YPF volvió a aumentar los precios de los combustibles, completando así una serie de naftazos mensuales durante toda la segunda mitad del año. Con el incremento promedio de 4,5% en todo el país y del 5,5% en el Área Metropolitana -la región de mayor consumo- que entró en vigencia el 16 de diciembre, totaliza desde agosto subas mayores al 20% en el promedio nacional.

Son porcentajes significativos, que acicatean además la aceleración inflacionaria de estos últimos meses por su incidencia en toda la cadena de transporte. Es decir que el impacto de semejante naftazo sobre las familias trabajadoras no se reduce a lo que pagan en el surtidor, sino sobre todo su consumo.

La política del gobierno de Alberto Fernández en este terreno intenta ser clara. Gran parte de los beneficios que se ofrecen a las petroleras en el marco del Plan Gas será costeada directamente por los consumidores, tanto en las estaciones de servicio como en las boletas de gas y electricidad. De esta manera se cubrirá el precio leonino que el Estado pagará por la compra del gas en boca de pozo, mucho más alto que lo que cotiza en el mercado internacional.

Este plan ha sido definido como “el mayor logro de esta administración” nada menos que por el “miserable” Paolo Rocca, el CEO del grupo Techint. Lo dijo ante el ministro Martín Guzmán, a quien invitó con honores al cierre de su seminario anual, para celebrar un acuerdo por el cual se le asigna prioritariamente un cuarto de la cuota del Plan Gas, sin que por ello deba renunciar a sus demandas millonarias contra el Estado. Rocca y las petroleras tienen mucho que festejar este fin de año.

El objetivo de subsidiar la producción de gas, después de una parálisis brutal de la inversión, responde únicamente a la necesidad de restringir lo más posible las necesidades de importación en el próximo invierno. La decisión es pagarlo más caro pero en pesos, para guardar los dólares para el repago de la deuda externa. En suma, esta confiscación a los trabajadores es parte de las garantías que se ofrecen al FMI.

Este aumento de los combustibles responde en parte a la segunda suba de los impuestos que se cobran sobre su venta -y se trasladan a los precios-, del 5,5%. En enero, estos gravámenes volverán a aumentar un 7,7%. Esto también es ilustrativo de la política del gobierno nacional, que refuerza la presión impositiva sobre los consumidores y los trabajadores, motivo por el cual la mayor parte de la recaudación fiscal se explica por el IVA y en forma creciente por Ganancias que ya pagan dos millones de asalariados -cuyo mínimo no imponible es colocado cada vez más cerca de la canasta básica. Mientras, a los capitalistas los premian con moratorias y exenciones sobre los aportes previsionales. También por esta vía, los subsidios con fondos públicos los pagan los trabajadores.

Como se ve con este nuevo naftazo, es la clase obrera la que paga los beneficios que se ofrecen a la petroleras y las garantías que se ofrendan al Fondo Monetario Internacional. En oposición a este saqueo, la salida pasa por la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera bajo control obrero, para poner en marcha un plan de desarrollo que permita satisfacer las necesidades productivas del país y de consumo de la población.

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