En un acto realizado este martes 15 por toda la cúpula del Estado y la policía provincial de Chaco, el gobernador Jorge Capitanich anunció aumentos para la fuerza, entrega de camionetas y motos y, además, una inversión de 20 millones de dólares para la refacción de comisarías. Se dio en el marco del 68 aniversario de la creación de la fuerza represiva provincial.

De esta manera, el Estado premia y refuerza el aparato represivo luego del accionar criminal que hace 5 días dio muerte al joven Josué Lagos, originario de la etnia QOM en la localidad de General San Martín.

Avanza el encubrimiento

Luego del asesinato se dieron movilizaciones durante todo el día viernes, que continuaron el fin de semana en diferentes puntos de la provincia también con cortes de ruta. El lunes se llevó a cabo incluso una jornada nacional. La misma se desarrolló con un acto multitudinario en la casa de gobierno, y fue replicado por organizaciones sociales y el Partido Obrero en la casa de Chaco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exigiendo el esclarecimiento del asesinato y denunciando las profundas responsabilidades políticas del hecho.

El día sábado la cúpula policial visitó a los familiares de los 9 demorados, mientras el gobernador planteó que será querellante en la causa. Lo hará a través de la Secretaría de Derechos Humanos, lo cual es una impostura que solo puede terminar en el encubrimiento de los responsables materiales y políticos, como tantas otras veces sucedió en la provincia con los casos de tortura y gatillo fácil. El Estado responsable de llevar adelante la política de exclusión de las comunidades originarias debería estar en el banquillo de los acusados.

Todo esto sucedía días después de los dichos del presidente Alberto Fernández, negando la historia de los genocidios contra los pueblos originarios y las conquistas de sus territorios en todo el país. A su vez, el gobernador se reunió con la familia y un referente de la comunidad originaria miembro de la Corriente Clasista y Combativa perteneciente al PCR, hoy integrado al gobierno. Hablamos de Víctor García, quien postuló que “Capitanich siempre tuvo un trato especial con las comunidades indígenas” (Norte, 16/21). La doble cara tanto del gobernador como del referente de la CCC solo pueden conducir a que otro crimen contra la comunidad originaria QOM quede totalmente impune.

El caso necesita una querella independiente

En Chaco se creó hace aproximadamente tres décadas la fiscalía de Derechos Humanos, a raíz del pedido de organizaciones internacionales de Derechos Humanos luego del crimen de Juan Ángel Greco en 1990. En el 2015, el por entonces fiscal Turraca, a través de una investigación, demostró la ineficacia de dicha fiscalía: de 1053 causas solo 3 habían sido llevadas a juicio. Ese informe quedó totalmente desactualizado, pero las pruebas son claras. La fiscalía está en una clara línea de encubrimiento de la represión estatal por parte del aparato policial.

Para que este caso no siga el mismo destino que las anteriores es necesario que la familia se presente como querellante independiente del Estado. Justicia por Josué Lagos. Cárcel común a los autores materiales y políticos. Desmantelamiento del aparato represivo.