El gobierno acaba de reglamentar el acceso a la “ciudadanía por inversión”, un mecanismo por el cual los extranjeros que hagan una “inversión significativa” podrán obtener la ciudadanía argentina sin importar el tiempo de residencia. La medida se inscribe en un cuadro más general de recrudecimiento de la política antiinmigrante, xenófoba y racista, que apunta a estigmatizar a los migrantes pobres mientras se abren las puertas del país de par en par para los capitales especulativos y los empresarios saqueadores.

La nueva disposición —formalizada en el Decreto 524/2025— establece que las solicitudes serán evaluadas por una agencia especial dependiente del Ministerio de Economía, que determinará si la inversión es “relevante” y consultará a organismos de seguridad como la SIDE y la Unidad de Información Financiera para garantizar que el nuevo “ciudadano” no represente un riesgo. Una hipocresía total, tratándose del mismo Ministerio de Economía que garantiza los negocios de los capitalistas que saquean el país, fugan divisas, precarizan trabajadores y promueven el ajuste contra el pueblo.

Este mecanismo de “ciudadanía VIP” se anuncia en simultáneo con el endurecimiento brutal del régimen migratorio para el resto de la población migrante, particularmente aquella proveniente de países limítrofes y en situación de pobreza. Mientras el gobierno flexibiliza el acceso al mercado cambiario para los fondos de inversión extranjeros y levanta las restricciones para fugar capitales, se avanza con la expulsión arbitraria de migrantes pobres, el arancelamiento de la salud y la educación pública, y el refuerzo de la represión estatal.

El gobierno de Milei, que ahora se jacta de haber recibido a la arquitecta de la política de deportaciones masivas de Trump, apunta sin pudor contra el conjunto del colectivo migrante. Como ya hizo al quitarles la asistencia social a quienes viajaron a visitar a sus familias o al ofrecer datos falsificados sobre el supuesto “gasto” en salud pública para extranjeros, el Estado busca instalar la idea de que la pobreza, la criminalidad y el deterioro de los servicios públicos son culpa de los migrantes. No es más que una maniobra vil para justificar el ajuste que el propio gobierno lleva adelante y ocultar que los verdaderos delincuentes están en la Casa Rosada, empezando por Milei y varios de sus funcionarios, responsables de una criptoestafa monumental.

Detrás del discurso de “seguridad” y “meritocracia”, lo que se está ejecutando es un plan para regimentar a los migrantes pobres, obligarlos a aceptar las peores condiciones laborales y arrojarlos a la precariedad extrema, al servicio de las patronales que buscan reducir los costos de la fuerza de trabajo. Un negocio redondo para los capitalistas y una amenaza directa para toda la clase trabajadora, nacional o extranjera.

En este contexto, no podemos dejar de señalar que la política migratoria del gobierno tiene también un sesgo represivo. La posibilidad de deportar a cualquier persona condenada, incluso por delitos menores, abre la puerta a criminalizar a luchadores populares y sindicales, bajo el argumento de que “atentan contra el orden público”. Esto se inscribe en el marco de una escalada represiva que ya suma víctimas fatales, como los trabajadores de frontera asesinados por Gendarmería en el marco del Plan Güemes.

La clase trabajadora debe rechazar sin medias tintas esta narrativa racista, autoritaria y de guerra contra los pobres. No es casualidad que mientras se reprime, se hambrea y se persigue a los migrantes, el gobierno reparte ciudadanía y exenciones impositivas a los ricos del mundo entero. Milei no quiere “restaurar el orden”, quiere transformar a la Argentina en un paraíso fiscal y en una democracia de infantería al servicio del capital financiero.

Frente a esta ofensiva reaccionaria, el Polo Obrero viene desarrollando una campaña nacional en defensa del pueblo migrante, en unidad con organizaciones como AMUMRA y distintas comunidades extranjeras. En los barrios, en los comedores y en los centros comunitarios, se están llevando adelante asambleas informativas, charlas y espacios de consulta, como la asamblea migrante que se realiza hoy en El Bajo Flores (Perito Moreno 1900, en el barrio 1-11-14, frente a la manzana 7). Estas instancias buscan organizar la resistencia al decreto xenófobo del gobierno, brindar herramientas legales a los compañeros y compañeras migrantes, y advertir sobre el riesgo real de deportaciones arbitrarias, que ya se cuentan por cientos bajo la gestión de Milei.

En este marco, convocamos a todos y todas a participar de la gran jornada de lucha que realizaremos el próximo 5 de agosto en el Obelisco, en rechazo a la visita de la funcionaria norteamericana responsable del programa de deportaciones masivas y contra la reforma migratoria racista y clasista que impulsa el gobierno.

Los trabajadores, migrantes y nativos, tenemos un enemigo común. No hay que expulsar a quienes trabajan y viven en nuestro país, sino a quienes lo entregan y saquean. Hay que echar a Milei, no a los compañeros migrantes.

Octubre queda lejos

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