias sufrirán inevitablemente una (mayor) poda, un proceso que se viene desarrollando a todo vapor. El staff técnico del Fondo ha señalado que en el primer semestre “el gasto público real aumentó el 12,8% y para cumplir con la meta anual de déficit fiscal (2,5% del PBI) es necesario que en el segundo semestre se produzca una caída real del 7,8 por ciento” (Infobae, 17/7), a la vez que sugirió realizar recortes justamente en esos fondos provinciales, lo que impactará además en las empresas públicas. El organismo financiero también apuntó la tijera contra los subsidios a la energía y al transporte, dos cuestiones vitales de la política económica toda.

Los recortes a la obra pública, una orientación defendida a fondo por Batakis para satisfacer los intereses de los acreedores internacionales, significan un golpazo contra todos los trabajadores del país. Esta política tendrá su traducción en despidos en el área, lo que está en consonancia con el congelamiento de la planta estatal anunciado hace poco por la ministra. Asimismo, es una política que supone un retroceso desde el punto de vista de las condiciones de vida generales de la clase obrera, toda vez que no existirá un plan de construcción de viviendas o de rutas, etcétera.

En relación a la energía, la crisis es total. El aumento internacional del precio de los combustibles ha puesto en jaque las metas fondomonetaristas, ya que produjo que el gobierno aumente los subsidios que gira en esa materia; por otro lado, la reducción de estos para pagar la deuda externa desencadenaría mayores tarifazos contra los trabajadores, lo que adquiriría un carácter nacional. En la misma línea se inscribe la entrada en vigencia de la segmentación tarifaria, algo sobre lo cual los gobernadores han colocado reparos, pues consideran que debería haber una diferenciación en la segmentación provincial con respecto al AMBA.

El subsidio al transporte es otro de los temas que viene captando la atención de los gobernadores, los cuales piden que se achique la “asimetría” existente entre los fondos que reciben las provincias y la zona metropolitana, lo que es una presión por desenvolver un nuevo ajustazo contra los trabajadores de CABA y de la Provincia en aras de rescatar a las patronales vaciadoras del transporte.

Los gobernadores que han faltado a la reunión (peor aún los que sí asistieron) no actúan en defensa de los trabajadores de sus respectivas provincias, sino de las oligarquías y de los grupos capitalistas, incluso multinacionales, que operan allí. Estos gobernadores vienen aplicando en sus territorios un ajuste a la salud, a la educación, a la vivienda y a los trabajadores en su conjunto. Todas sus pretensiones, de todas maneras, chocan con el contenido del pacto fondomonetarista que defienden.