Anoche tronó un cacerolazo masivo en esta ciudad de cerca de 100.000 habitantes. Se cumplió aquella frase de que “cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento”. Al paso de una caravana de autos, los vecinos salían a la calle con sus cacerolas. Las redes sociales, con múltiples transmisiones en directo, daban el registro de que todo el pueblo estuvo siguiendo la protesta. Los reclamos se concentraron en la falta de insumos y personal en el hospital y en el repudio al poder político que ha venido mintiendo sobre los dispositivos de salud preparados para atender la pandemia. La ciudad acumula 755 casos y 42 fallecidos. Como en toda la provincia el número de casos está completamente sub-calculado ya que se ha testeado muy, muy poco (por cada salteño que fue testeado, Jujuy testeó a 3). La escuela Osvaldo Pos, lugar en el que suponía que iban a instalarse 150 camas para enfermos leves y de mediana complejidad fue cerrada esta semana. Los equipos de oxígeno instalados allí no funcionaron. En el paso a paso del impacto de la crisis, fueron creciendo las denuncias  sobre los déficits del sistema de salud y en ese cuadro se produjo una verdadera movilización popular  tras las iniciativas para reunir fondos  y comprar los insumos que faltan  como tubos de oxígeno y distintos fármacos como la Eparina. El pedido por el acceso al plasma y a la aparatología para que las donaciones y el suministro se hagan en la localidad concentró otro de los reclamos centrales.

 

Esta semana el rechazo de los diputados oficialistas al proyecto del Partido Obrero para que se hagan el 100% de análisis PCR a los trabajadores de salud y que se pase a planta a los precarizados instaló un enorme repudio popular. Es que el proyecto recogió dos de las demandas centrales de los trabajadores de la salud con apoyo masivo de la población. En medio del repudio popular, Sáenz tuvo  que ofrecer la equiparación salarial para los 2.000 precarizados de la salud.

La denuncia que viene realizando el Partido Obrero sobre el rechazo de clínicas privadas a la atención de pacientes  Covid-19 ha debido ser reconocida por el gobierno, que hoy plantea que va  hacer demandas judiciales a las clínicas que actúan así. Es que el sistema público puede ir al colapso en breve, producto de la multiplicación geométrica de los casos. En capital el número de contagiados se duplica cada 6 o 7 días, en Orán y san Martin  este colapso del sistema de salud ya viene en curso hace un par de semanas. El gobierno ha debido quejarse también de que los laboratorios de análisis privados no informan a tiempo al COE.

No existe un comando único de los recursos públicos y privados como reclamamos desde el PO desde el 15 de marzo en un proyecto de ley. La ministra viene del palo de la medicina privada lo mismo que varios de los funcionarios e intendentes de Sáenz, entre ellos el intendente de Orán. Hace una semana, en una interpelación en diputados, la ministra negó cualquier conflicto con la medicina privada en el manejo de la pandemia, cuando fue requerida por el diputado del PO acerca de porque no se centralizaban todos los recursos en manos del estado. En este tema como en la realización de testeos masivos al personal de salud simplemente mintió.

El cacerolazo de Orán y el repudio al voto negativo de los diputados oficialistas al proyecto del PO van mostrando un giro en la opinión pública ante un gobierno que miente y que ha elegido mantener los negocios privados por encima de la salud pública. El emblema de esta conducta esta dado porque el hecho de que el ingenio San  Isidro sigue funcionando aunque tiene 109 casos confirmados (un tercio del personal). La iniciativa para defender nuestra salud tiene que salir de abajo hacia arriba como los mineros que impusieron su protocolo a las patronales, como esta formidable cacerolazo del pueblo de Orán.

Insistimos: testeos masivos al 100 % del personal de servicios indispensables, centralización de todos los recursos de salud  públicos y privados bajo control de los trabajadores de la salud y en manos del Estado. Aprobación del proyecto del PO para que las grandes fortunas financien los gastos de  esta crisis.