Las denominadas “transferencias discrecionales” del Ejecutivo nacional a las provincias, aquellas que no dependen de la coparticipación federal, vienen cayendo en lo que va del año. Durante el primer semestre la reducción fue del 2,9% real, en sintonía con el ajustazo que reclama el FMI sobre las cuentas fiscales. Es precisamente cumpliendo con el apartado “Otros gastos corrientes” del acuerdo con el Fondo que se están machacando los pasajes de recursos hacia los gobiernos provinciales.

Según la consultora Politikon Chaco las provincias que más perdieron en términos interanuales respecto a la inflación fueron Córdoba, con un 56,6%, Chubut, con 43,8%, Neuquén, 42,5%, y le siguen Santa Cruz, La Pampa, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis, Salta, Chaco, Río Negro y Entre Ríos.

En efecto, todos los gobiernos provinciales apoyaron el pacto con el Fondo. Apoyan también la política de ajuste a su servicio, habiendo firmado el denominado “Consenso Fiscal”. Pero pese a este acuerdo que parecen expresar públicamente los gobernadores para apoyar la profundización de la austeridad en los gastos del fisco que trajo Batakis bajo el brazo (Ámbito, 12/7), ninguno quiere que se le toque la caja propia. En ese cuadro es que se plantea el recrudecimiento de los “codazos” por quién paga los platos rotos.

A fin de cuentas, los resultados del esquilmamiento sobre las partidas discrecionales a las provincias lo padecerán los trabajadores. En la primera línea de las fricciones aparecen por ejemplo los reclamos por los subsidios al transporte, con la Ciudad de Buenos Aires y su disputa judicial porque el Ejecutivo nacional mantenga el total de los subsidios de 32 líneas de colectivos que circulan dentro de los confines porteños como emblema. La advertencia del gobierno de Larreta de que en caso contrario el boleto se podría ir a más que el doble es la punta del iceberg de un boletazo que será nacional en el marco de esta caída de las transferencias.

Otro tanto ocurre con la puja de las gobernaciones provinciales por mayores subsidios energéticos, que en medio del encarecimiento de los costos y el desabastecimiento de gasoil, es el rubro que más incidió en el crecimiento del déficit fiscal y las dificultades con el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo. Luego de la votación de las leyes por “zona fría” en el sur del país, las provincias del norte quieren también leyes por “zona caliente”, presentando que el consumo energético es alto durante el verano dadas las elevadas temperaturas de la región. Si no se extienden los subsidios energéticos, lo que se preparan son mayores tarifazos en la luz y el gas.

Hay también una preocupación en las provincias por la obra pública, que aparece financiada prácticamente por la órbita nacional, y que será el blanco fuerte del ajuste en la próxima etapa (La Nación, 10/7). El avance de estos recortes vendrá inevitablemente de la mano con numerosos despidos en el área, ya no solo con los límites a que ello cree nuevos puestos de trabajo. También, claro, empeorando las condiciones de vida más generales de la población, cercenando la construcción y mantenimiento de calles, espacios públicos, rutas, viviendas, entre otras. En tanto, la salud y la educación pública, descentralizadas al control de las provincias, verán con toda seguridad una marcada profundización de la avanzada ajustadora.

Como se deja ver, el pacto con el FMI conduce por todos los caminos a una ofensiva contra las condiciones de vida de quienes salimos a laburar todos los días. La necesidad urgente de un paro nacional y un plan de lucha en todo el país es cada vez más evidente.

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