El gobierno de Javier Milei cumple cien días, y, sin dudas, un aspecto predominante de su gestión presidencial ha sido el de garantizar una enorme transferencia de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia el de los grandes grupos capitalistas.

Por un lado, el golpe devaluatorio de diciembre que enardeció los precios, con paritarias cerrando a la baja, hizo que en enero el salario promedio del sector privado formal (Ripte) fuera de $555.269,16, quedando por debajo de la línea de pobreza en dicho mes, calculada en $596.823. Es decir, si teniendo un empleo registrado se es pobre, la realidad en la que se encuentran los trabajadores informales ya es directamente desesperante.

Así, la población trabajadora se vio inmersa en un sinfín de privaciones. Sin ir más lejos, según la consultora Scentia, las ventas en supermercados cayeron 8,3% interanual en febrero y el consumo de carne retrocedió 9,3% per cápita en el primer bimestre del año. Semejante golpe al bolsillo popular tiene su cara más descarnada en las proyecciones de pobreza monetaria infantil, que llegará al 70% en el primer trimestre según las estimaciones de Unicef.

Esta licuación salarial se traduce en una mayor tasa de beneficio para los capitalistas. Solo en diciembre, la pérdida de masa salarial que embolsaron las patronales fue de $1,3 billones según según los datos del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate). Los grandes ganadores de la megadevaluación fueron las patronales exportadoras y los bancos y fondos de inversión acreedores de títulos del Tesoro indexados a la cotización del dólar. Esos bonos constituyen el 43% del stock de deuda pública nominada en pesos, entre linked y duales, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Por otro lado, el gobierno obtuvo en los primeros dos meses del año un superávit primario equivalente al 0,5% del PBI ($3,24 billones a valores actuales). Lo logró a fuerza de un brutal ajuste contra el pueblo: según el último informe de ejecución presupuestaria elaborado por la OPC, en el primer bimestre 2024, el gasto en jubilaciones y pensiones cayó 33% real en términos interanuales (este rubro financió el 32,9% del superávit fiscal de enero y el 35,4% del de febrero según el Cepa) y 16% en el caso de las asignaciones familiares. A su vez, el presupuesto devengado para el Potenciar Trabajo se desplomó un 68,4% y para las Becas Progresar un 32%. Por su parte, las transferencias a las universidades tuvieron una caída del 28,7% y las transferencias a las provincias disminuyeron en un 73%. Lo ejecutado en obra pública se derrumbó un 80,5% en el mismo período.

Aún así, falta mucho para alcanzar un superávit primario equivalente al 2% del PBI como exige el FMI. A valores actuales, ese objetivo implica un ahorro de $12,96 billones, con lo que todavía queda mucho hilo en el carretel del ajuste. Motosierra que, lejos de afectar a la casta, seguirá destruyendo las jubilaciones, el presupuesto educativo y de salud, la asistencia social para los sectores más vulnerables y el derecho a la vivienda y acceso a los servicios básicos.

Distinto fue el trato que recibieron los tenedores de deuda pública. Un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en base a datos oficiales arrojó que el 48% de la ejecución presupuestaria efectivamente pagada (base caja) de la Administración Pública Nacional durante el primer bimestre del año fue destinada al pago de intereses de deuda pública. Incluso, la cotización de los bonos deuda pública argentina viene subiendo al compás de la motosierra fiscal. El gobierno engrosa las arcas de los especuladores a expensas de los jubilados y la población trabajadora en general.

El capital inmobiliario es otro sector favorecido por las políticas de Milei. La desregulación de los alquileres a través del DNU llevó sus precios a niveles impagables. Según la consultora PxQ, el alquiler un departamento de dos ambientes representa el 64% del salario promedio del sector privado formal (Ripte), mientras que un tres ambientes insume el 100% del mismo. Las empresas prepagas también están de parabienes luego del decretazo que liberó el valor de las cuotas.

En estos cien días de gobierno de La Libertad Avanza asistimos a un empobrecimiento sin precedentes de las mayorías populares, en beneficio del poder económico más concentrado. Es necesario que las centrales sindicales llamen a un paro y un plan de lucha en el camino de la huelga general para derrotar el ajuste del gobierno. En ese sentido, la puesta en pie de una asamblea de trabajadores ocupados, desocupados, asambleas barriales y movimiento de la cultura busca promover la intervención obrera y popular en la crisis y constituir un polo político independiente a los bloques patronales que tenga como estrategia impulsar un programa de salida dirigido por los trabajadores.

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