Políticas
15/5/2025
La reforma migratoria xenófoba es otro ataque a los trabajadores
Habilitan deportaciones arbitrarias y refuerzan la superexplotación laboral.
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Foto: festival antifascista y antirracista en apoyo al FIT-U. @ojoobrerofotografia @federico.imas
Tal como había trascendido hace unos meses, el gobierno finalmente anunció que modificará el Régimen Migratorio vía decreto para que los migrantes pobres puedan ser expulsados de Argentina de forma arbitraria, emulando la política xenófoba de Donald Trump. Para justificar la medida, el vocero presidencial, Manuel Adorni, asoció directamente migración con criminalidad, cuando los verdaderos delincuentes están en la Casa Rosada, empezando por Javier y Karina Milei, autores de la criptoestafa millonaria.
El comunicado oficial afirma que el objetivo del decreto contra la población migrante sería "restaurar el orden, la seguridad y la equidad en el acceso a los recursos del Estado argentino". La impostura no podría ser mayor, viniendo de un gobierno que promociona negocios ilegales, como el narcotráfico y las redes de trata, garantizando un megablanqueo al servicio de las mafias del crimen organizado. Ni qué decir de su mención a la "equidad", mientras se dedica a quitarles recursos a los trabajadores y jubilados para enriquecer a un puñado de capitalistas.
Sin evidencias que lo respalden, Adorni sostuvo que “desde hace tiempo, tenemos una normativa que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”. Habla de honradez un funcionario que metió a toda su familia a cobrar sueldos millonarios en el Estado y le llama "vivos" a los trabajadores migrantes que se desloman todos los días contribuyendo a crear riqueza en este país. El absurdo es total.
Sin dudas, este anuncio, en las vísperas de las elecciones de CABA, busca apuntalar la candidatura de Adorni, en una campaña donde los candidatos de la derecha compitieron por ver quién es más facho. Cabe destacar que solo el Frente de Izquierda alza la voz en defensa del colectivo migrante, lo cual se expresó nítidamente en el festival antifascista y antirracista que organizaron las comunidades bolivianas, peruanas y paraguayas radicadas en la ciudad en apoyo a la lista encabezada por Vanina Biasi. Finalmente, muchos trabajadores migrantes han encontrando en el Polo Obrero un canal para organizarse contra la superexplotación a las que son sometidos (en talleres textiles clandestinos, empleo doméstico, etc.), en unidad con los trabajadores ocupados y desocupados nacidos en Argentina. Incluso, fue el movimiento piquetero combativo el que salió a las calles contra la decisión del gobierno de quitarles la asistencia social a quienes viajaron a su país de origen a visitar a sus familias.
El mismo discurso estigmatizante replicó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, asegurando que “en los últimos 20 años, ingresaron al país más de un millón de inmigrantes de forma irregular” y señaló que “con las normas vigentes, cualquier condenado puede ingresar al país y, además, en el caso de delinquir en nuestro territorio, no son expulsados”. Apoyándose en cifras fraguadas, el gobierno construye un relato discriminatorio donde infiere que la mayoría de los migrantes provenientes de países limítrofes (elige referirse a la inmigración de las últimas dos décadas) tendría antecedentes penales. Lo cierto es que los únicos extranjeros que vienen a robar a la Argentina son aquellos a los que Milei les rinde pleitesía, como el secretario del Tesoro norteamericano y las multinacionales y fondos de inversión internacional que saquean al país.
Catalán tampoco se preocupó en citar ninguna fuente cuando agregó que “durante 2024, solamente en ocho hospitales nacionales se gastaron, aproximadamente, 114 mil millones de pesos para atender extranjeros”. De este modo, el gobierno busca exaltar la xenofobia hacia los inmigrantes racializados, proyectando sobre ellos la figura del enemigo interno causante de todos los males que aquejan a la sociedad, como el delito y el vaciamiento de la salud pública. Así, Milei pretende encubrir su responsabilidad en el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, y, de paso, justificar el ajuste que lleva adelante en el terreno sanitario -desfinanciando justamente a los hospitales nacionales-, bajo el pretexto de que se estaban dilapidando recursos en atender de manera gratuita a pacientes "de otro país". Sin mencionar que estos últimos también financian esos servicios pagando impuestos.
En ese sentido, "se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares" y "se autoriza a las Universidades Nacionales a que, de optar por hacerlo, establezcan aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios". De más está decir que el arancelamiento de la salud y la educación para extranjeros abre la puerta a la privatización más general de ambos derechos, como correlato de la asfixia presupuestaria imperante.
Va de suyo que la persecución gubernamental está enfocada en los migrantes pobres. Por un lado "se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina" -los cuales cuestan cientos de dólares-, y, a su vez, los residentes permanentes deberán esperar dos años y "acreditar medios de vida suficientes" para obtener la Carta de Ciudadanía. En cambio, podrán acceder a ella inmediatamente quienes hayan realizado una "inversión relevante para Argentina". El objetivo de ese trato diferencial es mantener a los inmigrantes de menos recursos económicos en una situación precaria, en la cual se vean obligados a aceptar los peores trabajos y salarios. Otro favor de Milei a las patronales para que puedan seguir presionando a la baja las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora.
Por otra parte, el cambio en la normativa también contempla que "ningún extranjero condenado podrá ingresar al país, y aquellos que cometan un delito en territorio argentino -cualquiera sea su pena- serán deportados. Esto implica que los ilícitos con penas menores a cinco años, que no eran motivo de rechazo de ingreso al país o de deportación, desde este momento se tendrán en cuenta". A su vez, no se le otorgará Carta de Ciudadanía a los inmigrantes que cuenten con antecedentes penales.
Debemos advertir que dicha disposición reforzará las atribuciones represivas del gobierno y habilitará una mayor militarización de las calles en función de escarmentar la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones. Esta política tiene alcances sumamente peligrosos, como lo demuestran los recientes asesinatos de Fernando Gómez y Rodrigo Torres a manos de la Gendarmería, en el marco del Plan Güemes. Además, podría dar lugar a deportaciones masivas de inmigrantes que reciban condenas por participar de movilizaciones callejeras, en un escenario de creciente criminalización a los luchadores populares. En definitiva, es una forma de regimentar a la población migrante para evitar que se organice colectivamente por mejores condiciones de vida.
Sin embargo, no hay demagogia derechista que alcance para atenuar el creciente descontento de la población frente a la miseria salarial, despidos y ajuste generalizado que promueve el gobierno. Los trabajadores debemos rechazar esta narrativa reaccionaria que busca dividirnos como clase, hay que expulsar a Milei, no a los compañeros migrantes.
