Políticas
30/8/2024
Buenos Aires: ratifican rechazo al aumento de las indemnizaciones por despido
Kicillof le cuida los bolsillos a la UIA y a la Sociedad Rural.
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El gobernador bonaerense.
Carlos Bianco, jefe de ministros de Kicillof, ratificó esta semana que la ley de actualización de las indemnizaciones por despido no es “un proyecto” del gobierno bonaerense. Resumiendo, hará todo lo que esté a su alcance para que la ley -que tiene media sanción- no se vote en el Senado. Tiempo atrás fue la vicegobernadora Verónica Magario quien cruzó a los diputados que votaron en mayo pasado la ley de recálculo de las indemnizaciones en la Cámara Baja.
Para Magario esta ley “ahoga a las Pymes y a la producción”. Lo mismo agitan la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y la Mesa de Enlace Bonaerense que reúne al capital agrario. En Diputados, Unión por la Patria contó con los votos de los llamados “libertarios dialoguistas”, que tienen vínculos estrechos con Sergio Massa. Por indicación expresa de Kicillof, Carlos Bianco volvió a la carga en una conferencia de prensa para socavar la ley indemnizatoria que entró en la comisiones de la Legislatura. El kicillofismo no quiere que el tratamiento de la ley llegue al Senado.
La ley cuestionada por los “nacionales y populares” plantea la actualización de las indemnizaciones por despido aplicando el índice CER más una tasa del 6%, mejorando lo que hoy se percibe. Una limitada defensa de los trabajadores que encarece el costo de las despidos a los capitalistas, sin prohibirlos. La Cámpora, autora del proyecto, tampoco está moviendo el amperímetro y no agita olas más allá de las componendas puertas adentro de la Legislatura.
El rechazo del gobierno bonaerense a la ley de indemnizaciones -presentada por dos diputadas camporistas- va más allá de la guerra de posiciones entre Kicillof y Máximo Kirchner por el control del peronismo bonaerense y el armado de las listas electorales. El gobernador juega fuerte mandando al muere la nueva ley para hacer buena letra ante los capitalistas. Kicillof lo hace al límite mismo de que se divida la votación de Unión por la Patria en el Senado bonaerense. Una crisis política de órdago, que el kicillofismo quiere evitarse pero la crisis capitalista fogonea.
Las derrotas políticas están paralizando al gobierno de Kicillof. El Rigi bonaerense para “complementar” al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones de Milei no avanzó un centímetro por la desconfianza de la burguesía, que sigue facturándole al gobernador el haber perdido la construcción de la planta de gas natural licuado en la provincia de Buenos Aires. La prioridad de Axel Kicillof es lavarse la cara frente a la campaña de Milei y las cámaras patronales, que lo acusan de expropiador y confiscador. El objetivo de la derecha es debilitar a Axel Kicillof para arrancarle concesión tras concesión. Es lo que está ocurriendo también con la campaña de las grandes cerealeras para que se prorrogue la concesión de la Terminal Quequén en el puerto de Necochea, que lleva 30 años y tiene como principal accionista al presidente de la Bolsa de Cereales.
Los “nacionales y populares”, que gobiernan la provincia de Buenos Aires, han comprado enteramente el discurso de las patronales industriales y agrarias que están a la ofensiva contra lo que llaman el “encarecimiento del costo laboral” y “la industria del juicio”. La catarata de pronunciamientos contra el aumento de las indemnizaciones por despido incluye a la Uipba y a la la Mesa de Enlace Bonaerense donde revisten la Carbap, Coninagro y la Sociedad Rural, es decir el capital agrario. Las corporaciones agitan la amenaza de quiebre de las Pymes y el impacto que tendría en los costos empresarios una ley “que alienta la litigiosidad de las indemnizaciones”. Los capitalistas quieren resguardarse de la crisis con reforma laboral y despidos baratos y amenazan con mayores despidos y suspensiones.
La “novedad” es que el ministro de Trabajo, que estuvo presente en el lanzamiento del proyecto presentado por La Cámpora, abandonó toda demagogia y cerró filas con Kicillof y abiertamente contra la ley. Según Walter Correa, hay que “consolidar el presente antes de mirar el futuro”. El ejercicio poético del “ministro sindicalista”, que es parte de la dirección de la Corriente Federal de Trabajadores, tira al bombo el aumento de las indemnizaciones. El “presente” que invoca Correa es la masacre social que ha llevado a más de 130.000 despidos en la provincia ante la pasividad cómplice de la burocracia. El reacomodamiento de Correa es un mensaje a las direcciones burocráticas de la CGT y las CTAs para que no saquen los pies del plato y dejen morir la ley de indemnizaciones.
Según Infobae, Kicillof evalúa dormir la ley si fuese votada en el Senado. Si así fuere, el aspirante a candidato presidencial quedaría en el ojo de la tormenta como el responsable directo de cuidarle los bolsillos a los capitalistas. La verborragia contra el “industricio” se usa para encubrir que se está descargando la crisis económica sobre las hambreadas espaldas de los trabajadores. Sea porque se trabe en las comisiones de la Legislatura, se divida la votación, o Kicillof no la promulgue, el “veto” a la nueva ley de indemnizaciones por despidos es un salto en la crisis política del peronismo.
Para el activismo, todo derrape antiobrero del “gobernador amigo de los trabajadores” debe ser un instrumento de clarificación política. Kicillof se pone claramente del lado de los capitalistas contra los trabajadores más golpeados que pasan a engrosar la masa de desocupados, el ejército industrial de reserva que manipula la burguesía para bajar los salarios y avanzar con la precarización de las condiciones de trabajo. El Plenario de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC) del 14 de setiembre avanzará también en estas conclusiones indispensables para la construcción de una nueva dirección clasista para el movimiento obrero.
