A partir de hoy estará disponible el formulario para la inscripción de usuarios, de cara al aumento por segmentación de las tarifas de luz y gas que comenzará a regir a partir del 1 de agosto, de acuerdo con las tres franjas fijadas por el decreto dictado hace un mes por el gobierno. Para esto, se introdujo una fórmula de actualización de tarifas basada en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, asegurando así que año a año tendremos nuevos aumentos. La meta fondomonetarista de reducir los subsidios energéticos un 0,6% del PBI será costeada por los trabajadores a través de tarifazos, lo que va a recalentar una inflación ya fuera de control.

La segmentación quedó estipulada sobre los siguientes niveles: por un lado, el de aquellos usuarios con mayor poder adquisitivo, que perciben ingresos totales equivalentes o superiores a $348.869, tendrán una quita completa de subsidios en su tarifa; allí los aumentos podrían rondar el 200% según algunos cálculos. En segundo lugar, quienes perciben ingresos mensuales totales entre $99.677 y $348.869, tendrán subas equivalentes al 80% del CVS, es decir, del 42,7%. Por último, el que afecta al resto de la población, con incrementos en la luz y en el gas por el 40% del CVS, o sea, del 21,4%, para aquellos que perciban ingresos netos menores a $99.677, equivalente a la línea de pobreza de mayo.

Con este plan de aumento de tarifas, el gobierno espera ahorrarse unos $ 15.000 millones en subsidios energéticos, en lo que resta de 2022, y hasta $80.000 millones en 2023 (Cadena 3, 15/7). Es decir que ni siquiera va a servir para compensar lo que aumentaron este año los subsidios a la energía en sintonía con el aumento del precio internacional del gas por la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que se compensará también con mayor ajuste en otras partidas. De esto dió cuenta Batakis en los últimos anuncios, informando que se creará una caja única que amalgame los ingresos de todos los organismos públicos en pos de cumplir con la meta de déficit fiscal que impone el FMI.

Lo cierto es que el problema de la segmentación reside en que será usada como “caballo de Troya” para aplicar un tarifazo generalizado. Como el gobierno fija un monto absoluto, solo con que ese monto se actualice por debajo de la inflación cada vez más usuarios serán añadidos al grupo poblacional sin boleta subsidiada. En pos de avanzar en esa dirección podemos adelantar que las prebendas hacia las patronales del sector, que se beneficiaron a partir de estas transferencias estatales, estarán a la orden de día ya que los platos rotos los pagarán los usuarios, los cuales ya ven pulverizados sus ingresos por la corrida inflacionaria y cambiaria.

Esto queda demostrado, por ejemplo, en las exenciones impositivas que recibieron las petroleras, protagonistas de la huelga de inversiones, para girar sus dividendos al exterior o en la concesión del gobierno a las empresas hidrocarburíferas para exportar lo que se produce en el país y que éstas saquen provecho de los altos precios internacionales, porque necesita de las divisas para arrimarse a las metas de acumulación de reservas impuestas por el FMI. A su vez, la perspectiva de una devaluación suma más interrogantes y aumenta la presión por nuevos tarifazos, dado que las petroleras tienen dolarizado el precio del gas.

El problema de las tarifas estuvo en el centro de la interna oficial. Guzmán renunció en el medio del empantanamiento de las políticas económicas del gobierno, y dentro de este cuadro se encontraban las tensiones con los funcionarios de las áreas de energía sobre cómo implementar el tarifazo. El hecho de que Batakis, después de anunciar un ajuste recargado, implemente el mismo esquema de aumento tarifario que había sido designado por Guzmán muestra la continuidad de una política que sigue descargando el problema contra la población pero que ni siquiera alcanza para satisfacer las metas de ajuste del déficit impuestas por el Fondo.

Rechazamos estos aumentos a los usuarios y denunciamos que se ejecutan a libro cerrado, desconociendo los verdaderos costos de la cadena energética y a dónde fueron dirigidos los subsidios estatales destinados a las petroleras y empresas distribuidoras, lo que muestra el verdadero carácter “pro rico” de las subvenciones públicas que son embolsadas por los capitalistas sin rendir cuentas. De esta manera se hace urgente, más que nunca, defender los salarios y enfrentar esta política inflacionaria, lo cual plantea la necesidad de un gran paro nacional.