La ministra de Economía, Silvina Batakis anunció que creará una caja única para el manejo de los recursos de todo el sector público nacional y sintetizó dos de las medidas con las que pretende alcanzar el famoso “equilibrio” en las cuentas públicas. Con la frase “no vamos a gastar más de lo que tenemos”, es decir un compromiso de déficit cero, buscará recortar el nivel de gasto de las distintas partidas presupuestarias y creará una caja única del Tesoro, con la cual pretende centralizar el manejo de los fondos de todos los organismos del sector público nacional y que, según precisó, rondan los $600.000 millones de pesos. El gobierno busca cumplir con la meta de déficit fiscal que impone el FMI controlando y recortando los fondos no ejecutados de los organismos públicos, lo que redundará en un ajuste brutal para los trabajadores.

Los organismos que se verán afectados por el ajuste en la erogación de gastos están descritos en el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, y son los fondos fiduciarios, los entes públicos y las empresas y sociedades del Estado. Allí se encuentran la Administración Nacional; los organismos como la Anses, el Incaa y el Pami; las Empresas y Sociedades del Estado y los Entes Públicos, donde se inscriben organizaciones como YPF, Aerolíneas Argentinas, Aysa, Fabricaciones Militares y Trenes Argentinos, entre muchas otras; y los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes del Estado nacional.

El gobierno busca modificar la ley para integrar aún más organismos al control de caja por parte del Estado, no solamente a la administración centralizada, apuntando a que el Ministerio de Economía pueda monitorear el ajuste en todas las áreas. Al mismo tiempo es una indicación a las empresas públicas, o con participación estatal, para que lleven adelante políticas de racionalización de gastos que apunten a una reducción del déficit, o a la generación de un superávit que el Estado pueda absorber, mediante la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. YPF fue pionera en este sentido con un plan de optimización de recursos que implicaba retiros voluntarios y una mayor flexibilización laboral, con el objetivo de que eso se traduzca en mayor productividad.

Además, el recorte presupuestario afectará a las jubilaciones, la asistencia social, la obra pública, el empleo público y los fondos para las distintas esferas del Estado, como educación, salud, cultura, transporte etc. Los haberes de la mayoría de los jubilados seguirán entonces corriendo cada vez más de atrás a la canasta de indigencia, mientras el retaceo en infraestructura va a agravar la recesión industrial y la falta de empleo, a la vez que se procederá en el congelamiento del ingreso de personal a todos los organismos nacionales y, por lo tanto, a la continuidad de la precarización de los empleados estatales, entre otras consecuencias graves para el conjunto de la población laboriosa de este país. Podemos dar cuenta de esto si nos remontamos al 2021, donde el Gobierno ahorró $660.564 millones por la licuación de las jubilaciones y el recorte del gasto de pandemia. El recorte del gasto social fue así una de las principales patas que permitió reducir el peso de las erogaciones sobre el PBI y el déficit en las cuentas públicas, en medio de las negociación de un nuevo programa económico con el FMI (Clarín 26/1).

De los dichos de la ministra se desprende que la guillotina caerá sobre las áreas que han subejecutado su presupuesto. Según la página de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, hasta ahora de la erogación presupuestaria estipulada para Educación y Salud solo se ha ejecutado un 40%, menos aún en el caso de Vivienda y Urbanismo, Cultura, obras de acceso al agua potable y tan solo un 30% en el caso de la obra pública. Incluso las transferencias a los gobiernos provinciales es de apenas un 27%, por lo que esto reforzará también el ajuste de las provincias.

A su vez, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, se comprometió a instrumentar una línea de liquidez de los instrumentos de deuda del Tesoro Nacional, donde se encuentran los bonos ajustados por CER, para su utilización por los fondos comunes de inversión (FCI), por lo que ofrecerá mejores rendimientos, con mayor cobertura ante futuras devaluaciones y probablemente a corto plazo. Al mismo tiempo, el Banco Central lleva emitidos $980.000 millones destinados a la compra de esos títulos para revalorizarlos, luego de la ola vendedora por parte de los acreedores en torno a una posible reestructuración, debido a la magnitud de los vencimientos que se avecinan. El déficit fiscal que busca el gobierno manoteando la caja de todo tipo de organismo público, será destinado a financiar la deuda externa, la corrida especulativa y la fuga de capitales.

Mientras los trabajadores estatales precarizados tendrán cerrada toda oportunidad de pasar a planta, los jubilados se hundirán más en la indigencia, los desocupados verán más sombría la posibilidad de encontrar empleo, y los trabajadores deberán afrontar una inflación que se acelera; la banca y los fondos de inversión quedarán al resguardo de los vaivenes de la economía nacional, siendo precisamente los agentes de la corrida y de la fuga de capitales. Semejante sendero “doloroso” solo apunta a salvar el pacto con el FMI, un programa inviable y de saqueo del país. El gobierno ratifica el camino del ajuste y apunta a un guadañazo brutal de los gastos del Estado que seguirán pagando los trabajadores con su bolsillo y sus condiciones de vida, lo que refuerza la necesidad de luchar por un paro nacional y un plan de lucha.

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