Ayer se confirmó que quienes fueron vacunados con la primera dosis de Sputnik V pueden recibir una segunda inyección de otra fórmula, como Moderna o AstraZeneca. Resulta una respuesta limitada del gobierno a un problema mucho mayor: la escasez de vacunas y, sobre todo, de segundas dosis.

El problema de fondo es que, a más de ocho meses de iniciada la campaña de vacunación (arrancó el 29 de diciembre), aún falta inmunizar al 44% de la población, mientras que solo el 16% recibió la segunda dosis. Esto responde, por un lado, al incumplimiento de los laboratorios de los compromisos y plazos de entrega, que han priorizado los envíos hacia los países centrales -muchos de ellos son sus casas matrices- por sobre el nuestro. Sucede que el puñado de farmacéuticas que tiene el monopolio de las patentes ha asumido compromisos que son incapaces de cumplir, en tanto la demanda es creciente y su capacidad de producción limitada. Además, prioriza a aquellos países con mayor capacidad de negociación. De esta manera, mientras algunas regiones de Europa o Norteamérica están discutiendo la posibilidad de una tercera dosis, continentes como América Látina, Asia o África aún tienen dificultades para negociar por primeras dosis suficientes para toda su población.

Este panorama, sin embargo, no detuvo al gobierno de continuar firmando contratos confidenciales sin garantía en las fechas de las entregas, como lo demuestra el reciente acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer. Tampoco significó un proceso de denuncia o reclamo para hacer cumplir los envíos; de hecho, la convocatoria de los laboratorios al Congreso el pasado junio, donde supuestamente iban a dar “explicaciones” sobre las entregas, solo sirvió para que continúen amparándose en el secretismo. En cambio, nunca dio lugar al reclamo de cientos de personalidades de la ciencia y la cultura por la liberación de las patentes y la producción estatal de vacunas en las plantas públicas del país, ni al proyecto del Frente de Izquierda presentado en este sentido.

Otro problema fundamental detrás de la poca cantidad de gente con segundas dosis es el bajo ritmo de vacunación en comparación a otros países de la región. Aunque las entregas se aceleraron los últimos dos meses, la campaña de las últimas diez jornadas se mantuvo estable en un promedio de 330 mil inoculaciones diarias. Lo llamativo es que en algunas pocas ocasiones se alcanzó a vacunar hasta 500 mil personas en un día, lo que demuestra que la capacidad está. En realidad, la traba para aumentar el ritmo parece estar en la resistencia del gobierno en destinar el presupuesto necesario para poner en marcha dicha “capacidad”, que significa instalar más vacunatorios, contratar personal y capacitarlo, y acelerar la llegada de dosis a cada provincia. El resultado del desfasaje es un stock de más de 8,4 millones de dosis, de las cuales 3,3 millones aún no fueron distribuidas.

En este escenario, la discusión acerca de la tercera dosis de refuerzo indica que la vacunación contra el coronavirus será un evento anual, así como lo es la vacuna de la gripe, por lo que se acrecienta la necesidad de una producción estatal de dosis y del desarrollo de una vacuna argentina. Además, según la información revelada por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, la protección contra la variante Delta se alcanzaría recién superando el umbral de 80% de la población vacunada, por lo que la inmunidad de rebaño está más lejos de lo que creemos. Considerando que esta variante prontamente tendrá circulación comunitaria, que el gobierno ponga en marcha medidas que dan por terminada la pandemia es, al menos, peligroso. No avanzó en el reforzamiento del sistema sanitario ni en su centralización, la paritaria de los trabajadores de la salud fue de miseria y encima avanzan en la flexibilización de protocolos y la apertura de las escuelas que no tienen condiciones ni presupuesto para cumplir con las medidas mínimas de bioseguridad.

Mientras, hay al menos 4 proyectos de vacunas contra el coronavirus en el país que no pueden avanzar al ritmo que la población lo requiere por falta de presupuesto, lo que los empuja a armar convenios con sectores privados que terminan financiando la investigación, pero que a su vez comercializan con el desarrollo de un bien común como la vacuna. Por eso planteamos que es necesario poner los recursos materiales y económicos que los investigadores y científicos requieran para completar su producción e iniciar las fases clínicas, de manera que se pueda tener una vacuna estatal que garantice la inmunización anual para todos los trabajadores.

En el ínterin, las vacunas producidas en el mundo (que ya demostraron ser eficaces contra la nueva cepa) deben ser declaradas de interés público, avanzar en la liberación de las patentes y en su producción a gran escala en el país. A su vez, se debe continuar reforzando el sistema de salud mientras circule el virus y centralizarlo en uno que sea universal, gratuito, garantizando el acceso de toda la población. Esta lucha requerirá la organización independiente de la clase obrera contra la producción capitalista de las farmacéuticas y los gobiernos imperialistas y en favor de su propia vida.

 

https://prensaobrera.com/politicas/sobre-la-obligatoriedad-de-la-vacuna-contra-el-covid-19/

https://prensaobrera.com/internacionales/el-avance-de-la-variante-delta-y-la-responsabilidad-del-capitalismo/