Con un índice de pobreza que alcanza al 42% de la población y una inflación del 4% mensual, el gobierno de Alberto Fernández se lanza al aumento de los productos incluidos en el Programa Precios Cuidados y de las tarifas del gas, y, por su parte, tambalea el Acuerdo de Precios de la Carne. Como se ve, la pulverización de los ingresos de los trabajadores es un pilar de la política oficial.

Subas en Precios Cuidados

El Ministerio de Desarrollo Productivo concedió un aumento del 4,8% para el mes de abril en los 670 artículos incluidos en Precios Cuidados. El programa ya había tenido un incremento del 5,6% en enero, como parte del esquema de actualizaciones trimestrales. Las regulaciones no han podido evitar que la Canasta Góndola y la Canasta Básica Alimentaria aumentaran un 22,8% y un 45% respectivamente en el transcurso del 2020.

Los propios relevamientos nacionales y provinciales dan cuenta de las múltiples maniobras patronales para sortear el control estatal sobre los precios cuando informan que el 20% de los productos incluidos en el programa incumplen con el abastecimiento en las góndolas. A pesar de esto, no solo no existe reprimenda alguna por parte del gobierno, sino que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) ha alzado la voz reclamando mayores subsidios al Estado y la posibilidad de realizar aumentos escalonados en los precios de los artículos incluidos en Precios Cuidados, de manera mensual, como requisitos para que el programa continúe.

Como se ve, es un control de precios sumamente endeble. Por un lado, se llevan adelante numerosos mecanismos para eludirlo. A su vez, las frutas y hortalizas, es decir, los alimentos que más incrementaron su precio durante el 2020, carecen de regulación estatal. Por otra parte, el programa no controla los precios mayoristas, y, además, el gobierno concede aumentos en Precios Cuidados a libro cerrado, sin siquiera averiguar los costos reales de toda la cadena comercial.

Peligran “los cortes populares”

El 15 de abril se definirá si se renueva y en qué términos el Acuerdo de Precios de la Carne, que estipula una rebaja del 30% en 8 cortes. Los representantes de la industria frigorífica, nucleados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), en la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), en la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), y en la Unión de la Industria Cárnica (Unica), junto con los supermercados, agrupados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), exigen desmantelar el programa aduciendo un enorme atraso en los precios. Para ello se valen del alza del precio internacional de la carne, sumado al aumento de los combustibles y de la inflación.

Frente a esto, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, amenazó con cerrar las exportaciones de la carne si los empresarios no modificaban su postura. Se trata de una amenaza poco creíble si revisamos lo que ocurrió con la suspensión de las exportaciones de maíz tras la suba de sus precios, medida que el gobierno rápidamente eliminó, cediendo a los reclamos del capital agrario. Además, teniendo en cuenta que la prioridad oficial radica en recolectar las divisas necesarias para acordar con el FMI y pagar vencimientos de deuda, difícilmente se apreste a limitar las exportaciones de la carne, que ha significado, solo en febrero 2021, la liquidación de 186 millones de dólares en el país; mientras que en un año, las ventas al exterior de carne vacuna rondaron los 2.701,5 millones de dólares (un punto y medio del PBI).

A su vez, es inverosímil pensar que un gobierno que ha dejado pasar un aumento local en el precio de la carne del 13,3% en el primer trimestre del año, producto de los límites del acuerdo establecido (por ejemplo, solo rige en los supermercados y no en las carnicerías), sea capaz de tocar los intereses de la industria frigorífica a través de frenar la exportación. Así las cosas, lo más probable es que las advertencias de Paula Español no prosperen.

Tarifazos en el gas

Federico Bernal, el titular de Energas, dio a conocer en una entrevista que los aumentos de tarifas para el gas van a ser en mayo de 6 o 7% para las familias. Todavía no ha trascendido la cifra final de la suba de la luz. El incremento de ambos servicios comenzará a partir de mayo, tras las audiencias públicas que tuvieron lugar en el mes de marzo, y, sufrirá actualizaciones, en principio, semestrales.

El aumento fue otorgado sin que el gobierno solicitara la apertura de los libros de las empresas transportadoras y distribuidoras de gas, a los fines de evaluar los costos reales. Por otra parte, prevalecerá la erogación de subsidios millonarios, provenientes de fondos públicos, para comprar el gas que extraen las petroleras, cuyo precio se encuentra dolarizado. No olvidemos que Plan GasAr, que implementó el gobierno de Alberto Fernández, estipula un precio de 3,6 dólares por millón de BTU, casi el doble de su precio anterior, con el objetivo de revertir la “huelga de inversiones” en Vaca Muerta, evitar la importación de gas en el invierno, y así, ahorrarse dólares para destinarlo al pago de la deuda; tarea para nada lograda.

Como vemos, se trata de un régimen inviable de subsidios y tarifazos permanentes que cumple la función de complacer a las empresas privatizadas, a las petroleras y al capital financiero, a costa de hundir al pueblo.

Control obrero sobre los precios

El elemento común de todos estos aumentos es la completa subordinación del gobierno al gran capital. La gestión de Alberto Fernández es fuente de políticas inflacionarias, y, al mismo tiempo, defiende a rajatabla los topes salariales -pavimentados por las burocracias sindicales- y no toma ninguna medida para que los desocupados puedan percibir un ingreso. Por lo tanto, el control obrero sobre los precios y tarifas es la única vía para evitar una profundización de la miseria social en curso.

Es necesario un salario mínimo equivalente a $60.000, un seguro al desocupado de $40.000, un aumento de emergencia a los jubilados de $15.000, paritarias libres e indexadas a la inflación, prohibición de rebajas salariales, despidos y suspensiones, estatización bajo gestión obrera de toda empresa que cierre y trabajo bajo convenio para todos. A su vez, es necesario un control de precios a partir de la apertura de los libros de toda la cadena comercial -para evaluar los costos reales- y la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior.  Resulta fundamental la anulación de los tarifazos y nacionalización bajo control de los trabajadores de los hidrocarburos y toda la cadena energética para terminar con el saqueo y dar inicio a un plan de industrialización del país. Esto debe ir acompañado de la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda externa usuraria y la nacionalización bajo control obrero de la banca, a los fines de impulsar una reorganización social sobre nuevas bases, encabezada por los trabajadores.

 

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