La provincia de Buenos Aires seguirá en default técnico después del undécimo​ ​rechazo de los acreedores​ a la propuesta de “reestructuración” de la deuda externa bonaerense.​ Con este desplante, la fecha de “cierre” se corre ahora para el 29 de enero, con un resultado más que incierto, como lo confirma el comunicado del ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, aclarando que de no mediar un acuerdo se seguirá negociando de “buena fe”. Es decir, sin romper marras y, por lo tanto, arrugando.

Corresponde aclarar que estas postergaciones en serie continúan a pesar de que el propio gobierno provincial reconoció en más de una oportunidad “haber mejorado” (en negociaciones no públicas) la oferta inicial de pago formulado en abril. En el litigio entra la “reestructuración” de 23 bonos bajo jurisdicción extranjera por 7.140 millones de dólares, equivalentes al 70% del total de una deuda que Kicillof reconoció integralmente, como política de Estado, a pesar de su carácter fraudulento y usurero.

Hasta el momento, el fracaso del gobierno del Frente de Todos desmiente el verso de una “negociación de deuda sustentable”, cuando la provincia está quebrada y sus cuentas en rojo. No le alcanzó a Kicillof con la aprobación del Presupuesto 2021, votado sin grieta por todo el peronismo y Juntos por el Cambio, que representa la continuidad de las políticas de ajuste de Vidal, en especial en el área de salud, cuando los contagios diarios en la provincia alcanzan los 5.000 infectados diarios. La “ley de leyes” y las leyes de financiamiento y de emergencia facultan al gobernador a reasignar partidas del presupuesto y a tomar nueva deuda, a la par que estiman una inflación de veinte puntos a la baja para este año, con el propósito de condicionar a la baja las paritarias y los salarios.

Tampoco le bastó a Kicillof con cerrar un acuerdo con la reciente instrumentación del juego de apuestas “on line”, que intentó poner en práctica Vidal y fracasó, y que ahora será ejecutado por el delfín de Cristina Kirchner. Los fondos que recaude el Estado bonaerense, en concepto de canon fijo y recaudación por un negociado capitalista (que mueve 600 millones de dólares anuales), irán integralmente al barril sin fondo del pago de deuda.

En línea con esta política fiscal “recaudatoria”, el impuesto automotor a las patentes llegó en los primeros días de enero con aumentos de hasta el 53%, muy por encima del 32% de techo que fijaba la recién votada ley de endeudamiento, primera señal del impuestazo, a la que le seguirá un aumento del impuesto inmobiliario y a la vivienda única.

El ajuste a los salarios para liberar fondos para el pago de la deuda es la forma concreta de estas garantías junto a los recortes presupuestarios. Kicillof pretende imponer una paritaria vergonzosa a los trabajadores estatales, que por lo intragable abrió incluso una crisis con la propia burocracia de ATE y Fegepba, a pesar de que éstas vienen convalidando todos los ataques y desorganizando la resistencia de los trabajadores. Kicillof deberá lidiar con la lucha de los trabajadores.

A partir del 31 de diciembre fueron cesados miles de docentes y auxiliares de escuelas del Piedas, un programa de trabajo precarizador, con contraprestación laboral, que se dio por finalizado a fines del año pasado. El Astillero Río Santiago, por su parte, continúa con la paritaria cerrada y sin aumento salarial ni trabajos a la vista (lo poco que hay fue derivado a astilleros privados o de asociación estatal privada). Los bonistas calibran la capacidad de pago del gobierno pero también de control de Kicillof y las burocracias sindicales integradas al “pacto social” .

A pesar de que el kirchnerismo ratificó una y otra vez su voluntad de pagar, ha llevado a la provincia de Buenos Aires a la cesación de pagos, en lo que es un anticipo de nuevas tiradas de toalla. El “Comité de Acreedores” bajó la orden al resto de los bonistas de no aceptar acuerdo alguno con Kicillof y condicionarlo al resultado de las negociaciones con el FMI que se patearon para marzo por decisión del propio Fondo.

Esta directiva acompaña el ultimátum de la Coalición de Tenedores de bonos provinciales, que le recriminó al gobernador no destinar una “parte sustancial” de los recursos estatales a garantizar el pago de la deuda. Estos condicionamientos operan como un chantaje permanente para acortar los plazos de pagos y para arrancar mayores intereses, bajo amenaza de judicializar el default en los tribunales de Nueva York. Señalemos que el 80% de la de la deuda bonaerense vence en estos cuatro años de mandato de Kicillof, cuando además buena parte de los “acreedores” de la provincia son también tenedores de la deuda nacional.

La presión de los bonistas para forzar un cierre de deuda más favorable (la oferta de Kicillof era incluso más atractiva que la propuesta original de Alberto Fernández y Martín Guzmán) busca explotar los acuerdos que ya cerraron varias provincias, incluida Neuquén, cuyos bonos están garantizados con las regalías petroleras. El gobierno sabe que los tiempos no son eternos: la provincia de Entre Ríos fue demandada por un grupo de bonistas en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por el incumplimiento de pago de un cupón con vencimiento el 8 de agosto del 2020.

Claramente los fondos buitres pretenden valorizan sus tenencias de la mano de las exigencias del FMI y saben que el gobierno bonaerense tiene cerrado el acceso al crédito mientras no haya un acuerdo con los bonistas.

Una reorganización económica y social de la provincia exige un programa de la clase obrera, empezando por el repudio del pago de la deuda externa que asfixia todos los recursos y partidas. La sangría de la deuda es incompatible con los fondos estatales que se requieren para enfrentar la segunda ola de la pandemia y para defender la salud, el trabajo, el salario y los ingresos de los trabajadores ocupados y desocupados.

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