En medio de una semana convulsiva, donde la Marcha Federal del movimiento piquetero se dirige al epicentro político del país en Plaza de Mayo, el Gobierno anunció que adelantará la suba del salario mínimo, vital y móvil, de modo tal que, desde el primero de junio, pasará a establecerse en $45.540, un monto que de todas maneras estará por debajo de la línea de pobreza. Luego subirá en una segunda tanda, desde el primero de agosto, a $47.850 para trabajadores mensualizados y $239.30 el valor de la hora para los jornalizados. De igual modo quedarán modificados los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo: $ 12.650 y $ 21.083, respectivamente, a partir del 1 de junio. Y $ 13.292 y $ 22.153, respectivamente, desde el 1 de agosto.

La modificación se anunció luego de una reunión entre los ministros Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y con representantes de la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA), quienes salieron con bombos y platillos a hablar en defensa del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores negando que, igualmente, no saca a los asalariados de la pobreza y que, considerando el aumento anual total previsto, no se acerca ni por asomo a los niveles inflacionarios proyectados.

Esto se suma a que el poder adquisitivo del salario viene en caída libre hace años, azotado también por una inflación que no da tregua. Sin ir más lejos, desde 2017 a esta parte, el valor real de los sueldos decayó un 22,9% para los formales y un 33,7% para los informales. Lejos de representar un aumento sustancial, este aumento no representa ni la mitad de lo perdido en los últimos 5 años.

 

La burocracia sindical de la CGT, que viene de cerrar paritarias con topes del 45% de aumento en cómodas cuotas, ahora sostiene que, en una nueva discusión, el salario mínimo deberá alcanzar el 60% de suba. En ese caso el sueldo mínimo treparía este año a cerca de $53.000, lo que no llega a cubrir ni siquiera la totalidad de un alquiler, mientras la canasta básica ya llega a los $140.000.

Mientras tanto, el ala de Máximo Kirchner en el Frente de Todos busca arrogarse el aumento como una conquista. El diputado había presentado un proyecto que instaba al Poder Ejecutivo a que el incremento del 45% fijado en marzo por el Consejo del Salario se cobrara en agosto y no en enero de 2023. Por tratarse de un proyecto de resolución, esa iniciativa sólo instaba al Poder Ejecutivo a actuar en ese sentido y no habilitaba a que el tema de fondo pudiera ser tratado en el debate legislativo. Este ala del Frente de Todos juega en la interna de la coalición posando como detractor del ajuste en curso, pero no es capaz de plantear un aumento que saque al salario mínimo de la indigencia, lo que muestra su subordinación a los intereses de las cámaras patronales.

La presión generada por los sectores más vulnerables que salen a la calle ya está repercutiendo en estas pequeñas victorias parciales. La Marcha Federal que conmueve al país y es llevada adelante por el movimiento piquetero junto al sindicalismo combativo y los sectores en lucha, carga con las demandas del conjunto de los trabajadores. Entre ellas se encuentra la exigencia de un salario igual a la canasta familiar con aumentos indexados a la inflación para recomponer los ingresos y el poder adquisitivo.