El gobierno de Ignacio Torres envió a la Legislatura chubutense el tratamiento de tres proyectos relacionados a la creación del nuevo Código Electoral de Chubut, la reforma a la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley del Tribunal Electoral. La caracterización del ejecutivo provincial en relación a estas iniciativas como un acto de saldar “una deuda histórica de la provincia” o atacar la corrupción existente, no es más que humo para encubrir una nueva herramienta de persecución política y proscripción de luchadores al servicio del capital.

Ficha limpia, una herramienta de proscripción

El proyecto de ficha limpia ha sido tratado en abril de este año en la legislatura chubutense, donde se aprobó con el voto positivo de todos los bloques, con excepción de la banca del Partido Obrero – FITU, ocupada por Santiago Vasconcelos. En su momento se trató de ficha limpia en relación a la limitación en las candidaturas, la actual reforma profundiza la injerencia del Estado en los partidos políticos limitando también quiénes pueden ser autoridades partidarias. Establece que quien tenga una condena por cualquier delito doloso, aún la misma no se encuentre firme, se encuentra imposibilitado a ser candidato o autoridad partidaria. 

En su momento, desde la banca del Partido Obrero, advertimos que la herramienta de ficha limpia no termina con la corrupción, sino que en los términos colocados es un instrumento para perseguir y proscribir luchadores. Es que no podemos analizar la reforma si no es en el contexto de la situación política y social que atravesamos, donde las causas a luchadores están a la orden del día mientras que a los funcionarios enlazados en hechos de corrupción se los acomoda en nuevos cargos o a los empresarios que han faltado a la ley se los felicita y premia con un blanqueo de capitales. El mecanismo de ficha limpia abre la puerta a maniobras y exclusiones mediante el solo trámite de que un juez haga avanzar un expediente contra un opositor político.

Mientras se promueve la ficha limpia para asegurar “una ética implacable” a quienes sean candidatos, siguen acomodando en el armado político a diferentes figuras asociadas a escándalos políticos. Para citar un ejemplo tenemos al ex ministro de Seguridad, Federico Massoni, que nuevamente emerge en la escena política. Massoni fue responsable político de liberar la ruta donde luego la patota de petroleros reprimió a docentes, fue quien estaba al frente de la policía cuando la misma entrenaba con el cántico fascistizante “Piquetero ten cuidado, que una noche muy oscura a tu villa entraré”. Lejos de ser juzgado por las innumerables denuncias de vejaciones y abusos de autoridad de la policía chubutense bajo su comando (e incluso de él mismo) Massoni se presentó a elecciones en el 2023, participó de la interna del oficialismo por la intendencia de Trelew y actualmente resuena como un nombre en los medios para estar frente a los grupos de “lucha contra el narcotráfico”. Lejos de quedar excluido de la escena política, Massoni (como tantos otros funcionarios) se recicla y vuelve a tener un cargo ahora bajo el gobierno de Torres. Es que ninguna política de ficha limpia dará fin a la corrupción, que es parte inherente del Estado capitalista y los partidos que lo defienden.

Los funcionarios que se enriquecen con la corrupción actúan en su gran mayoría como piezas de los grupos económicos que saquean el país con el pago de la deuda, la fuga de capitales y la exportación de las riquezas naturales. Ejemplo de esto es el caso del diputado del PRO Sebastian “100 lucas” López apodado así por ser filmado recibiendo coimas, operador del lobby minero. Más allá del escándalo que obligó a los suyos a expulsarlo de su partido y abrir una investigación, no hay ningún avance en esa causa. 

La mayoría simple que otorga la constitución provincial a la Legislatura de chubut, donde se garantiza que cualquier ley del ejecutivo salga como escribanía, más el modo de designación de jueces y fiscales, dan la estructura necesaria para que la ficha limpia, en un contexto de criminalización de la protesta y de persecución política, no sea más que la herramienta necesaria para proscribir luchadores. 

Dime quien te financia y diré que intereses defiendes

En relación a la cuestión del financiamiento de las campañas, nada dice el nuevo código propuesto. Es una omisión que al menos debe llamar la atención, porque si de defender la transparencia, ética e igualdad de oportunidades hablamos, es clave poner en la mesa cómo se financian las campañas políticas de todos los candidatos. 

Contrario al financiamiento del Partido Obrero y del FITU, que mantienen campañas públicas de aportes de sus propios militantes y simpatizantes provenientes de la clase trabajadora, los partidos del régimen se financian con sumas millonarias de sectores privados, que buscan así sostener sus ganancias e injerencia política. Es que los partidos capitalistas reciben dinero proveniente de cualquier tipo de porquería; en marzo del año pasado, la Cámara Nacional Federal alertó sobre el financiamiento narco en las campañas provinciales.

Los partidos de la burguesía tienen la ventaja, además, de controlar la mayoría de los medios de comunicación, cuestión que en la propia Legislatura chubutense se admitió cuando una diputada del oficialismo abiertamente declaró en una sesión que existen “medios suyos y de otros” haciendo referencia de los medios afines a su gobierno y a la oposición pejotista. La afinidad con los medios de comunicación y los aportes millonarios de privados a sus campañas, se suman al uso del aparato público del Estado. El propio gobernador Torres en campaña aseguró que “los vecinos de Comodoro financiaron la campaña de Massoni” al asegurar que Luque financió la campaña del ex ministro de Seguridad. Sin embargo hoy Massoni es un nombre que rodea su gobierno. 

El nuevo código no cambia el estado clandestino de las campañas políticas porque no busca atacar al régimen político cuya fachada democrática no puede disimular que está bajo la égida del capital.

Más injerencia del Estado en los partidos políticos

El ejecutivo presenta al nuevo código electoral con aires democratizantes y de transparencia. Lejos de esto, el nuevo código electoral sostiene un ataque contra la democracia política. 

Además de la escandalosa ficha limpia, el nuevo código electoral plantea una serie de prohibiciones al contenido de las propagandas políticas. Bajo el velo de no fomentar violencia o discriminación, tipifican aquello que puede o no decirse en una campaña política, sancionando aquello que rompa a la norma. Esto es una impostura ¿O acaso Torres hubiese impugnado bajo estos términos al presidente cuando el presidente utilizó los rasgos del síndrome de down en tono de burla? Las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Torres y que lo alinean al gobierno nacional dejan en claro que no hay interés alguno de velar por los derechos de las minorías ampliamente marginadas por este sistema, sino utilizar estas prohibiciones a medida de los intereses de quien gobierne. 

Por eso mismo nada se plantea sobre sancionar las estafas políticas en las que todos los partidos incurren en campaña. No hay sanción para quien levanta una promesa que incumple, sino deberían iniciar con el propio Torres, que en campaña declaraba que iba a poner “allá arriba a los docentes” o incluso salía en diarios a decir que “los que llama delincuentes Massoni son los docentes, los trabajadores de Salud y los jubilados que vienen reclamando para cobrar sus sueldos”, cuando hoy los docentes están por debajo de la línea de pobreza y, ante las medidas de lucha como es un paro, los castiga con sanciones económicas. Las campañas políticas deben ser la expresión clara de la plataforma electoral de cada fuerza, no un velo que esconde bajo la moral y ética sus verdaderas bases e intereses. De esta forma, las prohibiciones en las campañas políticas estructuran un nuevo elemento de censura que afecta además el derecho a la información de todo el electorado.

Del mismo modo, la figura de “observador electoral” que se incluye en el nuevo código es también una farsa. La figura de observador se crea para tener un analista externo del proceso electoral, que puede denunciar irregularidades dentro del sistema a fin de detectar posibles fraudes. Ahora, si queremos hablar de transparencia electoral, es necesario que esta figura sea vinculada al financiamiento de las campañas.  Si bien el código plantea que el financiamiento de los observadores debe ser público e informado, nada dice de si estos observadores financian campañas políticas. Claro, porque con este código se sigue sosteniendo la clandestinidad de las mismas. Las relaciones políticas, los intereses económicos que están detrás de estos “observadores”, que son organizaciones civiles nacionales e internacionales, va más allá de quien las financie, dato que puede ser disimulado. 

En esta misma línea la modificación en la cuestión de paridad de género, incluyendo a las identidades no binarias, no garantiza listas que defiendan los intereses de las mujeres y diversidades sexuales. En un contexto de grave retroceso de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras, así como de acuerdos con las iglesias, a las que se les delega la intervención en los barrios y en los programas de salud (como es el de suicidios), la paridad de género y la inclusión de las diversidades sexuales es un encubrimiento de la vulneración de derechos que sufren estos colectivos. 

Boleta única =  lista sábana 

Desde el Partido Obrero hemos denunciado reiteradas veces el sistema actual de boletas de las cuales se han servido todos los partidos del régimen y que históricamente fue perjudicial para la izquierda, con el robo de boletas y el punterismo de los partidos del sistema mediante recursos millonarios de los que no disponemos los partidos de los trabajadores. Sin embargo, comprendemos que este manejo espurio no se soluciona con el cambio de este sistema a una boleta única, porque no existe boleta que escape al carácter del régimen que gobierna y pretenda sostenerse en el poder.

El sistema de boleta única del código propuesto toma como referencia el sistema de Córdoba, adoptando el mismo criticado diseño que termina induciendo el voto. Es una lista sábana a fondo, que perjudica a los partidos chicos. 

¡Vamos a la lucha contra esta reforma!

Queda claro que la corrupción no se acaba con la ficha limpia, ni con la boleta única, ni con ninguna de las medidas que se implementan en este nuevo código electoral. La corrupción es parte del entramado que el régimen mismo perpetúa porque defiende los intereses de las minorías por sobre las mayorías populares. 

Tenemos que organizar la lucha contra esta reforma. Llamamos a todo el activismo chubutense a organizar el rechazo contra este nuevo ataque a las libertades democráticas.

Chubut: victoria contra la persecución a los luchadores ambientales

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