Políticas
1/7/2024
Kicillof y Magario “resisten” la ley de actualización de las indemnizaciones
¿"Industricidio" o reforma laboral?
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El gobernador y la vicegobernadora.
Verónica Magario le bajó el pulgar a la ley de indemnizaciones, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense y que desató una furiosa campaña de rechazo por parte de todas las cámaras y asociaciones patronales de la provincia. Para justificar esta voltereta y despegar a Kicillof del banquinazo, la vicegobernadora y titular del Senado declaró que la ley “no es una iniciativa de nuestro gobierno”, anticipando que la dormirá para que no llegue a la Cámara Alta o que en su defecto procederá a bloquearla o votar en contra.
Haciéndose eco de las presiones capitalistas, Magario afirmó que “no van a ahogar a nadie”. La matancera -que debería desempatar en caso de una votación pareja en el Senado- desautorizó a Walter Correa -ministro de Trabajo, dirigente de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y uno de los patrocinantes de la nueva ley de indemnizaciones- añadiendo otro capítulo a la crisis del peronismo bonaerense que enfrenta a Axel Kicillof con Máximo Kirchner, socavando al propio gabinete.
La ley, que se quiere frenar, modifica el artículo 48 de la ley 11.653 de Procedimientos Laborales al reemplazar el cálculo de la tasa de pago de intereses para los juicios laborales por despido con una forma mixta que combina el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) con una tasa activa del 6% anual, mejorando el monto indemnizatorio y encareciendo los despidos de las empresas. La marcha atrás de Magario compromete a Kicillof directamente porque es improbable que la vice pateara el hormiguero sin la anuencia del gobernador.
En nombre del “industricidio” se ahoga a los trabajadores y se premia a los capitalistas que quieren despidos baratos. Más allá de la interna y las zancadillas entre Axel y Máximo por el control político del territorio bonaerense, el rechazo a esta ley delata el carácter patronal del gobierno de Unión por la Patria.
Con las patronales y contra los trabajadores
A pesar del desaire de Magario, el ministro de Trabajo Correa, la diputada camporista autora del proyecto Maite Alvado y todos los sindicatos mantienen un perfil bajo para no hacer olas, anticipando su adaptación a la orden que bajó el Ejecutivo provincial. La bocha negra a la ley de actualización de las indemnizaciones llegó después de una reunión entre los senadores de la oposición de derecha y las principales cámaras pymes y empresarias que se fueron de La Plata con el compromiso de los legisladores de votar en contra de la ley. Exagerando la nota, se presenta a la ley como el “certificado de defunción de las Pymes”.
Habiendo fracasado Magario en desactivar esta reunión -bajando incluso una reunión de la Comisión de Trabajo-, la presidenta del Senado pateó definitivamente el tablero y se pasó al “team” del rechazo a la ley junto a los empresarios y la derecha. Las corporaciones capitalistas no se privan de echar más leña al fuego amenazando con recurrir a la Suprema Corte de la Provincia si prospera la Ley de Indemnizaciones, envalentonadas por la votación de la Ley Bases en el Congreso, cuyo corazón es la reforma laboral, el ataque a los derechos de los trabajadores, los despidos baratos, la precarización del trabajo y la represión contra los que luchan.
El silencio de Walter Correa es elocuente por su adaptación. Días atrás, el ministro de Trabajo de Kicillof presentó un panorama desolador al declarar que se perdieron 50.000 puestos de trabajo industriales en el primer trimestre en la provincia y que están amenazados 200.000 más en la construcción. Esto coincide con el informe del Indec, que registra una tasa de desempleo del 7,7%, y una aún más alta en el Gran Buenos Aires, donde trepa al 10% junto a un crecimiento brutal de la pobreza y la indigencia. En el Gran La Plata, el desempleo pasó el 8% y son más de 176.000 personas las que no tienen empleo, buscan otro por los bajos ingresos o trabajan menos de 35 horas horas semanales. En estas condiciones rechazar una ley que limitadamente beneficia al trabajador es un crimen.
Correa también apela al “industricidio” en la provincia, que según el ministro concentra al 50% de las Pymes y de las grandes empresas nacionales y multinacionales para absolver la responsabilidad de los capitalistas en la crisis. Está claro que las Pymes son el caballo de Troya de los grandes capitalistas, que son los principales interesados en voltear una ley que aumenta los intereses de las indemnizaciones judicializadas.
Crisis política
La crisis -que tiene paralizada a la Legislatura- tendrá un nuevo round el 1 de julio con el acto de homenaje a Perón, a 50 años de su muerte, en la Quinta de San Vicente. Convocado por Axel Kicillof para “unir al peronismo” -un cable al PJ bonaerense- ya se bajó el massismo. A pocos días del evento, ni Máximo ni los intendentes de La Cámpora confirmaron presencia en lo que huele a faltazo o a una delegación de compromiso. El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi se encargó de calentar la previa “incursionando” en los municipios donde gobierna la Cámpora a cuenta del armado político de Kicillof (en Quilmes la puja entre la intendenta camporista Mayra Mendoza y el alfil de Kicillof llegó hasta la propia gobernación de La Plata con amenazas mutuas).
La decisión de Magario echa sal en la interna del peronismo después de que los diputados de Unión por la Patria votaran afirmativamente la ley poco tiempo atrás. Pero las razones que llevan a este “no positivo” de Verónica Magario y Kicillof trascienden la guerra de punteros del peronismo. Es una adaptación a las presiones capitalistas y una convergencia con la Ley Bases de Milei, que dice que las cargas sociales y las indemnizaciones son un bloqueo a la creación de los puestos de trabajo. A eso se refiere Magario con ” ahogar”, con el más cínico lenguaje libertario.
Rigi no, Rigi sí, Rigi más o menos
Un capítulo abierto es lo que finalmente ocurra con la adhesión al Régimen de Incentivo Grandes Inversiones ( Rigi) en la provincia de Buenos Aires. Kicillof denunció el chantaje de Milei-Caputo y el presidente de YPF, Marín, que ponen como condición la adhesión a este régimen de filibusteros para la radicación de la Planta de Gas Licuado en Bahía Blanca bajo amenaza de trasladarla a Río Negro. El gobernador bonaerense denuncia pero no rompe los puentes y pateó para adelante una definición con el endeble argumento- antes del 27- de que el Rigi no estaba votado.
La aprobación de la Ley Bases y Fiscal en Diputados -con el visto bueno de los Llaryora y cía– y de una parte del peronismo al “régimen de incentivo de grandes inversiones” desinfla la pretensión de Kicillof de convertirse en un primus interpares de los gobernadores que “resisten” y lo obligará a definirse. La pelota vuelve al campo de Kicillof.
El horizonte del gobierno provincial es negro por los vencimientos de la deuda externa de este año, la caída de la recaudación tributaria- con el aditamento de la baja de impuestos para Bienes Personales-, el derrumbe del consumo y la crisis de las cuentas fiscales. Las presiones por quedarse con este negocio -construcción de la Planta de Gas Licuado- no son solo de los capitalistas y de los legisladores derechistas sino del propio peronismo bonaerense, más allá del relato opositor a Milei del propio gobierno de Kicillof. Son 25.000 millones de dólares anuales de exportaciones en juego.
El Rigi o una variante de éste está sobre la mesa, sobre todo después del fiasco de la exploración petrolera off shore en la costa atlántica que demandó 100 millones de dólares y confirmó el “pozo vacío”. El Rigi o un régimen provincial similar de “promoción industrial”, acordado con los legisladores opositores, llevará a Kicillof a nuevas concesiones.
Burocracia cómplice y paritarias low cost
Los sindicatos kicillofistas y kirchneristas mantienen la boca cerrada frente a este rechazo regresivo de la ley de indemnizaciones y están paralizados frente a los despidos. En la burocracia prima el frente único con las patronales -nacionales y de las otras- contra el “industricidio”, y la contención de toda lucha reivindicativa que ponga en pie al movimiento obrero, en especial en la provincia de Buenos Aires.
Han dejado pasar junio sin convocatoria a la paritaria bonaerense y sin aumento salarial para los estatales, docentes, empleados públicos, judiciales y médicos. El 28/6 el gobierno reunió a los gremios con la promesa de llamar a paritarias en julio, sin oferta a la vista; un eventual aumento saltearía la inflación de junio, ahondando la pérdida salarial. La directiva bajada de la gobernación -y que la burocracia compró como propia- es que la prioridad es el pago de los salarios mes a mes y del aguinaldo. Un chantaje y extorsión contra los trabajadores cuando hay una devaluación en curso y un recorte de los salarios para quienes serán alcanzados por la reposición del impuesto a los sueldos.
Las “paritarias low cost” de Kicillof son uno de los pilares del ajuste para que los trabajadores financien con salarios de pobreza y aún de indigencia la crisis fiscal. La pasividad de las direcciones sindicales envalentona a los capitalistas y es funcional a Milei: después de negarlo, es la propia burocracia de Suteba la que “advierte” ahora sobre una posible armonización con el Anses para liquidar al IPS y modificar el régimen jubilatorio provincial a la baja despegándolo de los aumentos salariales. Pese a la gravedad de este ataque en proceso, la burocracia de Baradel insiste con que los paros son funcionales a Milei que quiere destruir la educación pública, y no mueve un dedo para enfrentar la esencialidad antihuelga, que es una política de toda la clase capitalista y sus partidos, incluido el peronismo.
En defensa de los trabajadores
Denunciamos esta política de Kicillof y Magario como antiobrera y defendemos la actualización de las indemnizaciones por despido para proteger al trabajador, aún con las limitaciones de esta ley. Para parar los despidos hay que organizar la lucha de los trabajadores en cada sector de trabajo, prepararando la huelga general para derrotar a Milei y a sus cómplices, entre quienes revisten los gobernadores que aplican su propia motosierra ajustadora.
Las paritarias low cost de Kicillof están hundiendo el salario. Las burocracias estatales y docentes no tienen mandato y se disciplinan al ajuste. Impulsemos asambleas y reuniones de delegados y activistas para votar y llevar adelante un plan de lucha. La denuncia del colaboracionismo burocrático de la CGT y las CTAs es un factor de clarificación política.
En la provincia de Buenos Aires, el desarrollo de la organización y movilización de los trabajadores contra los despidos, por el salario y el trabajo debe servir para apuntalar una política independiente del peronismo y de la burocracia, dos pesos muertos para enfrentar a Milei.
