Según los datos que acaba de informar el Indec, el mes de diciembre cerró con una inflación promedio del 4%, totalizando un 36,1% para todo el año 2020. Los alimentos se ubicaron por encima de la media, llegando al 9,6% de aumento mensual para las zonas más pobres del país (NEA). Pese a la pandemia, la caída de la actividad y la “regulación” de precios, los precios siguen escalando y aún no habría pasado lo peor.

La suba de diciembre se presenta como la más elevada de todo el año, marcando una tendencia alcista. Entre los ítems que se encuentran sobre la media aparecen Salud (5,2%), Recreación y Cultura (5,2%), Transporte (4,9%) y Alimentos (4,4%). Este último se acentúa en las regiones más pobres del país, allí donde la mayoría de los ingresos se destina a alimentos, castigando aún más a la población más pobre.

Un ejemplo de esto es la carne y sus derivados, cuyo precio saltó el mes pasado un 20,5% para Noreste Argentino y un 13,9% para CABA y GBA.

Considerados anualmente, los alimentos aumentaron un 53,7% en el NEA, 50,1% en el NOA y un 40,9% en el Amba. Por su parte, tanto indumentaria como calzado subieron hasta un 60%. Se trata de los resultados de una política de hambre contra la población, acompañada con negociaciones salariales a la baja y escasos recursos para enfrentar la pandemia.

¿Por qué suben los precios?

El gobierno intenta utilizar estos datos ruinosos para jactarse de que bajo el último año del macrismo la inflación habría sido muy superior, llegando al 54%. Sin embargo, se habría esperado que con la pandemia, cuarentena mediante, y una caída de la actividad económica los precios tendieran a bajar y no a subir, como lo están haciendo.

La política adoptada por Alberto Fernández, desde ni bien asumido, choca de lleno con cualquier aspiración de defensa del consumo popular. Los compromisos asumidos con los bonistas privados y las negociaciones con el FMI han colocado al gasto público  y al presupuesto nacional en manos del capital financiero, con el objetivo de reducir el déficit fiscal por medio de más ajuste.

La emisión de moneda, a falta de la afectación de las ganancias capitalistas, tiene como único contrapeso para evitar el impacto de la inflación la bicicleta financiera montada con las Leliq y Pases pasivos, que este año implicó la fuga de más de $700.000 millones directos a los bolsillos de los banqueros. Esta vía da cuenta de límites manifiestos, cuando estos títulos ascienden a tenencias por $2,7 billones.

La devaluación, oculta tras el virtual desdoblamiento cambiario, también impacta de lleno en la suba de los precios. Aunque algunos productos no contengan componentes o insumos dolarizados, estos deben atravesar una cadena logística donde sí impacta el valor el dólar paralelo. Además de las permanentes presiones y especulaciones devaluacionistas que empujan los precios al alza.

Por otra parte, el aumento regular y sistemático de los combustibles suma su adicional al costo de traslado y a la producción de bienes  servicios. Se trata de aumentos autorizados por el gobierno nacional, tanto de las naftas como del bioetanol y el biodiesel, los cuales seguirán impactando progresivamente. En poco más de cinco meses, los combustibles subieron un 25%.

Lo que se viene

A todo esto aún resta adicionarle las medidas que prepara el gobierno. Una de las de más impacto en los precios de bienes de consumo de primera necesidad es el desmantelamiento el programa Precios Máximos, el cual vence a fines de mes. Ya la remake de Precios Cuidados vino con un aumento del 6,5% promedio. Aunque se trate de precios regulados, el Indec informó una suba del 2,6% en diciembre y del 14,8% anual.

Otro es el caso de los aumentos de las tarifas, postergadas hasta mediados de marzo y que colocan al gobierno ante la disyuntiva patronal de proceder a una liberación de los precios, con su consecuente impacto en la inflación, o si seguir el camino de los subsidios millonarios a las distribuidoras –transferencias directas y costeo de energía- a costa de una mayor emisión monetaria y un impacto indirecto en los precios. El Plan Gas, que fija un valor superior para las productoras, también se suma a este paquete.

Los principales damnificados

Contra el señalamiento de Alberto Fernández de que ningún jubilado perdería en 2020 con la inflación la realidad se mostró un tanto controvertida: ningún jubilado, sea dela escala fuere, superó la barrera del 36,1%. Cosa que si hubiera sucedido de aplicarse la movilidad jubilatoria que el gobierno acaba de suprimir con su reforma contra los jubilados.

Otro es el caso del Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual además de ser el piso para los salarios convencionales es la base del cálculo para el pago de los programas sociales (un 50% del mismo). Este solo contó con un aumento del 21%, en dos cuotas y recién llegando a fin de año (octubre y diciembre).

Los aumentos salariales, por su parte, promediaron el 30% y en varias cuotas, quedando por debajo de la inflación y adicionando nuevos trabajadores al 80% de asalariados que no alcanza a cubrir una canasta básica del Indec.

De conjunto estamos ante una orientación de ajuste que ataca las condiciones de vida de los trabajadores, mientras las patronales negocian aumentos y beneficios extraordinarios para compensar los efectos de la inflación.

El 2021 estará signado por nuevas incursiones antiobreras, partiendo de las negociaciones pendientes entre el gobierno y el FMI. La clase obrera debe ofrecer una respuesta propia e independiente para terminar con esta situación, garantizar un seguro al parado de $40.000,una jubilación mínima de $50.000 y el 82% móvil y un salario igual a la canasta familiar.