El gobierno de Castillo logró imponer la transferencia de las Cajas provinciales con los votos del saadismo en el senado provincial. Una de las organizaciones del Frente Cívico, gubernamental, Movilización, que integra el vicegobernador Simón Hernández, está negociando el ingreso al Frente Grande, razón por la cual los otros referentes locales del FG han hecho “mutis por el foro” ante este ataque del gobierno.

Los sindicatos que agrupan a los trabajadores del Estado y las organizaciones de jubilados, habían declarado su oposición a la transferencia e incluso impulsado varias concentraciones, pero dieron una voltereta ante la afirmación de que el gobierno nacional reconocería los “derechos adquiridos”.

Los sindicatos estatales (ATE, ATECA, municipales, Sitraj —judiciales—, etc.), estuvieron cumpliendo paros y movilizaciones por el atraso en los pagos, pero en lugar de unir esta movilización a la defensa de la Caja, aceptaron el chantaje del gobierno, quien aseguró que los fondos para salarios los mandaría el Tesoro nacional, si se transferían las Cajas provinciales.

Luego de la transferencia, sin embargo, el gobierno se volvió a retrasar en el pago y todavía adeuda el aguinaldo, lo que empujó a los gremios estatales nuevamente al paro. En el caso de ATECA, un Congreso Extraordinario decidió no reiniciar las clases y darle carácter activo al paro del 2 de agosto. El gobierno ya adelantó que pretende desprenderse de 5.000 trabajadores y que se privatizarán el Banco provincial, DeCA, Dipos y el sistema educativo provincial (municipalización).

Es necesario que ATECA y los sindicatos que están en lucha convoquen a un congreso de base para unificar la acción de los trabajadores. Precisamente, el paro del 2 abre una oportunidad para pasar a disputarle a la burocracia oficialista las bases de sus gremios y abrir una vía para reorganizar en forma combativa e independiente al movimiento obrero de la provincia.