La Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) resolvió llevar adelante, a partir de las 22:00 hs de hoy, un paro de líneas en diversas regiones del interior del país. Las patronales exigen un aumento de los montos que el gobierno les gira en materia de subsidios. La medida de fuerza se desarrollará en el marco de una intensificación de la crisis económico-social, con el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marcha y un desabastecimiento generalizado de gasoil, que está plagando de contradicciones la situación interna.

Los subsidios se han convertido en un problema para el esquema del gobierno, que debería avanzar inevitablemente hacia una reducción de los mismos para cumplir con las exigencias del FMI, lo que a su vez devendría en un aumento del precio de los boletos, que dispararía aún más la inflación, en medio de una creciente tensión social.

Las patronales del transporte defienden su postura con el hecho de que existe una desproporción muy grande entre los subsidios que reciben las líneas del AMBA con respecto a los que reciben las empresas provinciales. Esto refuerza la presión por una nivelación de las tarifas hacia arriba. Las declaraciones que hiciera el jefe de Gabinete Juan Manzur a principios de este mes, sobre aumentar un 40% los boletos de colectivos en el GBA se inscriben en esta línea.

El gobierno le ha asignado a las empresas, para este año, una partida de 38 mil millones de pesos. Desde las cámaras transportistas, por su parte, reclaman que ese presupuesto se eleve a unos 60 mil millones. Las patronales han dicho incluso que en la situación actual no podrían hacer frente al pago de salarios del mes de junio y al medio aguinaldo, así como tampoco al mantenimiento de las líneas, o incluso afrontar la suba del precio de los combustibles.

Desde el oficialismo del Frente de Todos se han venido adaptando a las exigencias de los empresarios. La Liga de Gobernadores, conformada por los mandatarios del PJ (incluido el cristinista Kicillof) que se reunieron el pasado viernes en el Chaco, con Jorge Capitanich como anfitrión, se sumó a las quejas contra esa “gran asimetría” entre los subsidios al transporte que reciben las provincias y la zona metropolitana, lo cual respalda la política de tarifazos contra los trabajadores de CABA y el Gran Buenos Aires.

Esto ha profundizado las tensiones en la coalición gobernante. Massa ha salido a despegarse del problema, organizando en la Cámara de Diputados una votación para que se eleven las partidas que reciben las empresas del interior a 59 mil millones, especialmente para deslindar de responsabilidades al ministro de Transporte Alexis Guerrera, su delfín. Nadie quiere pagar el costo político del plan fondomonetarista en marcha y los conflictos que acarrea.

Las empresas condicionan presuntas inversiones a un mayor otorgamiento de subsidios, pero estos han entrelazado como nunca al Estado con las empresas y sus negocios espurios. Y han terminado por convertirse en un factor parasitario, toda vez que las empresas no invierten sus propias ganancias en nuevas líneas o en mejorar el servicio, sino que se asocian con el Estado para vaciar el fisco y reforzar la explotación sobre los trabajadores, dejando en bancarrota el servicio de transporte público.

Los trabajadores del transporte, que vienen protagonizando paros en numerosas provincias por aumentos de salario, deben deliberar de forma independiente un curso a tomar en defensa de sus condiciones de trabajo, sin condicionar sus demandas a las exigencias de las patronales por mayores subsidios (que de concretarse no tendría su traducción en una mejora de la situación laboral de los choferes).

En todos estos años de régimen de subsidios millonarios las privatizadas no han invertido en mejorar el servicio de transporte sino en operaciones de concentración empresaria e incluso perpetraron maniobras de vaciamiento, lo que tiene a los trabajadores y usuarios como víctimas. Es necesario abrir los libros de las empresas para determinar a dónde van a parar las subvenciones estatales, y rechazar a su vez todo intento de pasarle la factura a la población con nuevos boletazos.